El Tribunal Constitucional y la bala de plata de oro para detener las reformas Supongamos que el Gobierno lograra la apro
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Puesta online a las 22:35, el 21 de Noviembre del 2014
El Tribunal Constitucional y la bala de plata de oro para detener las reformas
Supongamos que el Gobierno lograra la aprobación de los primeros proyectos de reforma educacional en el Senado, y sin que estos sean desvirtuados por la presión del ala derecha de la Democracia Cristiana - pienso que este sector va a lograr que esta reforma se transforme en un león desdentado y cobarde que el de El mago de Oz – restaría el recurso al Tribunal Constitucional que, de seguro, fallaría a favor de la derecha, anulando los artículos cuestionados.
Si el Gobierno quiere ser consecuente con su programa y cumplir con quienes lo votaron, se vería obligado a tomar dos caminos: 1) transar con la Democracia Cristiana y la derecha, como sucedió con la reforma tributaria recientemente aprobada; 2) luchar en el Tribunal Constitucional y, de perder, convocar a un plebiscito a fin de que los ciudadanos decidan o no sobre la instalación de una Asamblea Constituyente.
Se puede discutir si el plebiscito para convocar a una Asamblea Constituyente debió haber sido realizado previo a la presentación de la reforma, aprovechando que en los primeros tres meses de mandato se contaba con un alto porcentaje de apoyo - fue el camino exitoso del Presidente de Ecuador, Rafael Correa – o bien, esperar que el rechazo de algunos artículos principales de la reforma terminen por convencer a la ciudadanía sobre la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente, ahora con una mayor acumulación de apoyo producto de la convicción de que sin una nueva Carta Fundamental ninguna reforma es posible.
La tesis de “los cerrojos”, que ha destacado el constitucionalista Fernando Atria, se ha revelado como una “jaula de hierro”, que se basa en la famosa citar de Jaime Guzmán, publicada en la revista El camino político”, en diciembre de 1979:
“En vez de gobernar para hacer, en mayor o menor medida, lo que los adversarios quieren, resulta preferible contribuir a crear una realidad que reclame de todo el que gobierne una sujeción a las exigencias de esta. Es decir, que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno anhelaría, porque el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”. En este campo y con las mismas trampas se ha jugado la política hasta el día de hoy, y sin una ruptura constitucional es ilusorio intentar salir de la jaula de hierro guzmaniana – a mi modo de ver -. Los autocomplacientes de la Concertación nunca tuvieron la voluntad real de hacerlo y sólo se podían conformar con reformas a la Constitución siempre consensuadas, así, la del Presidente Ricardo Lagos, en 2005, representó lo máximo que se podía hacer por la vía de los cambios a la Carta Fundamental.
Es ridículo creer que la convocatoria a un plebiscito y que de este acto derive una Asamblea Constituyente, sea algo parecido a un paseo dominical en una tarde soleada, pues la realidad nos demuestra que la gran mayoría de las Asambleas y Cortes Constituyentes han surgido
desde profundas crisis del sistema político y, para probar este aserto, no es necesario remontarse a la Revolución Francesa, a la Independencia de Estados Unidos, a las revoluciones burguesas de 1848, la Constituyente , que surge de la Revolución Mexicana, o, más recientemente, las Asambleas Constituyentes como la de Colombia, que tuvo como causas inmediatas el asesinato de dos candidatos presidenciales y una crisis profunda, que conducía a una Estado inviable; en Venezuela, el sistema político, con sus partidos – COPEI y ADECO – completamente deslegitimados; en Ecuador, por los sucesivos golpes de Estado; en Bolivia, casi ad portas de una guerra civil; en España, las tres Constituciones históricas: la liberal, de 1812, la de la Segunda República, de 1931, y la posfranquista, de 1978, también surgen de radicales contradicciones políticas. La muy admirada y moderna Asamblea Constituyente de Islandia surgió, nada menos que como una forma imperiosa de solucionar el derrumbe del sistema bancario.
Sostengo que en Chile, de convocarse a una Asamblea Constituyente, sería producto de una crisis de representación, gobernabilidad, legitimidad y credibilidad, que las castas políticas se niegan a ver y a asumir, por lo demás, en la historia ha sido la actitud constante de las élites. Camilo Escalona – hoy candidato a la presidencia del Partido Socialista – al referirse a los partidarios de la convocatoria a la Asamblea Constituyente, lo hace con la despectiva frase de “fumadores de opio”; a lo mejor, quiere jugar el mismo papel del Conde de Mirabeau, en la Revolución Francesa, al decir que si no hubiera tenido tan mala fama hasta podría haber salvado la monarquía. Escalona y Zaldívar quieren jugar el mismo papel al proponer una reforma que surja del seno de una comisión mixta parlamentaria – es decir, hecho a su medida -.
En la actual crisis de representación, el Parlamento cuenta con el rechazo de más del 90% de la ciudadanía, así, no tiene ninguna legitimidad para hacer una nueva Constitución y, si agregamos que la mayoría de los congresistas han sido elegidos con menos del 20% del universo electoral, esta ilegitimidad se acentúa. Digámoslo claramente y dejemos de lado las aguas tibias: la Asamblea Constituyente dejaría fuera de circulación al actual Congreso.
No se trata de refundar la República - ya murió en 1973 – sino de fundarla, pues lo que tenemos hoy es una monarquía plutocrática de castas, con partidos políticos que son más mafias que conectores con la sociedad civil, además de una democracia de baja intensidad donde ni siquiera se cumple la teoría clásica de los balances y contrabalances, la famosa separación de poderes. Para más de los ridículos, ni siquiera el Presidente de la República manda como monarca casi absoluto, sino un Tribunal Constitucional que legisla a su amaño y que no responde ante de sus fallos.
Rafael Luis Gumucio Rivas
21/11/2014