Puesta online a las 8:04, el 15 de Septiembre del 2009
Señores de Chile Informa:
En una carta pasada que ustedes tuvieron a bien publicar bajo el nombre de Negación de recursos en caso de DDHH, expliqué nuestro caso y el camino que hemos recorrido para obtener justicia por el fusilamiento de mi esposo y seis compañeros en la Décima Región en 1973.
Mario César Torres Velásquez,
Mario Cárcamo Garay
José Antonio Barría Barría
José Luis Felmer Klenner
Francisco del Carmen Avendaño Borquez
Oscar Arizmendi Medina
Felizmente hemos logrado el contacto de la abogada Pamela Sánchez nieto de Santiago, quien nos patrocina en nuestra querella en forma gratuita por su trabajo profesional. No obstante, es necesario desplazarla desde Santiago hasta Puerto Montt cada vez que necesitamos gestionar alguna nueva diligencia. Esto ya se ha repetido en varias ocasiones en las cuales con gran esfuerzo de las familias lo hemos logrado, pero, se trata de familias de escasos recursos y no pueden sostener estos costos, lo que impide que las diligencias se lleven a cabo con la suficiente celeridad y oportunidad que debe ser para lograr un buen trabajo.
Los abogados de la zona no son confiables debido a que están sometidos a las presiones del mercado. Y no son especialistas en casos de Derechos Humanos.. Eso nos llevó a solicitar abogados de Santiago, pero es necesario trasladarlos al sur, eso no demanda un gasto por viaje que asciende aproximadamente a US 600, por gastos de transporte y alojamiento. En ocasiones ha sido necesario repetir estos viajes dos veces en un mes.
Por lo tanto nos dirigimos a usted con la idea de solicitar a las organizaciones internacionales y en especial a las organizaciones de Derechos Humanos de Canadá para que nos presten su colaboración económica para sostener nuestra lucha en demanda de justicia.
Hemos solicitado esta misma ayuda al gobierno y se nos ha negado: ni nos pagan un abogado ni lo financian. No queremos bajar los brazos la sangre de nuestros familiares es sagrada para nosotros, estamos dispuestos a recurrir a todas las instancias. Por esta razón nos dirigimos a los compañeros de organizaciones del exterior para que nos ayuden en nuestra cruzada.
Adjunto carta solicitando ayuda al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, gestión que ni siquiera fue respondida.
EDI RODRIGUES RIBEIRO
Tel. 792 90 39
edi rodrigues [edirodriguesr@gmail.com]
Santiago, 20 de noviembre de 2008.
Señora
Rosemarie Bornand Jarpa
Secretaria Ejecutiva
Programa de Derechos Humanos.
Ministerio del Interior.
Presente.
Ref. Da cuenta de situación y solicita
que se tomen las medidas pertinentes.
JULIO BARRÍA CÁRDENAS, abogado jefe del Centro Especializado de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial, y LEONARDO COFRE PÉREZ,
postulante habilitado de dicho Centro, domiciliados para estos efectos en Agustinas 1419 Piso 2, comuna de Santiago Centro, en representación de doña EDI RODRIGUES RIBEIRO, domiciliada en calle Friburgo N° 491, comuna de La Florida, a la Secretaria Ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, respetuosamente decimos:
Por la presente, y junto con saludarle, venimos en hacer presente la compleja situación que afecta a doña Edi Rodrigues, víctima de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile durante la Dictadura y a solicitar las posibles acciones con las que el Programa del cual Ud. es Secretaria Ejecutiva podría colaborar.
En efecto, doña Edi Rodrigues fue cónyuge de don Mario César Torres Velásquez, ejecutado político en la ciudad de Puerto Montt, por la decisión de un Consejo de Guerra el 19 de octubre de 1973, junto con otras cinco personas, caso conocido como el de los "Fusilados de Chamiza". Luego de años de trabajo, investigación y tesón ha recurrido a nuestra Oficina Especializada con el objetivo de perseguir criminalmente a los asesinos de su ex marido. Con esos antecedentes, fue confeccionada una querella criminal, el que según las reglas de la competencia en materia penal recayó en el 2° Juzgado del Crimen de Puerto Montt. Esta querella fue presentada el 28 de agosto de 2008 y a la fecha la investigación se ha desarrollado normalmente, debido al diligente actuar de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones.
Sin embargo, debido a las precarias condiciones económicas en las que se encuentra esta Corporación, y el alejado lugar en el que se desarrolla este juicio, es imposible el que este abogado jefe o el postulante habilitado encargados de esta causa puedan tener el control y fiscalización permanente que este juicio exige. Por ello, y en cumplimiento de las obligaciones legales y éticas que ordenan nuestra profesión y al organismo público al que representamos, en un primer momento se logró contactar a un abogado quien representaría no sólo a doña Edi Rodrigues, sino que también a otros familiares de ejecutados que se han adherido a la querella.
El caso es que, en atención a los poderosos argumentos entregados por doña Edi Rodrigues y los demás familiares, hemos estimada fracasada esa gestión, ya que en la actualidad se está produciendo una indefensión de facto. que atenta no sólo contra la memoria de los ejecutados políticos y la integridad de sus familiares, sino que también el nombre de este Gobierno y el Estado de Chile a nivel internacional.
que se le provea de los pasajes aéreos necesarios (estimamos que en atención a las circunstancias del caso corresponderían cuatro viajes al mes) y un pequeño viático para cumplir de manera adecuada esta función, los que ascenderían a la suma de $ 1.500.000.-
Es por esta razón que acudimos a su Programa y a las facultades que a Ud. se le han otorgado. Dicho programa tiene como sus misiones, entre otras, el esclarecimiento de la verdad acerca de las más graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, y el prestar asistencia legal y social a los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos calificados como víctimas de violación de derechos humanos o de la violencia política, por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación ("CNVR"), y por su sucesora, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, (CNRR)1, como ocurre en este caso ya que el nombre de don Mario Torres Velásquez consta en el Informe Rettig.
Por lo anterior, es que solicitamos que en virtud de las facultades que el ordenamiento jurídico les ha otorgado, se tomen las medidas necesarias para atender la compleja situación que actualmente sucede en el caso de doña Edi Rodrigues. Concretamente, solicitamos que se otorguen los medios económicos necesarios tan sólo para solventar los gastos relativos a viajes y viáticos del abogado que patrocine esta causa.
También, con el objetivo de entregar más antecedentes de las situaciones antes descritas, es que solicitamos una reunión con su persona, de modo de exponer con más detalle el problema que da origen a esta misiva, y obtener una respuesta formal acerca de las solicitudes que aquí se han presentado.
POR TANTO, en virtud de todo lo expuesto.
SOLICITAMOS A UD. Tener presente la compleja situación que hemos dado cuenta, y tomar las medidas necesarias para solucionar los problemas señalados.
Edi Rodrigues Ribeiro