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• Las próximas elecciones presidenciales y de Congreso Chile • Las denuncias de Richard Colvin sobre la complicidad de Canad

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Puesta online a las 23:00, el 23 de Noviembre del 2009


• Las próximas elecciones presidenciales y de Congreso Chile
• Las denuncias de Richard Colvin sobre la complicidad de Canadá en la tortura en Afganistán
• El camino hacia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Copenhague


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Las próximas elecciones presidenciales y de Congreso en Chile
Más de 8 millones de ciudadanos Chilenos deben concurrir a las urnas el 13 de diciembre próximo para elegir presidente, la totalidad de los diputados y la mitad del senado en el país austral. Más allá de la más que probable quinta victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de un abanderado de la concertación desde Diciembre de 1989, esta vez, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la compleja realidad chilena revela fuerzas centrífugas que harán estallar la coalición en el futuro próximo por el agotamiento del proyecto concertacionista. Veamos algunos antecedentes.
En primer lugar, las previsiones de resultados. Para las presidenciales, las encuestas indican que en la primera vuelta, el 13 de diciembre, que hay una importante división del voto de la llamada centro izquierda concertacionista, entre el candidato de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y los candidatos presidenciales salidos del partido socialista, miembro de la coalición gobernante, Marcos Enriquez-Ominami, Jorge Arrate, y Alejandro Navarro. La diferencia principal es que en esta oportunidad todos los candidatos presidenciales surgen del tronco socialista de la coalición gobernante. Como consecuencia de ello, por primera vez ganaría en la primera vuelta el candidato único de la derecha, Sebastián Piñera, pero sin alcanzar la mayoría lo que obligará a una segunda votación en Enero.
En la segunda vuelta, todas las encuestas coinciden en prever que la victoria del candidato concertacionista Eduardo Frei, dependerá del apoyo que reciba directamente de Marcos Enriquez Ominami o de Jorge Arrate o de quienes votaron. Todo indica sin embargo que a pesar de los rasgos populistas y poco claros de la candidatura populista de Marcos Enriquez Ominami, que sus votos se trasladaran al candidato de la Concertación para cerrar el camino a Sebastián Piñera. También es más que probable el apoyo del partido comunista con quien la concertación hizo por primera vez un pacto para las elecciones al congreso. Gracias a ese pacto, los comunistas esperan hacer elegir diputado al presidente del PC, Guillermo Teillier en Estación Central, Cristian Cuevas en Lota y Lautaro Carmona en Atacama. Jorge Arrate del Juntos Podemos-Frente Amplio, ha planteado una propuesta de romper con la exclusión y ampliar la concertación proponiendo a Frei y Marcos Enriquez Ominami que se incorpore un ministerio para el Juntos Podemos en el nuevo gobierno. Lo más probable entonces es una nueva victoria del abanderado de la Concertación quien sería apoyado como en otras oportunidades por la izquierda.
La elección de Eduardo Frei, marcará un record inédito de longevidad de una coalición gobernante en Chile. La estabilidad del voto contribuye a afirmar la tesis de una victoria de Frei. En efecto, el número de electores no ha variado mucho. Al cerrarse el padrón para estas elecciones, en septiembre pasado, se habían inscrito solamente 200,000 nuevos electores respecto de las presidenciales de 2005, un aumento de sólo 3% del padrón electoral sobre los más de 8 millones de electores. Esto significa que no se inscribieron para votar, los más de tres millones de potenciales votantes, en su mayoría jóvenes, con menor tradición de filiación política y que podrían haber aumentado la incertidumbre sobre su desempeño electoral.
En segundo lugar, tras estos posibles resultados, se confirma sin embargo, el agotamiento programático de la coalición gobernante. A pesar de la popularidad de la presidente saliente Michelle Bachelett a niveles cercanos al 80% y de tener una clientela electoral cautiva, la coalición gobernante no consigue renovarse y se ha visto sometida a fuerzas centrífugas que revelan un agotamiento programático propio de una vieja y gastada coalición de gobierno. Además, a diferencia de otras elecciones, la propuesta de Eduardo Frei para su segundo mandato no es clara, no existe un documento sobre su programa de gobierno.
Valga destacar que la derecha unida tras Sebastián Piñera tampoco ha conseguido crear la imagen populista que le permitiría ganar las elecciones, como lo amenazaba la candidatura de Joaquin Lavin en 1999 o como candidatos derechistas populistas en otras latitudes que se han empinado al poder sobre la base de una campaña del miedo. La derecha política mantiene su voto histórico, cercano al 42% y la candidatura de Piñera parece estancada en esas cifras.
Puede concluirse que las elecciones presidenciales y de congreso siguen marcadas por las tendencias electorales establecidas en 1989, aunque ellas tiendan a desdibujarse cada vez más.
En tercer lugar, el panorama político refleja la urgencia de nuevas definiciones para la política chilena, que van más allá de los limitados objetivos pragmáticos del pacto de la Concertación de Partidos por la Democracia con los militares para la llamada transición y refrendados por el referendo constitucional de julio de 1989.
Entre otras urgentes redefiniciones, está la necesidad de responder a los efectos negativos del modelo económico heredado de la dictadura y fortalecido por los gobiernos de la concertación, sobre todo en momentos en que la crisis del modelo neoliberal a nivel mundial es evidente, en que se revelan los nuevos desafíos del medio ambiente que cuestionan el modelo capitalista desenfrenado y han causado el cambio climático, y mientras. La lentitud en el reconocimiento de acuciantes problemas sociales y económicos de la gran mayoría es evidente en Chile, mientras surgen en América Latina nuevas alternativas que van desde el socialismo del Siglo XXI hasta fórmulas moderadas como en Argentina, pero todas se reclaman de nuevos proyectos propiamente latinoamericanos para enfrentar las nuevas realidades y el nuevo ordenamiento del sistema mundial.
Frente a estos problemas generales, subsisten, y a pesar de algunos tímidos avances que no cuestionan los equilibrios macroeconómicos iniciativas abortadas de reforma educacional, de la salud, de la reforma laboral, de la deuda en materia de derechos humanos, de nuevas violaciones de derechos humanos cometidas contra la movilización del pueblo Mapuche, sobre los derechos de las minorías sexuales, entre otros.
Estos son algunos de los elementos que apuntan a la fragilidad y el agotamiento de los contenidos programáticos del proyecto concertacionista que hace agua por todos lados.
Ciertamente, la Concertación nació de un espíritu pragmático que reconocía las dificultades de derrocar la dictadura y para asegurar una transición sin violencia. Un reconocimiento de la relación de fuerzas negativa con los militares y la derecha, pero que con el correr del tiempo se ha anquilosado en su discurso y las propuestas frente a los nuevos desafíos y los antiguos desafíos que se dejaron en el refrigerador de la historia, veinte años más tarde se plantean con nuevas urgencias.
En esa perspectiva, la realidad ha mostrado que más que una transición, lo que se estableció con la llamada democracia de los consensos el 11 de marzo de 1990, fue un nuevo sistema político de gran estabilidad porque los mecanismos de transformación institucional son limitados. La propuesta de continuidad del gobierno no despierta gran interés y sobre todo porque la primera presidencia de Eduardo Frei de 1995 a 2000, no dejó un buen recuerdo. pero la coalición gobernante sigue beneficiando de su clientela histórica cautiva frente a la alternativa de un gobierno derechista.
Fuera del desmembramiento del tronco socialista de la coalición gubernamental, la novedad en cuanto apertura del sistema político para estas elecciones es el Pacto de la Concertación y Juntos podemos por Mas Democracia. Este pacto permitirá la entrada de algunos diputados comunistas a la Cámara. Ello puede variar el contexto y contenidos de debates políticos pero los resultados de las presidenciales y del congreso no variarán el panorama político de deterioro del sistema político más estable surgido de las dictaduras militares de seguridad nacional que conoció América latina del sesenta al ochenta. La Concertación no obtendrá, nuevamente, las mayorías necesarias para hacer los cambios que ha prometido desde el inicio de la llamada transición.

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Las denuncias de Richard Colvin sobre la complicidad de Canadá en la tortura en Afganistán
El miércoles de esta semana el diplomático canadiense de carrera Richard Colvin denunció frente al “Comité Especial sobre la Misión Canadiense en Afganistán” que los arrestados por fuerzas canadienses y entregados a las autoridades afganas, eran torturados sistemáticamente en las prisiones de Afganistán. Una situación que hace que Canadá era culpable de complicidad en un crimen de guerra de acuerdo a las leyes canadienses y al derecho internacional. El diplomático canadiense señaló también que había dado a conocer esta situación por canales institucionales correspondientes a más de 75 funcionarios e instancias gubernamentales desde 2006, antes que ella fuera dada a conocer por el Globe & Mail en 2007, y que el gobierno le solicitó en mayo del 2007 que dejara de consignar por escrito esas situaciones. Aunque el gobierno Conservador ha atacado la credibilidad de Richard Colvin, está claro que la denuncia es motivo para una investigación pública como con las denuncias en Somalia en los noventa y se trata de una nueva mancha para el expediente en materia de respeto por Canadá de los derechos humanos bajo el gobierno conservador de Stephen Harper.
En primer lugar, las denuncias de Richard Colvin este miércoles no son nuevas, por denuncias del periódico Globe & Mail se sabia desde mayo de 2007, que Canadá entregaba los prisioneros que capturaba en sus acciones militares, a las autoridades Afganas sin asegurarse que estos no fueran torturados.
En su testimonio ante el “Comité especial sobre la misión canadiense en Afganistán” Richard Colvin señala que Canadá detuvo y envió a la tortura muchos inocentes (más de 220 detenidos según un periódico) que no tenían conexiones con la insurrección y que a menudo eran detenidos por denuncias sin fundamentos, que en su mayoría eran campesinos o agricultores que estaban en el mal lugar en el mal momento. Colvin confirmó que enviar gente a la tortura constituye una violación del derecho canadiense y del derecho internacional y que por eso denunció la situación a sus superiores. Colvin criticó que al no cesar la transferencia de detenidos, el gobierno canadiense traicionó sus valores históricos y dañó los esfuerzos contra la insurrección. Canadá no contaba con ninguna política de seguimiento de la situación de los detenidos, aún después que se firmara un protocolo en Mayo de 2007. Política que si adoptaban los holandeses y otros países que participan en la guerra de Afganistán
A pesar que el gobierno conservador argumenta que sólo supo la situación en mayo de 2007, Colvin confirmó como lo había señalado en una declaración hace un mes frente a la “Comisión de Quejas sobre la Policía Militar” del parlamento, que había enviado 17 o 18 informes señalando el problema de la tortura a partir de mayo de 2006. En esos informes Colvin indicaba que los prisioneros eran golpeados, electrocutados, heridos con arma blanca y sufrían agresiones sexuales en las prisiones Afganas. Indicaba que el uso de la tortura era sistemático. Colvin asegura que a contar de la primavera de 2007 se le prohibió consignar por escrito la información sobre la tortura en las prisiones Afganas y hacerlo más bien por teléfono.
Las denuncias de Colvin confirman que a pesar del cerco informativo establecido por el gobierno conservador, y según lo señalan los partidos de oposición, Canadá, en ruptura con su tradicional respeto de los derechos humanos, se hizo cómplice de un crimen guerra como es el uso de la tortura, condenado por las leyes canadienses y por el derecho internacional. Para algunos se trata del Abu Ghraib de Canadá.
El gobierno conservador continúa su estrategia de mantener la situación en secreto en lugar de llamar a una comisión investigadora como se hizo en Somalia cuando las tropas canadienses fueron culpables de matar un detenido de ese país. Por ello prefirió minar la credibilidad de Richard Colvin en lugar de clarificar la situación con antecedentes fehacientes.
Los observadores han subrayado que Richard Colvin no es un funcionario de carácter menor. Colvin estuvo a cargo de la oficina canadiense para la reconstrucción en Afganistán, era el segundo en mando en la embajada canadiense en Kabul. Colvin Un diplomático de carrera que ahora es el primer secretario a cargo de la información en la embajada de Canadá en Washington. Un puesto importante que requiere precisamente discernimiento. La mayoría de los editorialistas han denunciado la actitud vengativa del gobierno conservador de, en lugar de asumir su responsabilidad y abrir una comisión investigadora, ataca Colvin y mantiene bloqueado el Comité de Quejas sobre la Policía Militar que debiera escuchar 22 testigos sobre denuncias semejantes a la formulada por Colvin, pero que no pueden hacerlo por el bloqueo conservador.
Lo peor de todo es que la política conservadora para tratar los casos de tortura en Afganistán en los que se ve involucrado Canadá, es que no se trata de un hecho aislado: Los observadores han señalado que se agrega a las denuncias sobre la actitud del gobierno conservador en el caso de Maher Arar que fue enviado a Siria para ser sometido a la tortura y que el gobierno debió compensar ulteriormente. Una tendencia hacia un cambio de política en materia de derechos humanos que se manifiesta también en el caso de Omar Kadhr, detenido en Guantánamo, donde Canadá no aplica las disposiciones sobre los niños soldados.
La denuncia de Colvin recuerda que los gobiernos democráticos son imputables y que sus funcionarios tienen el deber principal de hacer respetar la ley y no de defender el gobierno en sus derivas partidistas de carácter táctico.
La guerra de Afganistán es un fracaso según los analistas y la propia administración estadounidense dirigida ahora por Barack Obama que busca definir una nueva política. Las denuncias de Colvin explican quizás en parte que el enfoque de guerra adoptado por Ottawa, no ha permitido que Canadá juegue un rol de reconstrucción acorde con lo que desean sus ciudadanos quienes prefieren que sus fuerzas armadas trabajen por la paz, y es un fuerte llamado de atención a la responsabilidad del gobierno conservador que con estas actuaciones daña nuevamente la reputación de Canadá como país respetuoso del derecho internacional.

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El camino hacia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Copenhague
Del 7 al 18 de diciembre en Copenhague, Dinamarca, se jugará un hito importante del combate colectivo de la humanidad contra el cambio climático en la Conferencia de las naciones Unidas sobre el cambio climático, más conocida como COP15. Todo indica que este esperado evento no conseguirá el objetivo de un acuerdo universal que reemplace el acuerdo de Kyoto en 2012, porque algunos gobiernos, como el de Canadá, esperan que otros actúen antes de cambiar sus modos de desarrollo, manteniendo visiones de corto plazo.
Lo cierto es que el consenso sobre el carácter no viable del modo de producción capitalista actual, que es ajeno a sus efectos sobre el medio ambiente, es cada vez mayor y aumenta el número de países que plantean la necesidad de actuar sin esperar a los otros. Veamos algunos antecedentes.
Como se sabe, la primera señal colectiva del calentamiento planetario fue reconocida en 1992 en la Cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo, realizada en Rio de Janeiro.
Esta cumbre mundial dio origen en 1997 al protocolo de Kyoto del Convenio Marco sobre el Cambio Climático de la ONU. El protocolo, cuyo objetivo es conseguir una reducción de un 5,2% de las emisiones de gases con efecto invernadero globales de acuerdo a los niveles de 1990, para el periodo de 2008 a 2012, ha sido ratificado por 166 países. El protocolo contiene objetivos legalmente obligatorios para que los países industrializados reduzcan sus emisiones de 6 gases con efecto invernaderote origen humano.
Puesto que el acuerdo de Kyoto termina en 2012, se requiere un nuevo acuerdo para enfrentar el cambio climático. El protocolo contempla también la llamada bolsa de carbono y otros mecanismos que permitían que la ayuda de los países desarrollados se tradujera en mejoramientos en la situación del medio ambiente en países del sur del planeta.
El consenso científico sobre el calentamiento del planeta resumido en el informe del comité de expertos señala que si no se toman medidas la humanidad franqueará un umbral que hará irreversibles los cambios climáticos que se traducirán en catástrofes naturales mayores y consecuencias devastadoras a nivel económico, social y de vida.
El consenso es que el pos Kyoto debe considerar esfuerzos mayores y englobar todos los países del planeta en un esfuerzo común mayor porque la situación ha empeorado y el calentamiento planetario es más rápido que lo esperado.
En ese marco, el objetivo de la XV conferencia internacional sobre el cambio climático del 7 al 18 de diciembre en Copenhague organizada por la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático que cuenta con 192 países, es llegar a “la conclusión de un acuerdo jurídicamente vinculante sobre el clima, válido en todo el mundo, que se aplicaría a partir de 2012”
En el camino a Copenhague estuvo la XII reunión de Bali del 3 al 5 de diciembre de 2007, la de XIV Conferencia en Poznan Polonia en 2008. Entre ellos hubo una serie de reuniones preparativas entre ellas la última en Barcelona.
En esos debates surge que el principal objetivo de un acuerdo sobre el cambio climático es de evitar un cambio irreversible que ocurriría si la temperatura media del planeta sube en dos grados Celsius. Para ello se requiere reducir las emisiones de CO2 y otros gases a un 40% para el 2020 en relación a 1990 en los países industrializados. Los países en desarrollo también deben contribuir al esfuerzo global reduciendo el crecimiento proyectado de emisiones entre un 15 y un 30% para 2020.
Uno de los debates centrales del acuerdo en Copenhague es entonces que no se trata como para el acuerdo de Kyoto que el esfuerzo se haga sólo en los países industrializados.
Esto es particularmente importante en el caso de los llamados países emergentes como China e India que por sus enormes poblaciones y por adoptar el modo capitalista de desarrollo, contribuirán cada vez más al aumento de emisiones de CO2.
Las cuotas vinculantes de reducción que deben adoptar los países, son importantes y ellas significan esfuerzos en términos de organización económica y social. Se trata de considerar aquello y no solo mitigar el cambio climático manteniéndolo bajo 2 grados Celsius, sino que también deben establecerse políticas de ayuda a la adaptación de los países más afectados por las consecuencias locales del cambio climático (entre otros, por el alza del nivel de los océanos por el deshielo de los polos, por la crisis alimentaria provocada por cambios ambientales, por el aumento de las enfermedades infecciosas, entre otros).
El cambio climático es el desafío principal de la humanidad en el siglo XXI. Este puede ser interpretado como un cuestionamiento a la esencia misma de los modos de desarrollo del capitalismo existente y plantea los desafíos de propuestas de nuevos modos de desarrollo que consideren el medio ambiente y el ser humano al centro del objetivo de las sociedades y no la lógica de la ganancia. Un claro desafío también para las alternativas socialistas del siglo XXI.
Pero también debe ser interpretado inmediatamente como un desafío concreto y cotidiano. Significa reconocer la necesidad del desarrollo de una industria y tecnologías limpias basada en el respeto del medio ambiente que usen otras fuentes de energía que la de los combustibles fósiles. Significa el combate contra la deforestación. Significa acciones frente a las crecientes catástrofes naturales provocadas por el cambio climático. Significa reconocimiento de tecnologías tradicionales y la investigación de tecnologías limpias.
Significa también acuerdos globales que cuestionan la organización del sistema mundial basado en los estados, pero sobre todo el reconocimiento de la jerarquización del sistema mundial del orden económico mundial injusto, de la necesidad de controlar los apetitos y las lógicas de las transnacionales.
Se requiere reconocer también que los esfuerzos de los países varían de acuerdo a sus niveles de desarrollo. Que no todos pueden ser tratados iguales por lo que se requieren enfoques específicos y modelos de ayuda para tecnologías limpias. Se debe romper con la imitación del modo de producción capitalista de los países desarrollados en los países en desarrollo.
Significa por último seguir el combate contra las estrategias dilatorias y los planes de inversión en tecnologías que buscan mantener el modo de producción capitalista, trabajando sólo con la óptica de adaptación al cambio climático como es el proyecto de captura y almacenamiento de carbono, los créditos sucios (alcanzados con tecnologías insostenibles). Una de las posiciones conservadoras frente al cambio climático.
En este marco, a pesar de sus dificultades, la Conferencia de las naciones Unidas sobre el cambio climático que se realizará del 7 al 18 de diciembre en Copenhague, Dinamarca, será un hito importante del combate colectivo de la humanidad contra el cambio climático y un llamado para que los ciudadanos del planeta presionen sus gobiernos para combatir este desafío de la humanidad en el siglo XXI.






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