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Juez dicta masiva acusación por crimen de Eugenio Berríos . El magistrado estableció que fue una operación coordinada entre l

El ministro Alejandro Madrid formuló cargos contra 19 personas por su participación en el secuestro y homicidio del ex químico de la DINA, retenido en Uruguay para evitar que declarara en causas de DDHH....

Puesta online a las 0:56, el 28 de Septiembre del 2008

Por Andrea Chaparro / La Nación

El magistrado estableció que fue una operación coordinada entre los ejércitos de Chile y Uruguay
Juez dicta masiva acusación por crimen de Eugenio Berríos

El ministro Alejandro Madrid formuló cargos contra 19 personas por su participación en el secuestro y homicidio del ex químico de la DINA, retenido en Uruguay para evitar que declarara en causas de DDHH.

El ministro en visita Alejandro Madrid dictó ayer una masiva acusación contra militares y civiles chilenos, a los que se sumaron tres ex uniformados uruguayos, involucrados en el secuestro y homicidio del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, quien fue encontrado muerto en abril de 1995 en la playa El Pinar, Montevideo, tras permanecer cerca de cuatro años oculto contra su voluntad, víctima de un operativo de inteligencia con el que se impidió que declarara en las investigaciones judiciales por los crímenes del ex diplomático chileno-español, Carmelo Soria, y del ex canciller Orlando Letelier.

En la resolución, el magistrado formuló cargos por el delito de secuestro con homicidio, secuestro y asociación ilícita en contra del entonces director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Eugenio Covarrubias Valenzuela (encubridor), quien al asumir el cargo en diciembre de 1991 fue informado de la situación de Berríos en Uruguay, advirtiéndosele los motivos por los que fue sacado del país ese año y que existía "necesidad de mantenerlo vigilado, ya que su estilo de vida y afición al alcohol ha causado problemas", reseña el dictamen.

Mientras que por secuestro con homicidio (autor) y asociación ilícita acusó al mayor (R) Arturo Silva Valdés, encargado de la unidad especial de la DINE denominada "Asesoría de Análisis", que dependía directamente de quien estuviera a la cabeza del organismo.

En ese puesto, Silva recibió la orden de esperar en el aeropuerto de Buenos Aires al ex químico que viajaba escoltado por el oficial de Ejército Pablo Rodríguez Márquez (acusado de secuestro). Allí permanecieron dos días y luego partieron a Uruguay.

Según el fallo, esta no era la primera operación de inteligencia de esta índole. Fue "similar a las realizadas con los mayores de Ejército (R) Carlos Herrera Jiménez y Arturo Sanhueza Ros, quienes, por orden de de la DINE ( ), fueron llevados a Uruguay (donde) con la cooperación de oficiales del ejército de ese país, se les mantuvo fuera del alcance de la justicia chilena por encontrarse comprometidos en procesos por violaciones de los derechos humanos", consigna el juez.

En la tarea de seleccionar a aquellas personas que era preferible sacar del país y refugiar en naciones vecinas habría participado el ex auditor general del Ejército, general (R) Fernando Torres Silva y su entonces mano derecha, el coronel (R) Enrique Ibarra Chamarro, quienes seguían de cerca los casos conflictivos en los tribunales.

De hecho, en la investigación se estableció que la Auditoría y la DINE bloquearon la acción de los magistrados que indagaban las causas por delitos de lesa humanidad.

El secuestro del químico

El ministro también formuló cargos por el delito de secuestro, asociación ilícita y obstrucción a la justicia en contra del director de la DINE general (R) Hernán Ramírez Rurange, antecesor de Covarrubias en el cargo, así como contra el brigadier (R) Manuel Provis Carrasco que en octubre de 1991 estaba a la cabeza del entonces Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE).

Según el fallo, Provis mantuvo a Berríos en las dependencias de ese cuartel militar donde se coordinó su salida de Chile bajo la custodia de agentes especiales del DINE vía Punta Arenas hacía Argentina y con destino final Uruguay.

El texto agrega que durante 2002 Berríos vivió en el barrio Los Pocitos, en Montevideo, donde era controlado por distintos militares chilenos y tres ex oficiales de inteligencia uruguayos: Tomás Casella Santos, Eduardo Radaelli Copilla y Wellington Sarli Pose. Todos acusados de secuestro.

En noviembre de ese año, el químico cansado del cautiverio intenta escapar y se comunica con el consulado de Chile en Uruguay para conseguir un salvoconducto. Poco después logra llegar a una comisaría local y relata su historia pero fracasa.

Hasta ese lugar llegan sus vigilantes y aseguran que está perturbado. Es trasladado a un policlínico para ser examinado y el doctor de turno concluye que es un hombre normal, pero el mismo Berríos duda sobre su decisión y, finalmente, regresa con sus custodios. Después de eso se le pierde la pista hasta el 13 de abril de 1995, cuando se encuentran sus restos óseos los que evidenciaban impactos de bala y signos de violencia.

OCULTAR Y REFUGIAR

El magistrado estableció que:

- “Las acciones (...) fueron realizadas entre 1991 y 1993 por personal en servicio activo de los ejércitos de Chile y Uruguay, que apartándose de las funciones propias de sus cargos, formaron una organización paralela a la estructura regular del mando (...) para lo cual se coordinaron”.

- “(Los militares) procedieron a participar en diversas acciones tendientes a sustraer de la acción de la justicia y proporcionar refugio a militares y civiles que se encontraban imputados en diversos crímenes (...) cometidos durante el régimen militar”.

“A pesar de que estos hechos (...) han podido llegar a comprometer la seguridad interna del Ejército de Chile y el prestigio de la administración de justicia”.

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