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Por qué el Congreso cerró el negocio inmobiliario de las Fuerzas Armadas.El fin de la caja chica militar

El más reciente dolor de cabeza del ministro José Goñi estalló por sorpresa. Ahora que el Parlamento decidió quitarle el tratamiento especial a la venta de terrenos de las Fuerzas Armadas, y de paso les restó una importante fuente de financiamiento, tanto las distintas ramas como el Gobierno buscan desesperadamente una solución que no deje heridos en el camino. Sepa cómo los militares se convirtieron en los más experimentados corredores de propiedades....

Puesta online a las 11:25, el 05 de Marzo del 2008

Por qué el Congreso cerró el negocio inmobiliario de las Fuerzas Armadas

El fin de la caja chica militar

El más reciente dolor de cabeza del ministro José Goñi estalló por sorpresa. Ahora que el Parlamento decidió quitarle el tratamiento especial a la venta de terrenos de las Fuerzas Armadas, y de paso les restó una importante fuente de financiamiento, tanto las distintas ramas como el Gobierno buscan desesperadamente una solución que no deje heridos en el camino. Sepa cómo los militares se convirtieron en los más experimentados corredores de propiedades.

Las vacaciones no fueron totalmente relajadas ni para el ministerio ni para las ramas de la Defensa Nacional. Sin contar la turbulencia por la renuncia del general Gonzalo Santelices, equipos de ambos lados tuvieron que suspender el descanso para trabajar de cabeza en una fórmula que permita cerrar un conflicto que nadie tenía en carpeta y que fue abierto por el Parlamento después de discutir el presupuesto para este año. Por culpa de una modificación del artículo 14, aprobada por unanimidad en el Congreso, al menos durante 2008 las Fuerzas Armadas no podrán disponer libremente de los millones de pesos que hasta ahora les dejaban las ventas de cualquiera de las 4.165 propiedades que poseen a lo largo de todo el país. Se acabó el régimen excepcional (ver recuadro) y ahora, como en cualquier otro terreno fiscal que se vende, la plata quedará para el fisco, el cual la distribuirá entre el respectivo gobierno regional y el Ministerio de Bienes Nacionales.

Siete años empujando

La modificación, en pocas palabras, cerró una "caja chica" que las Fuerzas Armadas ocuparon durante más de 30 años. Los dividendos se usaron, la mayoría de las veces, para implementar mejoras en la infraestructura militar y construir nuevos recintos. Precisamente, este punto es el que complica al Ministerio de Defensa: de dónde sacar el dinero para los proyectos que cada rama tenía contemplado financiar con la venta de diversas propiedades, recursos con los que, por lo menos este año, no podrán contar. En el ministerio reconocen que "ésta no es una indicación que el Gobierno haya promovido, porque nos obligará a buscar nuevos recursos dentro del presupuesto para llevar adelante los planes que tenía cada institución", explica una fuente. Por eso, cada repartición castrense está elaborando detallados informes sobre los proyectos paralizados o que simplemente no podrán concretarse en el estado actual de las cosas. Si la norma continúa tal cual la dejó el Parlamento, de ahora en adelante las Fuerzas Armadas estarán obligadas a defender estos proyectos que antes financiaban con la "caja chica" ante la Dirección de Presupuesto, tal como lo hace cualquiera de los otros organismos del Estado.

El "culpable" de tanto trabajo extra es el diputado PS Carlos Montes, autor de la indicación que modificó la ley. Antes de que alguien lo identifique como el enemigo público número uno del mundo militar, el parlamentario sostiene: "La indicación está hecha pensando en las regiones. Éste no es un problema de Gobierno con las Fuerzas Armadas. No es una agresión a ellas. En la dictadura ellos acumularon muchos bienes, en el norte particularmente, y no había ningún motivo para que esto fuera tratado de una manera excepcional. Se trata de que tengan un tratamiento como todo el sector público, sometido a normas generales".

Montes asegura que hace siete años estaba tratando de cambiar este régimen, junto al diputado Jorge Burgos, ex subsecretario de Guerra en el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle. "Y esta vez encontramos la manera de hacerlo, por la redacción del artículo, que nos facilitó las cosas", dice.

Plusvalía frente al mar

Extraoficialmente (hasta que los informes respectivos no sean entregados a Defensa por las instituciones, a partir de la próxima semana) se sabe que el Ejército iba a desprenderse de cinco terrenos en Rancagua, Quillota, Santiago Centro, San Felipe y Cauquenes. Unas 60 hectáreas detrás del Regimiento Granaderos en San Bernardo alcanzaron a "salvarse" de la modificación legal: en octubre del año pasado fueron licitadas públicamente por la constructora Besalco, que desarrolla un proyecto inmobiliario para la zona. Para la Fuerza Aérea no cambiaron mucho las cosas, ya que uno de sus negocios más ambiciosos, recuperar los terrenos de la feria El Belloto, en Quilpué, fue abortado por la ampliación por un año del comodato con la municipalidad que permite el funcionamiento de la feria. Antes de que cambiara la ley, el gobierno comunal buscaba otro terreno para permutarlo con la FACH, pero ahora, dado que gran cantidad de los fondos queda en la región "tal vez no nos convenga permutar, sino buscar una fórmula alternativa", dice el alcalde Mauricio Viñambres (PS).

En la V Región se concentran también las maniobras inmobiliarias que la Armada deberá abortar hasta nuevo aviso. La más importante era la venta de 22 hectáreas del fundo naval Las Salinas, proceso que hasta la fecha de conocerse el cambio en la Ley de Presupuestos avanzaba a la velocidad de un fórmula uno. "Nos complica bastante. No es algo que nos venga bien y que nos guste en ningún caso. Porque teníamos un plan de desarrollo que en este caso tiene impacto no sólo en la institución, sino también en Viña del Mar, porque íbamos a ceder una franja de terreno al municipio. Pero ahora que sabemos esto estamos haciendo algunos estudios y estamos analizando el tema con el ministerio", confiesa una fuente de la Armada. Con esta venta, la institución quería implementar en Las Salinas una especie de campus la Academia Politécnica Naval y concentrar allí varias de las escuelas que tienen dispersas.

Hasta ahora, los movimientos inmobiliarios de las Fuerzas Armadas no generaban mayores fricciones con el Gobierno, porque toda transacción estaba sujeta a la aprobación del Ministerio de Hacienda y la Contraloría. La fiscalización empezó a partir de 1998, cuando se descubrió que la Fuerza Aérea solía importar perfumes y whisky como pertrechos de guerra, es decir, libres de impuestos.

Los blocks DE LA DISCORDIA

Pero no siempre hubo tanta fluidez. Al principio de los gobiernos de la Concertación estas ventas no tenían ninguna fiscalización, y las instituciones tampoco estaban obligadas a dar cuenta de ellas. Especialmente en relación a los predios sujetos al Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF), un resquicio a través del cual las ramas de la defensa podían traspasar bienes entregados por el fisco a sus Departamentos de Bienestar y luego deshacerse de ellos, para invertir en mejoras dentro del rubro. El decreto de 1971 que lo permitía duraba 90 días, pero resultó ser el más cómodo para articular negocios inmobiliarios y su utilización se extendió durante 27 años. Es decir, aprovecharon este mecanismo por casi 10 mil días.

En 1995, el Ministerio de Bienes Nacionales, con Adriana Delpiano a la cabeza, se encontró con que no podía disponer de extensas áreas de terreno en Bahía Catalina, en la provincia de Magallanes, porque pertenecían al Departamento de Bienestar de la Fuerza Aérea, igual que otro paño en Mejillones, al norte de Antofagasta, que también era de la FACH y que la institución arrendaba a una empresa minera. La ministra reclamó a Contraloría, a cargo de Osvaldo Iturriaga, que se pronunció a favor de los militares invocando la vigencia del artículo de 1971. Hubo que esperar hasta 1997, cuando a la cabeza de la Contraloría quedó Arturo Aylwin.

"Contratamos al estudio Barros, Court & Correa, para que hicieran un informe en derecho sobre la enajenación de bienes sujetos al PAF", cuenta Delpiano. Con este antecedente, la Contraloría declaró extinguido el mecanismo para traspasar bienes al PAF. Sin embargo, invocando resoluciones anteriores, las Fuerzas Armadas lo siguieron haciendo. Recién ahora el Ministerio de Bienes Nacionales está actualizando el catastro de propiedades enajenadas por las Fuerzas Armadas, trabajo que debieran tener listo dentro de los próximos días.

Terrenos en engorda

Muchos de estos negocios se concretaron entre el primer y segundo dictamen de la Contraloría. Entre ellos, el de la Villa San Luis, en Manquehue con Presidente Riesco, quizás el más espectacular de los negocios inmobiliarios del Ejército. Durante el Gobierno de la Unidad Popular, el conjunto de edificios fue entregado como solución habitacional por la Corvi (Corporación de la Vivienda). Después del golpe, los pobladores fueron desalojados y en su reemplazo llegó personal militar, ya que los terrenos tenían estatus de PAF. Pero en 1997 los blocks fueron demolidos y en el terreno "se hizo un negocio que bordeó los 200 millones de dólares", dice el diputado PPD Patricio Hales, quien en ese entonces se opuso a la demolición. El parlamentario, uno de los impulsores de la derogación de la Ley Reservada del Cobre, le quita el carácter confrontacional a la indicación que acabó con la exitosa inmobiliaria castrense. "El Estado tiene que asegurar los recursos para las Fuerzas Armadas en materia de habitación, equipos y sueldo. Pero proveerlas por otro lado, de modo de que no tengan que dedicarse al negocio inmobiliario", dice.

Con la modificación que impulsó Carlos Montes se podría poner fin a un rubro en el que los militares han demostrado especial talento, pese a no ser su "giro". Un consultor inmobiliario explica que, por ejemplo, "en Antofagasta el Ejército ha vendido terrenos donde se han levantado muchas torres, sobre todo en Angamos. Ese y mil ejemplos más grafican cómo las Fuerzas Armadas han sabido manejar este negocio de manera muy inteligente. Azarosamente, muchos de sus terrenos están hoy muy bien ubicados, y ellos han sabido mantenerlos ‘en engorda’, hasta que los precios se vuelvan más atractivos. Eso no lo puede hacer cualquier industria, pero ellos sí. Por eso, casi todos sus lotes son considerados prime o filete, como denominamos a los terrenos más atractivos. En los casos emblemáticos, los militares han hecho muy buenos negocios".

En Defensa, aseguran, tienen la "más profunda intención por derogar o cambiar" la Ley Reservada del Cobre, que este año tiene una cuenta corriente que supera los 1.300 millones de dólares (aunque las ramas no pueden disponer de ella sin el visto bueno de Hacienda). Y esperan que el debate no se contamine con esta sorpresiva indicación legal que terminó con la inmobiliaria militar. Aunque también saben que desde ahora puede venir inevitablemente el contraataque de los que no quieren soltar la gallina de los huevos de oro. LND

Fundo naval Las Salinas

Sobre el lote en el fundo naval Las Salinas que la Armada quiere vender, alguien comentó que se convirtió en el nuevo objeto del deseo de Viña del Mar. Quien lo dijo no exageraba. Hoy, las 56 hectáreas que están en la zona norte del fundo naval, colindantes a Jardín del Mar, son el terreno más apetecido por las inmobiliarias que quieren desarrollar proyectos top en el borde costero de la Ciudad Jardín.

Su vista es envidiable y su ubicación estratégica, porque está a pasos de la playa y del centro de una ciudad en la que apenas existen terrenos disponibles. Antes este lugar se utilizaba como campo de ejercicio de la Infantería de Marina, pero la Armada prefirió venderlo. Mientras el municipio realiza los estudios para cambiar el uso de suelo, los marinos ya dividieron el lote en 10 paños. Su intención era iniciar la licitación este año, pero aún no deciden si paralizan el proceso a causa de la modificación en la Ley de Presupuesto. Gigantes como Besalco y Desco ya habían mostrado su interés. Cálculos del mercado dicen que el valor total de los terrenos bordearía los 200 millones de dólares, porque la seducción de ese lote es irresistible para las inmobiliarias.

Ex Regimiento Coraceros

Uno de los negocios inmobiliarios más redondos que gestionó el Ejército. Donde antes funcionaba el ex Regimiento Coraceros, en 15 Norte con Jorge Montt, en Viña del Mar, hoy están los cuatro edificios del proyecto Torres de Puerto Pacífico. Cuando en los noventa el Ejército anunció que enajenaría ese lote, los grandes de la industria babearon y pelearon por ese terreno, pero finalmente se lo adjudicó la Inmobiliaria Manso de Velasco, entonces filial de Endesa. En todo caso, la lucha no fue injustificada, porque el lote era uno los “filetes” que tanto busca el mercado.

Ex Regimiento de Puente Alto

Donde hoy se encuentra una de las sucursales del supermercado San Francisco, en Puente Alto, el Ejército tuvo por años el Regimiento de Ingenieros Nº 2. Sus instalaciones quedaron rodeadas por conjuntos habitacionales y el paño se convirtió en una ubicación perfecta para instalar un centro comercial. Fue entonces cuando la institución castrense decidió venderlo, hace ya cuatro años.

Hospital Militar

Otro de los “filetes” de primera categoría que están en Santiago. Se podría afirmar que la esquina en que se ubica el Hospital Militar del Ejército, en Holanda con la Avenida Providencia, es exageradamente estratégica. De ahí el enorme interés que despierta el proceso de enajenación de los 10 mil metros cuadrados donde está instalado el recinto. Hoy, el Ejército entregó en comodato por un par de años el Hospital Militar al Ministerio de Salud, pero en el intertanto realizará el proceso de apertura de las ofertas. En la institución castrense ya han dejado claro que la postura mínima que aceptarán por ese terreno será de 22 millones de dólares, y en la industria sostienen que la cifra podría multiplicarse fácilmente.

Fuerte Papudo

Uno más de los terrenos de la Marina que hoy están convertidos en cómodos departamentos con vista a la playa para viñamarinos y santiaguinos ABC1. En las 3,7 hectáreas que la Infantería de la Armada tenía el Fuerte Papudo, en el sector de Recreo en Viña del Mar, hoy se presentan imponentes las siete torres del exitoso proyecto inmobiliario Gran Océano.

Quien levantó ese proyecto fue el grupo Beltec, que se quedó con el atractivo paño que los marinos decidieron vender en 1993. La particularidad de este negocio está en que Beltec pertenece a dos ex miembros de la Armada, Carlos Rivas Mora y Santiago Lorca González. Ambos fueron ingenieros navales y llegaron a ocupar el cargo de capitán de navío.

Curiosamente, dos años antes ambos se habían quedado también con el gigantesco paño enajenado por la Armada donde estaba ubicada la Base Aeronaval de El Belloto, donde hoy se levantan dos hipermercados e infinidad de conjuntos residenciales. Según informa la página de la constructora, ése fue su primer gran negocio.

Ex Regimiento Haras Nacional

En la comuna de San Bernardo, el Ejército tiene el Regimiento de Caballería Blindada Granaderos. A un costado estaba el denominado Haras Nacional, terreno que ya fue vendido y que se convirtió en el último de los grandes negocios inmobiliarios del Ejército, antes de que se realizara el cambio legal que los tiene con el ceño fruncido.

Recién en octubre pasado terminó el proceso de licitación de estas 60 hectáreas y quien se quedó con el paño fue la constructora Besalco, que peleó el terreno con otras tres compañías. Su idea es construir casas en la antigua dependencia militar. Según un especialista en proyectos urbanos, esa ubicación es “tremendamente atractiva para un gran proyecto residencial. En algún momento se pensó utilizarlo para levantar un centro comercial, pero hasta ahora no hay tanta densidad que justifique un proyecto de esas características”.

Villa San Luis

Uno de los negocios inmobiliarios más millonarios y espectaculares que hizo el Ejército. Se trata del fundo San Luis, un terreno de 153 hectáreas ubicado estratégicamente en pleno Las Condes, entre Avenida Kennedy y Américo Vespucio.

Fue el Presidente Salvador Allende quien decidió construir esos bloques de departamentos para los habitantes más pobres de la comuna, pero 30 años después, con la villa en manos de los militares, el Ejército decidió que esos terrenos eran “prescindibles” y decidió venderlos. Tan prescindibles que los vendieron por 89 millones de dólares a la inmobiliaria Parque San Luis, firma tras la que estaban los nombres de los hermanos Sergio y Jorge Sarquis, José Cueto y Antonio Martínez. Hoy en ese se sector se erige el exitoso centro de negocios Nueva Las Condes, donde tienen sus oficinas algunas de las compañías más importantes del país y que acoge, por ejemplo, a los edificios corporativos de Lan y Corp Group.

La historia legal

El decreto que sirvió a las Fuerzas Armadas para convertir sus terrenos en Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF), y luego negociarlos fuera del control civil, fue promulgado por Salvador Allende. Pero el resto de las normas que sustentaron la “inmobiliaria militar” fueron en su mayoría decretos aprobados en dictadura.

Ley 17.174 de 1969

Faculta al Presidente de la República, previa proposición del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, a enajenar inmuebles fiscales destinados a dichas instituciones. Los fondos ingresan a cuentas especiales a nombre de cada institución, para invertirlos en adquisición de propiedades, construcción de nuevas instalaciones, viviendas destinadas al uso de la institución, o en la ampliación, reparación y dotación de las ya existentes.

Decreto con Fuerza de Ley 1 de 1971

Crea el Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF). Abrió un plazo de 90 días para que las FFAA asignaran bienes a su patrimonio mediante resolución interna. En la práctica, este plazo se extendió hasta el 9 de julio de 1998.

Decreto Ley 1.113 de 1975

El Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros e Investigaciones tendrán la representación del fisco para adquirir y enajenar bienes raíces, sin intervención del Ministerio de Bienes Nacionales (MBN).

Decreto Ley 2.569 de 1979

El MBN podrá enajenar inmuebles fiscales destinados a las FFAA que éstas pongan a su disposición. Los fondos ingresarán a cuentas especiales en Tesorería a nombre de las respectivas instituciones.

Ley 18.712 de 1988

La administración del PAF corresponde a los Servicios de Bienestar, con personalidad jurídica distinta a la del fisco.

Los Servicios de Bienestar sólo pueden invertir en la terminación, ampliación o reparación de los inmuebles que integran su patrimonio de afectación.

Dictámenes de Contraloría

Dictamen 42.932 de 1978

Los traspasos al PAF podían seguir efectuándose después de los 90 días que fijó la ley.

Dictamen 23.752 de 1998

A requerimiento del MBN, de 1995, la Contraloría declaró extinguida la facultad de asignar inmuebles fiscales a los PAF de los Servicios de Bienestar de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, las FFAA continuaron inscribiendo inmuebles a nombre del PAF hasta 2004, usando resoluciones anteriores a 1998.

Si queremos, transparencia de los organismos publicos, deberia algun parlamentario de la alianza pedir ala contraloria una revision de donde fueron a parar esos dineros, que facil es ser impune, con los recursos de todos los chilenos.

JORGE

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