La cuenta pública de Bachelet en Chile y la crisis de la clase política chilena Marcelo Solervicens A poco más de un año de i
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Puesta online a las 10:03, el 25 de Mayo del 2015
La cuenta pública de Bachelet en Chile y la crisis de la clase política chilena
Marcelo Solervicens
A poco más de un año de iniciado su segundo mandato, Michelle Bachelet presentó el jueves pasado la tradicional cuenta pública anual de los presidentes frente al congreso pleno en la ciudad de Valparaíso. Una jornada caracterizada además por una manifestación de descontento por la timidez de las reformas y que fue fuertemente reprimida.
Se esperaba que el segundo mandato de la presidenta, y luego del corto mandato del derechista Sebastián Piñera, estuviera marcado por las reformas estructurales que permitirían responder a las exigencias ciudadanas en materia educacional, de reducción de las desigualdades y sobre todo de reforma del sistema político cambiando la constitución con participación ciudadana. El contexto de crisis creada por escándalos de corrupción que afectan el conjunto de la clase política chilena, afecta la imagen del gobierno y su programa de reformas.
El un largo discurso, la presidenta, presentó los logros del último año: entre otros, la ley que termina con el lucro en la educación subvencionada, la ley tributaria, el voto para los chilenos en el exterior. También las medidas adoptadas para enfrentar los desastres naturales como el mega incendio en Valparaíso, los aluviones en el Norte de Chile, la explosión del volcán Calbuco, finalizar la reconstrucción por el terremoto de 2010 y las sequias.
También hizo varios anuncios concretos[1]. Por ejemplo, la ley que permitirá ampliar la gratuidad de la educación (sin beca ni crédito fiscal) que beneficiaría cerca de 264 000 estudiantes de centros de formación técnica, institutos profesionales acreditados y sin fines de lucro, o a universidades públicas. Una etapa hacia la gratuidad universal según la presidenta. Prometió que para el término de su presidencia en 2017 el 60% de los estudiantes más vulnerables estudiará gratis en la educación superior a partir de 2016. Un anuncio bien acogido, tanto en la FECH (presidenta de la FECH, Valentina Saavedra) como por Giorgio Jackson del partido Revolución democrática, pero se espera mayor claridad sobre los pasos.
También planteó invertir el proceso de flexibilización laboral del estado, terminando con los trabajadores permanentes contratados con honorarios. El fin de las cotizaciones de salud para los jubilados, que beneficiará a más de 340 mil pensionados. Nuevamente se propone la vieja promesa de 1989 de crear el ministerio y el Consejo de pueblos indígenas, para erradicar fuentes de conflicto y avanzar a la paz social.[2] También sigue esperándose la adopción de la ley que crea la subsecretaria de derechos humanos, como órgano coordinador en la materia y abocándose a la promoción de la educación en Derechos humanos.
En materia económica, no hubo grandes propuestas, luego de la tímida reforma tributaria, no se plantean cambios estructurales al modelo de libre mercado heredado de la dictadura. Se propone reactivar la economía con el aumento del gasto fiscal en 9,8% y con la inversión estatal en obras publicas. El crecimiento económico de Chile sigue bajo. Fue de 1,9% en 2014; de 2,7% en 2015, y se espera un 3,7% para el año 2016, de acuerdo al Banco Central.[3] Chile sigue afectado por la caída del precio del cobre y de la inversión, la más baja en 35 años (siete trimestres en rojo)
La presidenta Michelle Bachelet confirmó su anuncio, de iniciar en septiembre un proceso de reforma de la constitución que calificó de “amplio, participativo, democrático e incidente”. Nadie sabe todavía lo que ello significa. Para algunos se aleja la posibilidad de la creación de una asamblea constituyente. Deja abierta la puerta a que sea una comisión de expertos, o el propio congreso actual quien la elabore y sea sometida a plebiscito. En la práctica todo hace pensar que la nueva constitución será el fruto de un pacto de la actual clase política con mecanismos limitados de consulta ciudadana. La coalición gubernamental Nueva Mayoría parece preferir un acuerdo a puertas cerradas que respete un “equilibrio adecuado entre una participación ciudadana realmente incidente y un momento institucional legítimo y confiable”.[4]
En suma se trató de un discurso que no pasará a la historia. Estuvo marcado por la profunda crisis política creada por la revelación de escándalos de corrupción conocidos como el caso Penta, Soquimich y el llamada caso Caval, que concierne familiares de la propia presidenta. Una crisis que llevó al cambio del gabinete y la creación del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencia y la Corrupción. La presidenta llama a restablecer la confianza ciudadana en la clase política y salvar las instituciones. Lo cierto es que todo indica que lo que se conoce de la corrupción es la punta del Iceberg de un problema más profundo. Nadie cree en Chile que ya se descubrió todo. Se sabe que las empresas mineras, pesqueras, forestales, eléctricas y de todo tipo financian las campañas electorales presidenciales, de parlamentarios, alcaldes y concejales. Incluso es del dominio público que en la última elección las empresas prefirieron apoyar Nueva Mayoría convencidos que no se harán cambios estructurales y que si puede evitar crisis sociales un gobierno de Nueva Mayoría.
Frente a la corrupción inscrita en el sistema heredado de la dictadura el discurso del 21 de mayo repite respuestas de gobiernos anteriores que no dieron ningún resultado, como frente al escándalo MOP-Gate, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, resuelto por un acuerdo de la clase política, entre la partidos de derecha y de la Concertación, conocido como el acuerdo Lagos-Longueira.
O con instancias creadas por ley como el Consejo de la Transparencia, bajo la anterior presidencia de Bachelet, que tampoco dio resultados. Para observadores críticos el problema está ligado al carácter elitista del sistema político heredado de la dictadura que creó una clase política separada de los ciudadanos, que da un acceso estructural al tráfico de influencia de los negocios, en un sistema de libre mercado en que el voto ciudadano tiene menor valor que el de los empresarios.
Bachelet había justificado su segundo mandato presidencial para terminar con las deudas pendientes de la Concertación (acabar con la desigualdad social, desmontar la herencia de la dictadura, etc.) sin embargo, la reforma tributaria fue desplazada por el pacto con la derecha y la preocupación por el crecimiento económico; la reforma educacional aparece como una carrera de obstáculos y la nueva constitución se busca en el marco de un acuerdo político amplio de la actual clase política.
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[1] Para ver las 57 medidas propuestas en el discurso, ver : http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=147219
[2] Ver: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20150521/pags/20150521195741.html
[3] Ver : http://diario.latercera.com/2015/05/22/01/contenido/pais/31-190097-9-medidas-anunciadas-ponen-presion-al-fisco-en-medio-de-desaceleracion.shtml
[4] Ver : http://diario.latercera.com/2015/05/22/01/contenido/pais/31-190092-9-bachelet-abre-foco-de-criticas-por-omisiones-sobre-constitucion-y-crecimiento.shtml