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«En primer lugar, debe resaltarse que los hechos objeto de denuncia nunca han sido investigados penalmente por la Justicia española, por lo que hasta el día de la fecha, la impunidad ha sido la regla». Esa es la clave que sujeta el armazón jurídico sobre el que el juez Baltasar Garzón edifica su decisión de sentar en el banquillo al franquismo. ...

Puesta online a las 23:22, el 17 de Octubre del 2008

ESPAÑA

Un proceso para acabar con el silencio y la impunidad

Garzón sustenta la imputación al franquismo en el derecho de las víctimas a que la Justicia les ampare

17.10.08 -

L. F. R. G.

«En primer lugar, debe resaltarse que los hechos objeto de denuncia nunca han sido investigados penalmente por la Justicia española, por lo que hasta el día de la fecha, la impunidad ha sido la regla». Esa es la clave que sujeta el armazón jurídico sobre el que el juez Baltasar Garzón edifica su decisión de sentar en el banquillo al franquismo.

Es, acaso, una de las decisiones más trascendentes adoptadas por la Justicia española, que hasta la fecha había abierto brecha en el Derecho Internacional como pionera en la persecución de genocidios lejanos, pero que por primera vez hurga en la herida que partió en dos España en la primera mitad del siglo XX.

La Fiscalía, desde el primer momento, se opuso a la investigación, y reprochó investigar un genocidio que habría sido cometido cuando la comunidad internacional aún no había ordenado la persecución de tal delito.

Garzón admite esa premisa, pero se agarra a la 'cláusula Martens', introducida en la Convención de La Haya de 1899, en virtud de la cual la ausencia de un tratado internacional no impide la persecución de comportamientos que el Derecho de Gentes considere reprobables. Y los crímenes del franquismo lo eran.

Otro argumento del fiscal es que los posibles crímenes del franquismo fueron amnistiados por ley aprobada en Cortes democráticas en 1977. Garzón recurre al amplio consenso internacional respecto a que «las amnistías no pueden absolver de antemano a aquellos que, con sus acciones propiciaron, diseñaron, ejecutaron todo un plan sistemático de ejecuciones de personas o la desaparición generalizada de las mismos por motivos ideológicos».

«El Estado no puede ni debe borrar sus propios crímenes», añade el juez, que concluye que «siempre deberá prevalecer el derecho de las víctimas a que el Estado, a través de los tribunales de Justicia, juzgue a los transgresores».

Para el juez Garzón, la decisión de abrir una causa penal contra el franquismo «no es más que cumplimiento estricto de la ley por encima del éxito o fracaso de la iniciativa y una forma de rehabilitación institucional, ante el silencio desplegado hasta la fecha, que no sólo ha otorgado de facto la extinción de la responsabilidad penal, sino la impunidad».

La Fiscalía anunció ayer que recurrirá la próxima semana. Según fuentes de este organismo, intentará eludir el trámite de la reforma ante el propio Garzón para, en apelación, llegar cuanto antes a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a la que pedirán que aborte la investigación.

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