• Reflexiones y enseñanzas de la victoria de Dilma Roussef en Brasil • La movilización social contra la política de austerida
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Puesta online a las 20:17, el 04 de Noviembre del 2014
• Reflexiones y enseñanzas de la victoria de Dilma Roussef en Brasil
• La movilización social contra la política de austeridad en Quebec.
• Atentados ligados a la guerra de Canadá contra el grupo estado islámico en Siria y el levante, Daesh.
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Reflexiones y enseñanzas de la victoria de Dilma Roussef en Brasil
Dilma Roussef fue reelegida como presidenta de Brasil en la segunda vuelta de las elecciones del 26 de octubre pasado. Sin embargo, se trató de una victoria sin gloria y con un suspiro de alivio porque el Partido de los Trabajadores bajó nuevamente su votación respecto a comicios anteriores, mostrando un debilitamiento que está cargado de enseñanzas para los partidos progresistas que han llegado al gobierno en los últimos años en este ciclo democrático que vive América latina desde los años noventa. Es el desgaste en el poder, como en el caso de la Concertación por la democracia en Chile en 2010 por la timidez en implementar los cambios de estructura exigidos por sus partidarios.
La buena noticia es que es por cuarta vez que el Partido de los Trabajadores gana las elecciones presidenciales en Brasil, la 7ª economía del mundo, la más importante de América Latina, y uno de los actores clave de los llamados países emergentes del BRICS. Dilma Roussef ganó con el 51,45% de los votos. Se trata de una primicia en Brasil, la continuidad de 16 años en el gobierno por el mismo partido político, porque en 2018 se completaràn dieciséis años de gobierno del Partido de los Trabajadores.
Fue derrotada tanto la propuesta neoconservadora de Marina Silva en la primera vuelta de las elecciones, como la de la derecha brasileña tradicional representada en la candidatura de Aecio Neves, el Partido de la Social Democracia Brasileña que podría haber beneficiado de la alternancia en el poder como en el caso de la llegada al poder en Chile del derechista Sebastián Piñera por el desgaste en el gobierno de la Concertación de partidos por la democracia en 2010.
El balance general de los observadores es que se trataría de la última victoria del PT porque disminuye su apoyo social.
La oposición derechista tuvo éxito en su campaña en los medios de comunicación que controla, (la mayoría de los medios en Brasil). Mostró una situación de crisis económica por el estancamiento del crecimiento y el aumento de la inflación. También surtieron efectos las denuncias de corrupción en Petrobras como lo anunciara la revista Veja. Algunos plantean que ello hizo perder 2 puntos a Dilma Roussef, de acuerdo a lo vaticinado en las encuestas. También estuvieron los escándalos de compra de votos de los diputados de oposición, una práctica frecuente en Brasil durante el gobierno del derechista Fernando Henrique Cardoso, pero que es moralmente indefendible y que hizo mucho daño al PT. A ello se agregan las críticas por los deficientes servicios públicos exigidos ahora por las llamadas nuevas capas medias.
A favor de Dilma Roussef, estuvo el apoyo incondicional que le entregó el popular ex presidente Lula. También los efectos de las políticas públicas de la lucha contra la pobreza (Bolsa familia, Fome, Cero, etc.) que permitieron que 40 millones de brasileños salieran de la pobreza. También la disminución importante el desempleo, y de la lucha contra el hambre en uno de los países más desiguales del mundo. El voto mayor del PT se dio en las regiones pobres del Nordeste y el norte brasileño.
La campaña mostró, como en otros países de la región, que es fundamental que en Brasil se implante una nueva ley de telecomunicaciones como la de Argentina que limita los monopolios y favorece la diversidad del espacio mediático. También es necesario destacar que el PT gobernó económicamente desde la derecha mientras que en políticas públicas la intervención estatal mejoró las condiciones de vida de los más pobres, pero no se cambiaron las estructuras que engendran la desigualdad social.
Este año es un año de importante de elecciones en América Latina porque se juega el cambio o la continuidad del perfil regional progresista de la región. La victoria indiscutible de Evo Morales en Bolivia marcó el imaginario latinoamericano en la que otrora fuera el país más pobre de la región. La segunda vuelta de las elecciones en Uruguay dentro de un mes puede confirmar la continuidad del frente Amplio y abrir camino para la continuidad de un peronismo progresista en las elecciones de Argentina el próximo año.
Brasil juega un rol de primer plano en la región y la continuidad del gobierno de Dilma Roussef permite asegurar la continuidad del carácter progresista de la región. Con sus 200 millones de habitantes Brasil es la economía más fuerte del Mercosur y de la Unasur, forma parte del grupo de potencias emergentes conocida como el BRICS (Brasil, Rusia, India y Sudáfrica. Es el principal socio de Argentina y Uruguay y un apoyo importante para la economía cubana y venezolana y el epicentro de las inversiones chinas en la región.
Sin embargo, existe un consenso que los gobierno de Lula y de Dilma fueron los más tímidos en términos de proyectos de transformación de las estructuras de los países latinoamericanos y ha desilusionado muchos de sus antiguos simpatizantes al punto que algunos analistas constatan un creciente distanciamiento entre el PT y su antigua base social. Para algunos ese es el resultado de la burocratización y de la cooptación de dirigentes sociales en el seno del gobierno donde ellos se ven maniatados. El problema es que las alternativas a la izquierda del gobierno del PT son embrionarias. No hay verdaderas propuestas de salida a la crisis económica a través de transformaciones estructurales de un modelo capitalista que algunos califican de neo keynesianismo. Los gobiernos del PT han seguido estrictamente las recomendaciones del FMI y del llamado consenso de Washington que privilegia el pago de la deuda pública antes que las políticas sociales.
Entre las deudas de transformaciones estructurales, está la ausencia de una ley de reforma agraria. Es en la injusta propiedad de la tierra donde se concentra la mayor parte de del origen de la desigualdad social en Brasil. También está el sistema tributario que favorece la persistencia de las desigualdades porque recae entre los más pobres y los asalariados a través del consumo, mientras la renta y el patrimonio en poder de las elites son poco imponibles. Se calcula que los pobres y asalariados aportan el 71,38% del total de impuestos y contribuciones. Esto hace que, pese a que Brasil es la 7ª potencia mundial, ocupe el 79º lugar de la lista mundial de índice de desarrollo humano.
El PT necesita restablecer la relación privilegiada con los movimientos sociales quebrantada con las movilizaciones de 2013.
La lección de las elecciones brasileñas para los países latinoamericanos, es que luego de que las masas populares votan masivamente por gobiernos progresistas, es que estos deben emprender transformaciones estructurales que permitan resolver los problemas estructurales del capitalismo dependiente latinoamericano y mejorar las condiciones de vida de la población de manera duradera.
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La movilización social contra la política de austeridad en Quebec.
Este viernes se realizaron importantes movilizaciones sociales en varias ciudades de Quebec contra la política de austeridad impuesta por el gobierno de Philipe Couillard. La respuesta es aún incipiente sin embargo y no alcanza la masividad del llamado printemps erable contra la política educacional del gobierno Charest. Sin embargo, estas políticas están en clara la filiación con los primeros intentos del gobierno liberal de Jean Charest en 2003, cuando proponía la reingeniería del estado con los partenariados público y privado y terminar con la herencia de los programas sociales instalados durante la llamada “revolución tranquila”. Filiación también con la política de aumento de las matrículas en la educación en las postrimerías del gobierno Charest.
Este es el tercer intento velado de transformación profunda de la misión del estado quebequense heredado de la llamada revolución tranquila por los liberales, siendo que es la más importante red de protección social de América del Norte. Todo ello bajo el argumento de la necesidad de recortes en el presupuesto fiscal para controlar el déficit. Ya en el pasado, el gobierno pequista de Lucien Bouchard usó el argumento de terminar con el déficit fiscal pero sin pretender cambiar el modelo de relaciones entre el estado y la sociedad.
Tras el objetivo de reducir varios miles de millones dólares de déficit, el gobierno ha impuesto no solo recortes en todos los ministerios, sino que además, busca una revisión de todos los programas y ya está realizando transformaciones estructurales marcadas por el signo de tener menos Estado, más de 30 años después del neoliberalismo a lo Madame Thatcher. Algunos atribuyen la posición ideológica de Philipe Couillard a un pos neoliberalismo que se basaría en las propuestas de unos autores de la ultraconservadora revista inglesa The Economist. De acuerdo a esas tesis, lo que se requiere es un estado muy pequeño y dejar paso al libre mercado. No es muy novedoso!
El problema es que como con el caso de la reingeniería de Jean Charest, la cuestión no fue discutida en campaña electoral.
En efecto, al igual que los pequistas, los liberales insistieron en la campaña electoral en la necesidad de reducir el déficit fiscal, pero no hablaron de transformar el rol del estado. .. Y es lo que han estado haciendo además de hacer recortes indiscriminados del 10% en los gastos de todos los ministerios y servicios.
Por un lado, la propuesta ley de transformaciones del sistema de salud, busca eliminar todas las instancias intermedias como las agencias de la salud y servicios sociales y crear una serie de comités de salud y servicios sociales integrados. Se trata de una política que reduce las posibilidades de enfoques regionales o de aplicar políticas de prevención, favoreciendo más bien las relaciones de carácter clínico entre los pacientes y los médicos, como si fuesen los únicos actores de un sistema de salud. Además como se espera reducir grandes cantidades de dinero, es difícil pensar que los servicios no se verán afectados. Además como en el caso de otras medidas, se plantea la concentración del poder en el ministro de la salud, quien tendrá la capacidad de imponer directamente sus decisiones a nivel local a pesar de las evidentes diferencias de ocupación del territorio y de recursos disponibles entre las zonas rurales y urbanas en Quebec.
Por otro lado, están las recientes medidas de eliminación de las agencias regionales de inmigración que debían posibilitar una atención más apropiada de la integración de los inmigrantes en las diferentes regiones de Quebec. Una cuestión que frenará ciertamente que los inmigrantes puedan instalarse en otras regiones que la de Montreal y que reciban el apoyo que necesitan.
A ello se agregan los anuncios de eliminación de las instancias regionales de desarrollo social, como las llamadas conferencias regionales de los electos en las municipalidades, Les conférences regionales des élus. Instancias que permitían una mejor coordinación de las instancias políticas para la acción concertada para el desarrollo social y las políticas de inter-sectorialidad y de ocupación del territorio.
Se plantea además eliminar los Centros Locales de Desarrollo y que organismos de desarrollo local como la CDEC no tengan coordinaciones regionales y que pasen bajo control de las llamadas MRC, las agrupaciones básicas de municipalidades. El problema de todas estas políticas de eliminación de estructuras es que desarticulan el tejido social del estado en apoyo a iniciativas regionales ó locales tanto de organismos comunitarios autónomos como de iniciativas económicas locales en lo que se da llamar como el capital social. Al no plantearse un traslado de los recursos hacia estos niveles locales, es seguro que se afectaran los servicios a los ciudadanos y al desarrollo local. Por ejemplo, ya se eliminaron las medidas del fondo de empleos para el desarrollo social que permitían subvenciones de hasta un año y medio en nuevos proyectos de economía social. Además, las instancias como las MRC son instancias de carácter administrativo y no están preparadas para ocuparse de problemas de desarrollo social, menos aún cuando no van a recibir nuevos fondos que permitan capacitar ese nivel municipal. Como efecto, las desigualdades entre las regiones aumentarán.
El gobierno Couillard, planea además la eliminación de las comisiones escolares, establecidas en Quebec sobre el principio de que cuando los ciudadanos deben pagar impuestos, ellos pueden elegir las instancias que permiten gestionar esos fondos, para que no sean controladas exclusivamente por funcionarios. El gobierno liberal señala que si hay muy baja votación en las elecciones de las comisiones escolares, eliminaría ese nivel de gobierno. Con ello aplica la política ultraconservadora de la Acción Democrática de Quebec y de su heredera, la CAQ, Coalición avenir Quebec. Sin embargo, nadie puede decir a ciencia cierta qué es lo que va a reemplazar las comisiones escolares, porque, nuevamente, se trata de algo que no fue presentado por el partido liberal durante la reciente campaña electoral y el ministro de Educación es muy confuso.
Todas estas políticas indican que se trata no solamente de hacer recortes en los gastos fiscales para volver al equilibrio presupuestario. Sin embargo ello no se explica. El primer ministro ha hablado de restablecer y fortalecer las funciones básicas del Estado. Algo que en el discurso neoliberal implica menos estado, y en ningún caso mejor Estado como pretende obtener le primer ministro Philipe Couillard.
La ley tres que busca limitar los ingresos de las pensiones de los empleados municipales, indica que el gobierno liberal mayoritario de Philipe Couillard, prepara una vasta ofensiva contra el movimiento sindical en el sector estatal y para estatal, tratando de defender la idea de que si se suman los votos de la CAQ y de los liberales, la mayoría votó por esos enfoques conservadores de la política estatal, que acarrearía dar mayor peso al sector privado en la entrega de servicios financiados por el estado
La movilización social del viernes contra la política de austeridad del gobierno Couillard indica que comienza la movilización social contra reformas substanciales de la relación entre el estado y la sociedad que van aglutinando sectores afectados por las políticas del gobierno Couillard.
No está claro si esas movilizaciones serán suficientes pero ellas vaticinan nuevas convulsiones sociales que pueden detener los aspectos más negativos del enfoque post-neoliberal del gobierno Couillard. Pero hay urgencia porque los efectos sobre las desigualdades sociales, los efectos sobre el medio ambiente, sobre el tipo de desarrollo de Quebec por el plan Norte que favorece las mineras, serán enormes. La próxima movilización está anunciada para fines de noviembre
Una situación que hay que seguir y denunciar paso a paso.
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Atentados ligados a la guerra de Canadá contra el grupo estado islámico en Siria y el Levante, Daesh.
La guerra de religiones del oriente medio llegó sorpresivamente al Canadá.
Los hechos son simples:
El lunes 20 de octubre Martin Couture-Rouleau atropelló dos militares en un centro comercial de St-Jean sur Richelieu, uno de ellos falleció de sus heridas, el otro sobrevivió. Luego de una fuga y loca persecución por la policía, Martin Couture-Rouleau fue ultimado a balazos, luego que su vehículo volcara, por policías, cuando descendió de su camión armado de un puñal. El mismo día en el parlamento federal, el primer ministro Stephen Harper, en respuesta a la pregunta de un diputado de su propio partido, fue el primero en vincular el hecho con un atentado de carácter terrorista porque en la nueva nomenclatura de los servicios secretos canadienses “se había radicalizado”, luego de convertirse al Islam. Luego se confirmó que Martin Couture-Rouleau estaba en la lista de 93 sospechosos de lazos con la Jihad Islamista,en apoyo al Daesh o grupo estado islámico en Siria y el levante, por lo que se le había prohibido subir en un avión donde esperaba viajar a Pakistán y se le había confiscado su pasaporte. También se supo ulteriormente que había dejado un video, que confirmaba el carácter político de su gesto, pero esto no ha sido publicado.
El miércoles 22 de octubre, Michael Zehaf-Bibeau, un itinerante sin mayores vínculos sociales, que también se habría convertido al islam y se habría radicalizado, asesinó el sargento Nathan Cirillo, quien montaba la guardia del monumento a los canadienses caídos en las guerras en las que ha participado este país. Zehaf-Bibeau corrió después y entro en el parlamento llegando frente a las puertas en que se reunían los grupos parlamentarios conservador y del Nuevo partido demócrata. Antes que hiciera más daño, fue ultimado por la seguridad del parlamento.
Producto del inédito ataque contra el parlamento canadiense, sus sesiones fueron suspendidas todo el día y la capital nacional se encontró en virtual estado de sitio. Se trató de la primera vez que el parlamento canadiense era atacado, recordando los eventos del ataque de Marc Lepine contra la asamblea nacional Quebec en los años 80.
Las explicaciones son más complejas.
Una de las tesis fue la del ataque terrorista y que la democracia canadiense sufría el ataque de canadienses radicalizados y ligados al llamado grupo del estado islámico de Irak y el levante, Daesh.
Sin embargo, hasta ahora no se ha podido comprobar que los ataques correspondieran a una conspiración internacional o que ambos ciudadanos canadienses tuviesen lazos directos con grupos islámicos, o entre ellos.
En ambos casos, el uso de un camión en uno y en el otro de una carabina 30-30, de muy antigua confección, ameritan la tesis de acciones individuales y no de una conspiración. Además no se establecido siquiera que se conocieran.
La otra tesis es que se trató de ataques realizados por dos personas con un frágil estado mental que se habrían radicalizados producto de la propaganda djihadista en sitios Internet.
Aunque las dos aseveraciones anteriores son reales, es difícil aceptar que se trate de un hecho sin causas comunes.
Efectivamente, Martin Couture se había convertido al Islam y se encontraba en precaria situación económica. Zehab-Bibeau, tenía prontuario criminal, y tenía fragilidad mental y estaba en la lista de sospechosos porque se le había también quitado su pasaporte y esperaba tener un pasaporte libio. Había trabajado en el oeste de Canadá para financiar su viaje a Libia.
La explicación puede encontrarse entre las dos tesis anteriores.
Por un lado, está claro que no existía una conspiración organizada. También respondía a un proceso de radicalización provocado por la propaganda de los djihadistas. Se confirma que se trató de dos marginados que buscaron castigar Canadá por su participación en la guerra contra el Daesh. El ataque contra militares, en tanto que símbolos de la intervención armada de Canadá, es importante y envía un mensaje inequívoco.
Las consecuencias aparecen aún más complejas.
La primera, es la confirmación que Canadá está efectivamente en estado de guerra contra Daesh, por lo que sufre las consecuencias propias del tipo de guerra desarrollada por esos djihadistas, integristas religiosos extremistas. Ellos recurren a la guerra sicológica sembrando propaganda a través del Internet.
Es un fenómeno semejante al que se observa en otros países que participan en la guerra contra el grupo del estado islámico de Irak y el levante, Daesh, dirigida por Washington y que no ha recibido el beneplácito del consejo de seguridad de la ONU.
Ciertamente, es importante diseñar una estrategia de control de individuos en situación de fragilidad frente a la propaganda djihadista, pero es difícil coincidir en que ello habría podido evitar los atentados. No funcionó.
La segunda, es que la situación creada por los atentados djihadistas favorece el reforzamiento de las medidas de seguridad por parte del gobierno federal. Medidas que aumentan el poder de investigación del SCRS, servicio de seguridad canadiense al punto que se pretende castigar las intenciones por lo que viola aspectos fundamentales de carta fundamental de derechos y libertades civiles.
La mayor parte de los observadores señalan que ya existe un arsenal de disposiciones que permiten que se pueda actuar y que las leyes actuales ya han servido en el caso de otros presuntos ataques.
Lo cierto es que el gobierno conservador de Stephen Harper usa el contexto para imponer nuevas medidas de seguridad que satisfacen su base social conservadora en el oeste canadiense.
La tercera consecuencia, es la de reabrir el debate sobre las guerras que desarrolla Canadá en el extranjero en los últimos años bajo el gobierno del primer ministro conservador Stephen Harper.
No ha existido un verdadero debate y cuestionamiento de los argumentos de la guerra emprendida por el gobierno canadiense y exigido por la oposición Neodemócrata y Liberal. Las encuestas indican que los canadienses siguen privilegiando mayoritariamente su política tradicional de multilateralisno y privilegian las soluciones diplomáticas, como lo plantea organizaciones pacifistas el colectivo “echec a la guerre”.
Hasta el ex primer ministro canadiense Jean Chrétien publico una carta abierta en la que defiende la tesis del apoyo humanitario y la diplomacia como la política exterior más apropiada para Canadá, de acuerdo a su peso internacional. La contribución militar canadiense es de carácter más simbólico, siendo que en el campo humanitario y de la diplomacia puede efectivamente obtener un impacto mayor. Además en esa crítica, es necesario destacar el balance de 14 años de guerras e intervenciones en la región, en Irak, Afganistán, e incluso en Libia. Las intervenciones de la llamada comunidad internacional, en lugar de pacificar esas regiones y dar estabilidad a la región habrían incidido en el surgimiento de grupos con visiones cada vez más extremistas. Una situación que amerita las críticas y apunta a la necesidad de definir otro rol para Canadá en la región. Se requiere un verdadero debate sobre la política exterior canadiense más allá de estos lamentables atentados sufridos por víctimas inocentes.