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Noticias sobre derechos humanos en Chile

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Puesta online a las 5:57, el 24 de Julio del 2008

En Chile absuelven a un general acusado de violar a una persona de nacionaldiad peruana
9:26 | El militar pinochetista Carlos Parera Silva habría abusado de su empleada Alejandrina Janampa Quispe y de su pequeña hija
Por Moisés Ávila Roldán
Corresponsal
Santiago de Chile.- De nada pareció valer la acusación fiscal. La justicia chilena decidió absolver al general en retiro del ejército de Chile Carlos Parera Silva de las acusaciones de violación en contra de su empleada del hogar de nacionalidad peruana, Alejandrina Janampa Quispe, y de la hija menor de esta.
La resolución fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, localidad al norte de Santiago, a pesar de que el Ministerio Público había encontrado indicios suficientes de que el oficial la ultrajó mientras ella laboraba en su casa, la amenazó con un arma de fuego y manoseó a la niña.
No obstante, para el tribunal, el relato ofrecido por Janampa no tiene validez, pues ella realizó la denuncia recién dos meses después de ocurridos los hechos. El fiscal del caso, Andrés Vega, adelantó que presentará un recurso de nulidad ante la decisión judicial.
Por su parte, el general Parera, integrante de la cúpula del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, aseguró que los últimos cuatro años -en los que estuvo procesado- fueron de mucho dolor para él y su familia. El testimonio de Alejandrina, que no fue considerado por el tribunal, probablemente sea tan o más doloroso también.
La empleada del hogar contó que el 31 de julio del 2004 ella se alistaba para reunirse con otros peruanos y celebrar las Fiestas Patrias. Pero la dueña de la casa le pidió que se quedara porque ella tenía que asistir a un compromiso.
De acuerdo con su relato, el general Parera también estaba en el domicilio. Por ese entonces, la hija de Alejandrina tenía 2 años. Según cuenta, el militar había intentado en más de tres oportunidades acercarse a ella con intereses sexuales, pero ella calló por miedo.
Luego de ocurridos los hechos, Alejandrina terminó con su pareja y, según considera el fiscal, probablemente bajo amenaza, se quedó a vivir en la casa de sus patrones. Luego entró en una especie de demencia temporal y fue internada en un hospital. Veinte días después regresó al trabajo. Hasta ese momento nadie sabía de la violación.
Días más tarde, mientras compraba víveres en un supermercado, Alejandrina dejó a su hija en la guardería del local, pero la perdió de vista por un instante. Por ello, personal del lugar requirió la presencia de Carabineros. Cuando los uniformados se le acercaron, entró en pánico al percatarse de que estos llevaban armas en sus cintos. Según los informes psiquiátricos que maneja Vega, esta actitud se presenta en pacientes con algún tipo de trauma, asociada al arma de fuego que se utilizó en la violación.
Sepa más
-Parera fue jefe del Departamento Exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en 1976, encargada de perseguir a los opositores de Pinochet en el extranjero.
-El 19 de setiembre de 1990, durante el paso de la dictadura a la democracia, Parera desairó en público al nuevo mandatario, Patricio Aylwin.
-En un desfile militar, prefirió rendir honores a Pinochet.

MOVIMENTO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE BRASIL INFORMA:

"El Plan Cóndor nació en Brasil"

Jair Kirschke, fundador del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Río Grande do Sul. Kirschke es uno de los más veteranos entre los activistas de derechos humanos en Brasil. Sostiene que la mirada hegemónica de los militares de su país impulsaron el Plan Cóndor y recuerda operativos realizados en Argentina al principio de los '70.

Por Gustavo Veiga
Dialogos | Lunes, 14 de Julio de 2008

–¿Por qué sostiene que el Plan Cóndor nació en Brasil?
–Me apoyo en hechos claros y conocidos. Y es importante subrayar que el aparato represivo brasileño trabajó siempre muy vinculado con el aparato represivo argentino. Incluso, cuando en Argentina había democracia, antes del golpe de 1976. Mi país inauguró la doctrina de la Seguridad Nacional en 1964, con la dictadura. Algo que nuestras naciones ni conocían. Y Brasil, ese año, empezó a organizar sus servicios de inteligencia. Hasta entonces, no existían servicios tan bien elaborados, tan bien pensados para el mal. Hubo una figura importantísima, el general Golbery do Couto e Silva, que se encargó de hacerlo.

–Usted habló de hechos conocidos. ¿Cuáles son?
–El primero es un operativo que Brasil realiza en Buenos Aires. Un clásico operativo en el año '70. En la Argentina estaba refugiado un coronel del ejército brasileño, Jefferson Cardin de Alencar Osorio, junto a su hijo y un sobrino. Lo detuvieron y lo llevaron a Río de Janeiro, donde cumplió una condena de siete años.

–¿Por qué lo detuvieron?
–Por razones políticas. Era un tipo muy interesante el coronel, que había liderado un grupo guerrillero después del golpe. Se había exiliado en Montevideo, donde se organizó para ingresar a Brasil. Tomó radios, asaltó cuarteles y había salido en taxi desde la capital uruguaya en un hecho bastante loco.

–¿Hubo algún otro episodio en la Argentina donde las fuerzas armadas brasileñas hayan tenido participación?
–Sí. En el '72, un mayor del ejército brasileño, Joaquim Pires Cerveira, se había exiliado en Buenos Aires junto con un joven estudiante, Joao Batista Rita Pereda, y fueron detenidos. También los llevaron para Río de Janeiro, donde varias personas vieron cómo eran brutalmente torturados. Los dos están desaparecidos. Y como en Brasil estos hechos no se publicaban, la noticia salió en The Guardian, un diario británico, que escribió hasta el nombre de la calle donde habían sido torturados.

–Hasta ahora mencionó un par de casos que afectaron básicamente a militares. ¿Hubo también más víctimas civiles?
–No tengo precisa la fecha, pero un militante nuestro, Edmur Péricles Camargo, un negro enorme, fuerte y que era guerrillero, vivía en Chile y viajaba a Montevideo, cuando en una escala en Ezeiza lo sacaron del avión. Sobre su caso yo hablé en el Uruguay. Un país donde estuvo un diplomático brasileño importantísimo, Pio Corrêa, del que recién ahora se consiguieron pruebas para vincularlo con la creación de un servicio secreto en Itamaraty, en el seno de la diplomacia brasileña. Este señor iba también a Buenos Aires, donde pedía la detención de alguien, después iba un avión de la fuerza aérea brasileña a Ezeiza, le entregaban al detenido y este embajador les firmaba un recibo a los represores.

–¿Es cierto que otra pieza clave del Plan Cóndor fue el embajador brasileño en Santiago de Chile cuando se produjo el golpe contra el gobierno de Salvador Allende?
–Sí, lo llamaban el quinto integrante de la junta, con ejército, marina, aeronáutica y carabineros. Eso lo decían los militares chilenos. Se trata de Antonio Cámara Canto, que además estaba acompañado por una cantidad importante de agentes brasileños, del servicio nacional de informaciones y de la policía federal de nuestro país. Su tarea era seguir a los cinco mil exiliados brasileños que había en Chile. Fíjese quiénes vivían allí: Fernando Henrique Cardoso, José Serra, que hoy es el gobernador de San Pablo y nuestro gran pedagogo, Paulo Freire. Todos gente muy calificada que se había ido a partir del golpe del '64. Incluso, antes de que Allende llegara al poder en Chile.
–¿De qué modo se involucró Cámara Canto en el Plan Cóndor?
–En el libro de un ex embajador norteamericano se cuenta lo que hacía y otro diplomático que formuló declaraciones ante el senado de Estados Unidos dijo que Cámara Canto invitó a varios embajadores a apoyar el golpe. La noche del 11 de septiembre del '73, en el magnífico predio de la embajada brasileña en Santiago, el tipo gritaba: ganamos, ganamos... Este embajador siguió en Chile hasta septiembre del '75. ¿Por qué esa fecha? Porque en los últimos días de noviembre y en los primeros de diciembre hubo una famosa reunión en Santiago de Chile donde formalmente se decidió hacer la Operación Cóndor. Y los preparativos se dieron con la participación de Cámara Canto.

–¿Y había militares brasileños también?
–Recién ahora se supo el nombre de un coronel brasileño que participó de esa reunión. Pero los militares brasileños tuvieron cautela para no dejar las huellas digitales en lo que hacían. Sabemos quiénes estaban de otros países, pero de Brasil, sólo se conoció hace poco. En el marco de la doctrina de la Seguridad Nacional, donde las fronteras geográficas no se consideraban y sí las ideológicas, Brasil, para nuestros militares, debía ser la nación hegemónica de la región. Y ellos no permitirían que a sus límites hubiera gobiernos de izquierda o, al menos, progresistas. Esto era intolerable. Ahí tiene el Operativo 30 Horas, algo impresionante. ..

–¿El que se había planificado para invadir Uruguay si triunfaba el general Líber Seregni en las elecciones presidenciales?
–Sí, lo llamaron así porque Brasil ocuparía en 30 horas Uruguay. Fue para el año '71. Si ganaba Seregni, los militares tomarían el país. Hoy, además de documentos, tenemos declaraciones. Eran tan preocupantes las elecciones en Uruguay que hubo reuniones entre nuestro presidente, el general Garrastazu Medici, Richard Nixon, Henry Kissinger y Vernon Walters para tratar este tema. Un militar brasileño dijo en enero de 2007 en un programa de TV que se llama Historia, que los uruguayos habían pedido la invasión durante el gobierno de Pacheco Areco. El periodista que lo entrevistaba, que sabe mucho del Plan Cóndor, se sorprendió cuando lo escuchó decir eso.

–¿Se conoce aproximadamente cuántos argentinos se refugiaron en Brasil en los años '70?
–Nosotros recibimos a más de 2000 personas. Pero no sé cuántos argentinos, cuántos uruguayos, cuántos chilenos. Y lo hicimos siempre en colaboración con la Acnur.

–¿Cuál fue el papel que desempeñó la Iglesia de su país en defensa de los derechos humanos? ¿Hubo esfuerzos aislados como los de Elder Cámara o Evaristo Arns o los apoyó institucionalmente?
–Se trató de obispos sueltos. Con el golpe del '64, la Iglesia puso en marcha aquello de la marcha con Dios y por la libertad. Tradición, Familia y Propiedad. Justo había pasado por Brasil un sacerdote extranjero que juntaba multitudes en las plazas de San Pablo, Río y Porto Alegre, hablando un poco en portugués y otro poco en español. "¡Hermanos...!", decía (y lo imita). Hablaba con una prédica contra los comunistas. Aparecía en la televisión con el rosario, con una imagen de la virgen. Eso fue en tiempos del pregolpe. Y obispos importantes estaban metidos en ello. Hasta que después, otros, empezaron a aparecer públicamente en contra de la dictadura.

–Usted nos dijo que los militares brasileños no dejaron huellas. ¿En qué se basa para afirmarlo?
–Tuvieron tanta cautela que, hoy en día, en la Argentina hay una gran cantidad de militares detenidos, en Uruguay hay dos ex presidentes enjuiciados y en Chile acaban de condenar al general Contreras por el crimen del general Prats. Pero en Brasil no hay ni un condenado. Aunque ahora, después de haber trabajado con el fiscal italiano Giancarlo Capalbo el tema del Tribunal Penal de Roma desde el 7 de diciembre de 1999, tenemos los casos de dos ítalo-argentinos desaparecidos en Brasil. Y la justicia italiana, el 24 de diciembre de 2007, determinó el pedido de captura de 146 represores de Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil. Hasta ahí, los militares brasileños nunca habían sido molestados para nada.

–¿Cuántos integrantes de las fuerzas armadas de su país están involucrados en ese grupo?
–Trece.

–¿En qué período fueron cometidos los delitos que se les imputan?
–En 1980, en mi primer caso, investigamos el operativo realizado en el aeropuerto de El Galeao, en Río de Janeiro, el 12 de marzo de ese año. Es la causa del secuestro de Horacio Campiglia y Mónica Pinus de Binstock. También hay otro del 26 de junio en Uruguayana, donde desapareció Lorenzo Ismael Viñas, que es hijo de David Viñas. El venía en ómnibus hacia Brasil. Esto es muy interesante desde el punto de vista jurídico, porque en el año 1979 hubo una amnistía. Y cuando la prensa buscó al actual ministro de Justicia brasileño, Tarso Genro, un hombre de izquierda, para preguntarle sobre estos casos, respondió que la amnistía había borrado todo. Sus colegas periodistas, insistentes, le dijeron que estaba equivocado porque los delitos eran del '80 y la ley los cubría hasta agosto del '79. Pero Genro, que era mi amigo, aunque no puedo decir que ahora lo sea, les volvió a responder que como eran homicidios, los homicidios del '80 habían prescripto. Aunque olvidó que como es secuestro con desaparición, el crimen sigue vigente. Con la publicación de estas informaciones, los militares enloquecieron. Y uno de ellos, que está retirado, me inició una causa. Hasta un sargento me enjuició. Y si yo le mostrara la querella, dedica dos páginas a decir: "fui del aparato represivo del ejército con muchísimo orgullo porque nosotros combatimos al comunismo".
–¿Cuál es su visión de los juicios que se siguen en la Argentina contra los represores de la última dictadura?
–Yo diría que Argentina es el que está más adelantado entre todos los países de la región. Hubo una lucha de su pueblo, a través de las organizaciones de derechos humanos y también una mayor conciencia de lo que había pasado. ¡Treinta mil desaparecidos! ¡Por favor! Es algo tan grande que no hay en la Argentina ninguna persona que no tenga un familiar, un amigo o un conocido desaparecido. Eso hizo reaccionar al pueblo argentino de una manera muy justa. Y aunque no se avanzó en un primer momento, la Corte Suprema decidió la inconstitucionalida d de las leyes de obediencia debida y punto final para que en verdad comenzaran a marchar las cosas. Además, ustedes tienen en la figura de algún miembro de la Corte una posición extraordinaria basada en los conceptos del derecho internacional que, en Brasil, nos hace falta.

–Esto induce a pensar que en su país será muy difícil avanzar en las causas contra militares. ¿Siguen teniendo mucha influencia las fuerzas armadas sobre el poder político?
–Yo digo que sí. Y es que hicieron un pacto con los gobiernos, incluso el de Lula, para mantener el statu quo. Es incomprensible que hasta el día de hoy sigan intocables. No se abren los archivos de la represión. Naciones Unidos le solicitó formalmente a Brasil que los abra. Y nada. Existe una sentencia de octubre pasado de la Justicia Federal que determina la apertura de los archivos. Y nada... Hay un pacto para que no se toquen ciertas cosas. Lula tiene a un general en un despacho vecino, Jorge Félix, que durante una entrevista dijo que no convenía que se abrieran los archivos porque ahí iban a aparecer cosas terribles. Las declaraciones las publicó Folha do San Pablo. A mí me parece que el presidente le tendría que haber dicho a este general, adiós, váyase. No se pueden decir estas barbaridades. Es el responsable de la Seguridad Institucional. Y está desde el primer mandato de Lula.

–¿Se producen situaciones de este tipo porque el presidente permite que haya impunidad?
–En la transición de Cardoso a Lula, el boletín oficial publicó un decreto con la firma de Fernando Henrique aumentando los plazos para la apertura de los archivos. El no hubiera firmado una cosa así justo en el último día de su gobierno si no hubiera una concertación. Es más, puede parecer un disparate, pero Collor de Melo propuso una ley en el Congreso brasileño que cuida la clasificación y desclasificación de documentos y dice quién puede desclasificar y quién no. Sólo el presidente de la Nación puede hacerlo con los documentos ultrasecretos. Otro dato: Lula creó un comité interministerial para examinar los documentos y reclasificarlos que jamás se reunió.
Y lo hizo en su primer mandato.

–Es evidente que no está nada de acuerdo con las decisiones que toma Lula.
–Es más, tiene que cumplir una decisión judicial que llegó hasta la Suprema Corte y no lo hace. Es sobre la cuestión de Araguaia. Hace casi treinta años un grupo de familiares de guerrilleros desaparecidos llevaron una denuncia a la Justicia Federal para saber dónde estaban los cuerpos. Y consiguieron por medio de un abogado, Luis Eduardo Greenhalg, una decisión favorable: que se abrieran los archivos para el tema de Araguaia. Pero el presidente después lo mandó al abogado general de la Nación para ingresar un recurso en contra de la decisión. La Corte ratificó la apertura en octubre, pasaron nueve meses hasta hoy y el niño ya puede nacer (sonríe), aunque la sentencia no se cumple. Y esos archivos están en manos del ejército. Un ejército cuyo poder llega hasta que el presidente de la Nación no cumpla con una sentencia judicial. Impresionante, pero es así.

–En consecuencia, ¿Lula tiene para usted una deuda muy grande en materia de derechos humanos?
–Lula y el PT, que nació como una gran esperanza para el pueblo, especialmente para los más pobres, los más humildes y ahora nos encontramos ante una situación que no es así. En verdad, el tema de los derechos humanos recibe un maltrato del gobierno. En determinado momento tenía, a nivel de ministerio, un equipo de trabajo y quien estaba a su frente era un militante del PT de toda la vida, un ex preso político y periodista al que siempre le negaron un espacio de importancia: Nilmário Miranda. Ahora, tenemos a los derechos humanos en el nivel de una secretaría nacional, vinculada al despacho del Presidente.

–¿Cuáles son las principales violaciones a los derechos humanos del presente en un país como Brasil?
–Las violaciones a los derechos humanos no son solamente de la policía que tortura y que mata. Yo siempre digo que, nosotros, en Brasil, tenemos al gran violador de los derechos humanos que es el Estado nacional, también el estado provincial y las intendencias. Porque niegan atención a los niños, una buena educación, no cuidan la salud pública, no cuidan a los viejos y ésas son violaciones a los derechos humanos. En Brasil suceden cosas increíbles y la gente no se da cuenta de que la calidad de vida se va terminando. Mientras tratamos el pasado, que es importante, hablamos de un país donde se mata gente todos los días. Y especialmente la Policía Militar.

–¿Que depende de las fuerzas armadas o es autónoma?
–Es casi autónoma. Se trata de una invención de la dictadura del '68. Pero en Rio Grande do Sul existe hace casi 170 años. En San Pablo hace casi cien años, como en Minas Gerais y Pernambuco, aunque antes eran el ejército del gobernador del estado. No tenían atribuciones de policía. En el '68, como le decía, cuando los militares dan el golpe dentro del golpe, en diciembre de ese año se publica el acta institucional número 5 que termina con los hábeas corpus, establece la censura en la prensa, en el teatro, en la TV y también se crean por decreto las policías militares y les dan atribuciones. Las fuerzas armadas hicieron la constitución, que no fue refrendada por nadie, y en el '88, y pese a que logramos la nueva constitución en Brasil, que la llamamos la constitución civil ciudadana, por presión de los militares sigue vigente una disposición de que la policía militar es reserva de las fuerzas armadas.

–¿Para usted es completamente absurdo?
–Yo siempre explico una cosa para que se entienda bien cómo es el tema de la policía militar en Brasil, algo aberrante. Policía viene de griego, polis, que significa ciudad. Y militar viene del latín, milis, de milicias. Entonces, los militares son entrenados para qué. Para enfrentar al enemigo, vencerlo y someterlo a su voluntad. Eso es ser militar. Pero la policía tiene que ver con el ciudadano que tiene derecho a protección. Hasta el ciudadano que comete un crimen tiene derecho a protección. Acá tenemos policía militar y seguimos sufriendo la misma impunidad.

–Mientras tanto, ¿cuál es la política para los millones de pobres que tiene su país?
–Ahora la represión está direccionada hacia ellos. Esto me hace recordar al encuentro de la Iglesia Católica en Puebla, que se realizó bajo la opción por los pobres. Y por eso, yo siempre digo que acá, en Brasil, la policía ya había hecho antes la opción por los pobres, las tres Pe: pobres, pretos (negros) y putas, que son las víctimas del sistema.
Cuando uno percibe que en Brasil la banca obtiene ganancias espectaculares, algo está funcionando mal.

Un veterano de batallas

Por Gustavo Veiga

Jair Kirschke es abogado y fundador del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Rio Grande do Sul, el más antiguo de los organismos de ese país. Dueño de una oratoria apasionada y una memoria prodigiosa para recordar ciertas situaciones y fechas, acredita un compromiso militante desde 1961 (nació en el '38). Ese año defendió al gobierno estadual de Leonel Brizola, del Partido Trabalhista, de un intento de golpe de Estado que se estaba gestando en Brasil y que se concretaría tres años más tarde. A partir de 1964, y ya bajo la dictadura militar, ayudó a salir del país a varios compatriotas, como bien entrados los años '70, hizo algo semejante con militantes argentinos, uruguayos o chilenos a los que dio refugio en Brasil. Ha sido testigo en algunas causas por violaciones a los derechos humanos en la Argentina; la última de ellas fue la que condenó al general Cristino Nicolaides. Tiene un parecido físico llamativo con el político radical César Jaroslavsky (ya fallecido) y trabaja rodeado de expedientes y papeles que desbordan su pequeño despacho ubicado en un antiguo edificio de la ciudad donde vive, Porto Alegre.

PRIVATIZACIÓN DE LA LIBERTAD

por Frei Betto
Voltaire/Colombia Plural

Zygmunt Bauman pone el dedo en la llaga al denunciar el límite de la libertad en la modernidad capitalista: todo se puede (aunque la mayoría no pueda casi nada), excepto imaginar un mundo mejor que este en que vivimos. Cuando mucho, se queda en la reparación de la casa, la reforma del tejado, la pintura de las paredes, sin que se cuestione la misma arquitectura de la casa ni, mucho menos, el modo de convivencia de quienes la habitan.
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Los más progresistas admiten incluso que, en la reforma, el cuarto de la empleada sea cambiado del exterior al interior de la casa. Hasta aquí el límite de la lógica capitalista. Fuera de eso, se suprime la libertad de quien se atreva a proponer que no haya cuarto de la empleada, ni empleada. Como máximo, personas contratadas por hora, sindicalizadas y con todos sus derechos garantizados por la ley. Incluso el acceso a la misma casa.

Según Pierre Bourdieu, unos miran la sociedad con ojos cínicos y otros con ojos clínicos. Los primeros juzgan incuestionable el actual modelo de sociedad fundado en la apropiación privada de la riqueza y procuran obtener provecho de él, considerando justo lo que refuerce sus privilegios e injusto lo que los amenace. Los 'clínicos' miran un palmo por debajo del suelo en que pisamos y reconocen las intrincadas relaciones sociales que producen, en la superficie, tamaña desigualdad entre los seis mil quinientos millones de habitantes de esta nave espacial llamada Tierra.

El neoliberalismo rompió el puente entre la esfera pública y la privada. Antes, una constelación de instituciones aseguraba la ampliación y defensa de los derechos sociales: asociaciones, sindicatos, partidos, etc. La privacidad, reducto sagrado, sólo era invadida en la medida en que se rompía el contrato social: abandono del hogar, homicidio, etc. Todo lo demás quedaba entre las cuatro paredes o, como mucho, caía en el "dominio público" sólo gracias a chismes interpersonales.

Ahora lo privado absorbe lo público, gracias a la teoría thatcheriana de que la sociedad se reduce al individuo y a la familia. De un lado se privatizan instituciones como el Estado (rehén de sus acreedores privados) y los sindicatos, confinados a la negociación directa entre empleados y empleadores, desarticulándose las categorías profesionales y la solidaridad de clase. De otro lado lo privado sobrepasa e inunda -y vuelve inmundo- lo público, como en el Gran Hermano.

Se rompen las cuatro paredes y se promueve la inversión de los factores: el "cínico" anula al "clínico", de modo que se deshistoriza el tiempo y se atomizan las relaciones sociales. Más importante que conocer las causas que impiden al Brasil crecer por encima del 2.3% al año (sólo supera a Haití en el continente americano), es saber si Mick Jagger conquistó una nueva novia en Rio de Janeiro o quién será el nuevo millonario de la casa del mironismo nacional.

Se rasga el tejido de las relaciones sociales. Niños y jóvenes, que debieran enfrentarse en el juego educativo de la sociabilidad propiciado por grupos de amigos, clubes, equipos deportivos, etc., ahora se refugian horas y horas ante el monólogo televisivo o informático. En los espacios virtuales de comunicación cibernética, en que no se exponen a los límites exigidos por la convivencia grupal, aprenden a disimular. Proyectan de sí mismos una imagen idealizada, fantasiosa, como si la vida se diera, de hecho, en dos planos: aquel en que los pies pisan y aquel en que la cabeza "navega". El real y el virtual.

La privatización de los bienes simbólicos ("se terminó la historia" pregonaba Fukuyama) oculta a las nuevas generaciones el sentido histórico de la existencia. "Consumo, luego existo", afirman los neocartesianos. De ese modo, el proyecto de vida se reduce a las ambiciones de consumo (hacerse rico), de belleza (eternamente joven) y de fama (aunque sólo sea durante cinco minutos, como dijo Andy Warhol).

He ahí la libertad que nos ofrecen, la de escoger diferentes marcas del mismo producto en el estante del supermercado o en el escaparate de las tiendas. Nunca escoger un nuevo modelo de sociedad, en el que los privilegiados no necesiten refugiarse en centros comerciales para huir de la turba famélica que ataca el paisaje y las personas. Un modelo civilizatorio que permita, en fin, la adecuación de nuestra existencia a nuestra esencia. En palabras de Fernando Pessoa: "Ah, quién diera la perfecta concordancia /de mí conmigo. /El silencio ulterior sin la distancia /entre mí y lo que yo digo". Recuperar el derecho político a la libertad, ése es el desafío si anhelamos que, en el futuro, la violencia no se extrapole del ámbito privado al público. E imprimir al ejercicio colectivo de la libertad un sentido, una dirección, un horizonte capaz de superar la gran antinomia del actual modelo de democracia: en nombre de la libertad, la mayoría es excluida del derecho a la justicia.

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Pedro Vivanco: "La libertad es lo más sagrado que tenemos como mapuche"
escrito por Pedro Cayuqueo (Azkintuwe)
miércoles, 16 de julio de 2008

Pedro Vivanco Rebolledo es un joven líder mapuche-pewenche. Nacido y criado en la cordillera, el año 2001 fue elegido lonko de la comunidad Butalelbum y lideró la recuperación del Fundo Cochico, en la comuna de Alto Bio Bio, Octava Región de Chile. Cerca de 200 familias participaron de un proceso de movilización inédito en la zona y que contó además con el respaldo de comunidades de Trapa Trapa y Cauñicu. Partieron con fuerza el año 2001 y tres años más tarde, miles de hectáreas usurpadas en décadas pasadas habian vuelto a manos pewenches.
Pero la lucha tuvo sus costos. A la violenta respuesta represiva del estado se sumó pronto la acción implacable de los tribunales de justicia. Una tras otra se fueron sumando las denuncias de los colonos que habitaban las tierras usurpadas a las comunidades. Reales o ficticias, lo claro es que desembocaron en una feroz caceria de dirigentes. Acusado de robo con fuerza, Vivanco cayó detenido en marzo de 2003. Sometido a juicio y condenado a 5 años de cárcel, aprovechó una breve libertad bajo fianza para desaparecer del mapa.
Este lunes Pedro Vivanco apareció de manera sorpresiva en Neuquen, para solicitar refugio político al Estado argentino. Lo hizo acompañado de los abogados Valeria Neculqueo y Fernando Dalmazzo, este último de la Pastoral de Migraciones del Obispado de Neuquén, organismo que le ha prestado valioso apoyo y asesoria. Para conocer su historia, el proceso de lucha que encabezó en su comunidad y las razones que lo hicieron cruzar hacia Puelmapu, lo entrevistamos en Neuquen.
- Peñi Pedro, hablenos de su comunidad ¿en qué condiciones vive su gente?
Nosotros somos 200 familias en Butalelbum. Nuestra gente en los tres meses de verano puede trabajar para sobrevivir y guardar un poco de alimento. Luego viene el invierno y se pone frejado, porque llueve y neva mucho. Por eso se necesitan tierras para hacer empastadas y poder guardar forraje, alimento para nuestros animales, hay mucha necesidad en nuestra gente en la cordillera.
- ¿Qué cargos a ocupado usted en su comunidad?
A partir del año 1997 y hasta el año 2000 fui Presidente de la Agrupación Pewenche Pewen Menuco Chenque, organización que cuenta con personería jurídica. En tal función desarrollé numerosas actividades relacionadas con el mejoramiento de las condiciones de vida de mi gente, la Comunidad Butalelbum. Entre todos los trabajos que allí realicé puedo mencionar trabajos de organización social, gestión de proyectos del gobierno destinados para mejorar el ingreso familiar, proyectos productivos, tales como construcción de galpones, organización de huertos familiares, entre otros.
- ¿En qué año fue elegido usted Presidente de su comunidad?
Yo fui elegido Presidente el año 2001 y hasta el año 2005. En esa condición fui parte activa de la recuperación de tierras pertenecientes a nuestra comunidad en el Fundo Cochico, tierras que eran ocupadas ancestralmente por nuestra gente y en las que he nacido yo y toda mi familia. La necesidad nos llevó a movilizarnos. Nosotros como familias teníamos grandes necesidades de tierras, nuestra actividad era la ganadería, ese es el medio de vida de nuestra comunidad, pero no teniamos tierras suficientes. Es por eso que a fines de ese año se llevó a cabo la ocupación del fundo.
- ¿A usted le correspondió liderar esa recuperación?
Yo era presidente, lonko como se dice y asumí esa responsabilidad. El año 2001 decidimos entrar a recuperación porque ya no teniamos espacio para vivir. El gobierno decia que en invierno nos entregaba forraje y publicaban eso en los diarios, como grande cosa, pero nosotros no necesitábamos forraje, porque a veces no teníamos ni plata para comprarlo. Nosotros necesitábamos territorio para invernadas y veranadas, eso le deciamos al gobierno, pero nunca tuvimos respuesta. Por eso entramos al fundo, porque nos aburrimos de esperar y además estábamos recuperando lo nuestro, lo que había sido de nuestros padres y abuelos.
- ¿Quiénes habitaban en esas tierras? ¿colonos winkas?
Colonos, gente winka a quien el gobierno chileno entregó tierras en la zona sin preguntarle a los pewenche, en el gobierno militar y antes incluso. Los colonos pasaban a ser como dueños ilegales, los Ruiz Alarcón, los Castillo, los Acuña, por eso decidimos entrar con nuestras familias. Pero apenas entramos ellos hicieron las denuncias por robo de animales, por daños, por usurpación de tierras. Fíjese, si la tierra habia sido de nuestros abuelos, veranadas que teníamos y nos acusaban ahora de estar usurpando. No nos movilizamos solos, tambien de Malla Malla, de Cauñicú, la gente comenzó a moverse para recuperar su tierra. Es por esta razón que me persiguen judicialmente.
- ¿De qué delito lo acusaron en específico?
Nos acusaron a mi y al peñi Roberto Carlos Manquepi de usurpación de tierras y de robo con fuerza. Esto viene de nuestro rol como dirigentes de la comunidad. Nosotros con la finalidad de evitar conflictos y para llegar a un acuerdo para el paso de los animales para la veranada de Cochico, fuimos un dia al sector para acordar con los colonos. Sucedió entonces un hecho de delito común, un robo, del que después fuimos acusados injustamente.
- Usted fue detenido y estuvo encarcelado un par de meses por esta causa.
Asi es. Yo fui detenido el 20 de marzo de 2003. Días después fue detenido el peñi Manquepi. Estuvimos dos meses presos con el peñi y salimos bajo fianza. El 2006 el juzgado de Santa Bárbara nos condenó a 5 años y un dia por robo con fuerza en propiedad privada de un inquilino del fundo. Esta sentencia fue ratificada por la Corte de Apelaciones el mismo año y, finalmente, el 20 de enero de 2008 la Corte Suprema confirmó esto.
- ¿En qué momento decide usted pasar a la clandestinidad y venirse a Puelmapu?
Fue cuando falló la instancia de la Corte Suprema. Lo conversamos en mi comunidad y veiamos que era dificil la situación. En mi familia lo comenté, cuando salió el fallo de la Corte de Apelaciones y me dijeron que no me entregara. Yo estaba con libertad bajo fianza y me decian que no querian verme preso por segunda vez. Me decian que me fuera, que no me entregara, porque asi no podria ayudar a mi gente, encerrado en Los Ángeles, es mala esa vida de preso, uno no sirve para nada, no es vida la cárcel.
- No estaba dispuesto a perder su libertad...
Yo estuve dos meses preso y prometí que pasara lo que pasara no iba a volver a la cárcel, porque la libertad es lo más sagrado que tenemos los mapuche. Nosotros no nacimos para estar encerrados, uno nace en la cordillera, tiene las montañas, va para donde quiere, es libre en su tierra y esa es la vida que llevaba con mi gente. No nacimos para estar encerrados, eso hablamos con mi señora y me apoyó, me dijo: "ándate nomás, ya estaremos juntos de nuevo". Así me dijo ella.
- Imaginamos que no fue fácil.
Me costó tomar la decisión. Mis padres, mi hermano y mi señora no sabían que yo me vendría para Puelmapu, sabían solo que yo iba a viajar. Me costó mucho, me dolió alejarme de mi familia. Fijese que yo tengo una niña de 11 años y un chiquitito de cuatro años. Nosotros para salir adelante, por ejemplo, mi señora estudiaba y yo me quedaba muchas veces con mi chiquitito, lo cuidaba, él estaba muy apegado conmigo, me costó tomar la decisión por mi chiquitito...
Lo más duro fue eso, igual uno acá va conociendo nuevos amigos, peñi, winka, y a veces uno comparte con ellos, se divierte un rato, pero igual tiene esa pena por dentro. Por ahi uno comparte y en el momento lo vive bien, pero luego uno vuelve a su casa y se acuerda de la familia, da pena andar así. Yo nunca pensé pasar por esto.
- ¿Qué espera usted de la justicia argentina?
Yo tengo esperanza de que acepten mi petición, que fallen a favor mio. Es una causa política, en Chile existe persecución política contra nosotros. Allá se han negado a ratificar el Convenio 169, aca existe esa ley y los peñi tienen más herramientas para hablar, es otra situación. Yo he visto las noticias y aca se ve más libertad, existe más democracia. Allá en Chile yo pienso que tienen el puro discurso de democracia, pero las leyes siguen siendo de la dictadura. Ya llevamos cuatro gobiernos de democracia que dicen y con Lagos volvieron a aplicar la ley de Pinochet. A los peñi de Quepuca, de Ralco Lepoy los persiguieron con Ley Antiterrorista cuando se opusieron a Endesa, por ejemplo. Eso es lo que yo veo pasa en Chile / A

LA NACION
Martes 22 de julio de 2008

Por Lorena Fries, presidenta de la Corporación Humanas
OBSERVATORIO CIUDADANO
Activos y pasivos en DDHH
Nuestro país ocupa desde mayo un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero el volumen de pasivos comienza a tocarle los talones a sus activos.

En medio de resoluciones judiciales decisivas para diversos procesos por violaciones de los derechos humanos, el discurso público sobre este tema ha experimentado una sintomática inflexión, en especial luego de que los máximos dirigentes de los partidos de Gobierno se reunieron con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y anunciaron su rechazo al proyecto que crea el Instituto de Derechos Humanos.
Después de varios meses de júbilo ante el vertiginoso avance de los litigios judiciales por los crímenes durante la dictadura, los dirigentes de la Concertación parecen haber aquilatado el costo de la ausencia de estos principios fundacionales en su oferta política para el futuro. Tanto así que acordaron solicitar al Gobierno que se dé un reimpulso a la agenda legislativa en esta materia, visiblemente estancada desde 2007, y han logrado reactivar las negociaciones para aprobar la reforma constitucional que permite a Chile ratificar el Tribunal Penal Internacional. Resulta alentador que a este debate concurran tanto aquellas iniciativas destinadas a resolver aberraciones jurídicas del pasado -la Ley de Amnistía- como los compromisos internacionales que el Estado Chile mantiene pendientes.
Nuestro país ocupa desde mayo un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y, sin embargo, el volumen de pasivos comienza a tocarle en forma peligrosa los talones a sus activos en la materia. Somos el único país sudamericano que no se integra a la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, además de mantener pendiente la ratificación de otros instrumentos jurídicos internacionales como los protocolos facultativos de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; de la Convención contra la Tortura; de la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, y la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Por fortuna, en los últimos días han llegado buenas nuevas desde el Senado, donde prometen un pronto acuerdo para despachar el proyecto de reforma constitucional que autoriza a nuestro país a reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Esta iniciativa permanece desde enero de 2007 sin movimiento alguno en la cámara alta, pese a que en octubre de 2005 se adoptó un acuerdo político transversal para su aprobación.
Esperemos que nuestras autoridades legislativas comprendan que insertarnos en el mundo de la protección jurídica de los derechos humanos es el salto que le da sustento ético y consistencia moral a nuestro pretendido liderazgo político y económico en la región. Lejos de restarnos soberanía, como temen los detractores de estos tratados internacionales, nuestra adscripción a estos avances civilizatorios enriquece y fortalece la autoridad jurisdiccional de la nación.

Elena Varela, documentalista y presa política
escrito por Francisco Gedda*
domingo, 20 de julio de 2008

Elena Varela, documentalista, fue detenida el 7 de mayo y formalizada por "asociación ilícita par delinquir y de dos robos con violencia". Acusación respaldada, según el fiscal, en una declaración secreta de un testigo también secreto. Durante las primeras 48 horas sufrió apremios ilegítimos como privación de sueño y alimentos. Elena Varela se encontraba realizando un documental llamado Newen Mapuche sobre el conflicto mapuche con las empresas forestales financiado con fondos concursables otorgados por el Fondo Audiovisual.
Es el tercer caso de detención en los últimos meses de documentalistas que registran el conflicto declarado entre las empresas forestales que producen una intensa agresión ambiental en Arauco y Malleco y los mapuches que defienden su derecho a vivir dignamente en sus territorios ancestrales. Dos periodistas franceses, Christopher Cyril Harrison y Joffrey Paul Rossj, fueron detenidos en marzo en Collipulli. En mayo fueron detenidos Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi, documentalistas italianos. Acaban de ser expulsados de Chile por el Ministerio del Interior.
El material de cámara del documental "Newen Mapuche" fue incautado por la Policía. También cintas pertenecientes a otro documental en etapa de investigación: "Sueños del Comandante" que contenían testimonios de los afectados por las matanzas y represión de la dictadura en el año 73 y luego en los 80 en Neltume. El fiscal ha declarado, con total desparpajo en dos entrevistas [1], que la policía está revisando e investigando las cintas y filmaciones en busca de "delitos", a pesar de que en ninguna parte del proceso se vinculan los documentales con las supuestas imputaciones a Elena.
La Plataforma Audiovisual de Chile, después de numerosas gestiones, ha conseguido tan sólo que la Ministra de Cultura "exhorte al fiscal la devolución del material documental". El Ministerio del Interior se declara absolutamente inocente y se desentiende del caso.
La documentalista Elena Varela está presa, y se han violado sus derechos ciudadanos más elementales, por pensar distinto al gobierno de Chile y querer expresar audiovisualmente su pensamiento. Es aberrante y vergonzoso para un país, que tiene en su alta memoria, a numerosos cineastas y periodistas que dieron su vida, durante la dictadura, defendiendo estos derechos esenciales.
Elena Varela documentalista, es una presa política del Estado de Chile.
Ante la magnitud de las violaciones, ha reaccionado la sociedad progresista creando una Plataforma Ciudadana por la Libertad de Expresión y Creación que ha realizado diversas intervenciones públicas de protesta.
La Plataforma Audiovisual de Chile, a través de un grupo de cineastas, presentó un recurso de amparo por Elena Varela, que fue rechazado por votación dividida en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Se alega en estos días en la Corte Suprema. También presentará en conjunto con la Plataforma Ciudadana por la Libertad de Expresión y Creación, Reporteros Sin Fronteras y numerosas organizaciones, cineastas, artistas e intelectuales, una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando la libertad para Elena Varela y la restitución inmediata de sus materiales.

Debemos denunciar ante la comunidad nacional e internacional la demonización de los indígenas mapuche cuando se enfrentan, en defensa de sus derechos, a las políticas del Estado de Chile. Denunciar la detención y los apremios ilegítimos a que fue sometida Elena Varela como un intento de amedrentar a los documentalistas que representan al mundo mapuche. Denunciar la incautación y revisión policial de los registros documentales de "Newen Mapu Che" y "Sueños del Comandante" como una grave violación a la libertad de expresión, al derecho de autor y al secreto profesional que ampara a las fuentes de un trabajo informativo. Denunciar el atropello brutal del deber ético del documentalista de proteger los testimonios de sus protagonistas, donde se atenta incluso, en las cintas relacionadas con los crímenes de la dictadura en Neltume, contra la privacidad intrínseca asociada al delicado proceso de registro de la memoria histórica. Es en suma una violación aberrante que socava las bases mismas del ejercicio documental.
Debemos exigir la libertad inmediata de Elena Varela, la presunción de inocencia y un juicio transparente y justo. Exigir también la continuidad de los documentales "Newen Mapuche" y "Sueños del Comandante" y el respeto al derecho de autor para todo el proceso de creación. Y por último la devolución de todo el registro documental, archivos y documentos incautados y la prohibición absoluta de que sean manipulados, violados en su privacidad y usados como material de investigación o prueba policial.
Es imprescindible un pronunciamiento formal y público de parte del Gobierno de Chile que incluya la defensa integral del trabajo periodístico y documental, de los derechos de autor involucrados, de la protección de fuentes informativas y de la privacidad de los materiales audiovisuales registrados durante su realización; que garantice la libertad de expresión y creación propia de las sociedades democráticas y no una, coartada y mutilada, por controles policiales heredados de la dictadura militar.
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[1] Fuente : The Clinic y El Rancagüino

Francisco Gedda
Documentalista, Académico del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile

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