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La compleja trama que evitó la perpetuación de Pinochet

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Puesta online a las 10:48, el 18 de Octubre del 2008

La compleja trama que evitó la perpetuación de Pinochet



Por Manuel Salazar Salvo / La Nación
Poco a poco, año tras año, se han ido conociendo los innumerables y en ocasiones muy secretos episodios que hicieron posible el término del régimen militar. El resultado del 5 de octubre de 1988 fue producto de un cúmulo de esfuerzos, individuales y colectivos, muchas veces anónimos, en otros momentos dramáticos, que confluyeron aquel histórico día en las urnas.

El 1 de julio de 1980, el Consejo de Estado terminó de revisar y afinar el texto de la nueva Constitución. En las horas siguientes el general Augusto Pinochet nombró a un grupo de trabajo que en pocas semanas le hizo 175 cambios. Los más notorios fueron: se duplicaron las penas para quienes infringieran el artículo 8º, relativo a la proscripción de algunas doctrinas políticas; se concedió derecho a voto a los militares; se anuló la colegiatura obligatoria de los profesionales universitarios; se modificó la composición del Tribunal Constitucional; se limitó la capacidad presidencial para nombrar a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros, remitiendo su elección a las cinco primeras antigüedades y otorgándole inamovilidad por cuatro años al designado; se concedió mayoría militar al Consejo de Seguridad Nacional; se elevó a tres quintos el quórum de ambas cámaras para reformar la Constitución.

La mayor sorpresa, sin embargo, la dio el mismo Pinochet, cuando pidió que se agregara que él se quedaría otros 16 años al frente del Gobierno militar y que sólo el 11 de marzo de 1997 se llamaría a elecciones de Presidente y de Parlamento.

Enrique Ortúzar, uno de los principales gestores de la nueva Constitución, tuvo que extremar sus talentos para convencer al obcecado general, ante la Junta de Gobierno y el gabinete en pleno, de que ese plazo era realmente un exceso. Pinochet decidió entonces mantenerse al frente del Gobierno hasta 1989, año en que se realizaría un plebiscito para dirimir la prolongación del régimen militar.

El 11 de agosto de ese año 80 se convocó a un plebiscito para el emblemático 11 de septiembre, día en que los chilenos deberían votar la nueva Constitución. No existirían registros electorales y se pediría sólo la cédula de identidad.

La consulta se preparó y realizó bajo un estado de excepción que impedía las reuniones públicas, que mantenía el receso político y ejercía control sobre todo tipo de publicaciones. Cientos de personas fueron detenidas por atreverse a manifestar en las calles su rechazo al procedimiento. Decenas de personalidades de todo el espectro nacional pidieron mayores garantías, pero no fueron escuchadas. Un acto realizado en el Teatro Caupolicán, cuyo orador principal fue el ex Presidente Eduardo Frei, sólo mereció 30 segundos de atención por parte de Televisión Nacional de Chile (TVN). Tres actos similares programados en Valparaíso, Concepción y Santiago, fueron prohibidos. El día del plebiscito dos dirigentes políticos que intentaron demostrar que la supuesta tinta indeleble con que se marcaban los dedos pulgares era lavable, fueron detenidos. Uno de ellos era Belisario Velasco. El resultado fue categórico: votaron 6.271.868 personas. Por el Sí, 67,04%; por el No, 30,09%.

Especialistas en elecciones establecieron en las semanas siguientes que a lo menos en nueve provincias votó más del ciento por ciento de la población. Incluso el ex Presidente Jorge Alessandri, en una carta que decidió más tarde no hacer pública, manifestó sus muy serias aprensiones sobre aquel plebiscito.

Duros y blandos

El triunfo de Pinochet hizo posible consolidar las reformas para liberalizar la economía. Se promulgó la reforma previsional, se modificó el Código Minero, se reestructuraron las universidades y se eliminaron las principales atribuciones de los colegios profesionales, entre otras medidas. En el ámbito político los partidarios del régimen se alinearon en dos grandes bandos: nacionalistas y gremialistas, los llamados entonces "duros" y "blandos".

En febrero de 1981 se constituyó el Consejo de Seguridad Nacional y se nombraron los siete miembros del Tribunal Constitucional. Uno de ellos, promovido por la ministra Mónica Madariaga, contra el parecer incluso de Pinochet, se transformaría en una figura clave en la transición prevista para fines de esa década.

El 11 de marzo el general Pinochet se instaló en el remozado Palacio de La Moneda y se rodeó de anillos de formalidades y boato que lo hicieron casi inalcanzable para el resto del gobierno. Un núcleo muy pequeño de asesores pugnaba por influir sobre el general. La quiebra de la empresa azucarera CRAV y el desplome del grupo que encabezada el empresario Jorge Ross encendieron las luces de alerta sobre la marcha del modelo económico. En tanto, cualquier asomo de disidencia organizada era prontamente reprimido. Fue prohibido el reingreso a Chile de Andrés Zaldívar y fueron expulsados Jaime Castillo Velasco, Carlos Briones, Orlando Cantuarias y Alberto Jerez.

A fines de ese año, en noviembre, el gobierno militar intervino cuatro bancos y cuatro financieras. El debate en el seno del régimen entre los partidarios y detractores del modelo se hizo insostenible. Comenzó a vislumbrarse el desplome del tan publicitado "milagro económico".

El inicio del año 1982 fue marcado por la muerte de Eduardo Frei Montalva y el brutal asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez. En la clandestinidad, el Partido Comunista (PCCh) inició su giro hacia la vía armada para luchar contra la dictadura.

En el mes de junio, Pinochet decidió devaluar el dólar y buscar en otros colaboradores una salida a la crisis económica. El desempleo superaba el 20% y los planes de emergencia como el PEM y el POHJ no lograban acallar el creciente descontento de la ciudadanía. En las calles, en tanto, la Central Nacional de Informaciones (CNI) y la policía se esforzaban por contener una nueva ofensiva del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y la aparición de nuevas organizaciones entre los trabajadores, los pobladores, los estudiantes y los profesionales, que empezaban a reclamar sus derechos.

El 13 de enero de 1983 fue intervenida la banca, obligando a Pinochet a un nuevo cambio de gabinete. En febrero surgió el opositor Proyecto de Desarrollo Nacional (Proden), dirigido por Jorge Lavandero, y el 15 de marzo se firmó un Manifiesto Democrático, que sería el germen de la Alianza Democrática, el primer referente político público de oposición.

La Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) convocó a una protesta nacional para el 11 de mayo, la que se transformó en una sorpresiva y masiva demostración de descontento en Santiago y en otras ciudades del país. De allí en adelante, mes a mes, cada vez con más fuerza, se sucedieron las protestas sociales que fueron decisivas en la recuperación de la democracia.

El 6 de agosto de 1983, Gabriel Valdés, el máximo líder del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en aquel momento, anunció en un histórico almuerzo realizado en el Círculo Español, a escasas cuadras de La Moneda, el nacimiento de la Alianza Democrática (AD), integrada por "las corrientes políticas Derecha Democrática Republicana, Social Demócrata, Radical, Socialista y Demócrata Cristiana".

Pinochet replicó nombrando a Sergio Onofre Jarpa, ex presidente del opositor Partido Nacional (PN) durante la Unidad Popular, como nuevo ministro del Interior, quien se reunió con los dirigentes de la AD en la casa del arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno. Al día siguiente, terminó el estado de emergencia y el gobierno se comprometió a no recurrir al artículo 24 transitorio. Además, se podrían editar nuevos diarios y revistas, se recuperaba el derecho a reunión y la CNI ya no podría arrestar en cárceles secretas.

Una segunda reunión de Jarpa con la AD y el surgimiento de un nuevo referente político, el Bloque Socialista, pasaron casi desapercibidos en medio de la persecución de los asesinos del intendente de Santiago, el general Carol Urzúa, acribillado por un comando del MIR.

Los nacionalistas partidarios de Pinochet, por su parte, realizaron un acto nocturno en el cerro San Cristóbal, transmitido en directo por TVN, que marcó el lanzamiento público de Avanzada Nacional (AN), organismo político de fachada de la CNI. En el otro extremo del espectro político, el 21 de septiembre hizo su debut público el Movimiento Democrático Popular (MDP), aglutinando al PCCh, al PS-Almeyda , PS (CNR), PS (XXIV Congreso) y al MIR.

El 10 de octubre, el general Fernando Matthei, comandante de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), apareció declarando al semanario francés "Le Point": "Espero que podamos legalizar los partidos políticos en dos años y ¿por qué no? organizar la elección de un nuevo Congreso de aquí a tres años". "Espero que hayamos restaurado la democracia en menos de seis años", agregó.

Pinochet intentó desmentir lo aseverado por el miembro de la Junta de Gobierno, pero Matthei insistió a través de una declaración emitida por relaciones públicas de la FACh y luego en una entrevista concedida a El Mercurio, donde incluso afirmó que "estoy listo para sentarme en una mesa de negociaciones con un marxista".

El 11 de noviembre los chilenos se estremecieron al conocer el caso del obrero Sebastián Acevedo, que se inmoló en las puertas de la Catedral de Concepción como una dramática forma de llamar la atención sobre dos de sus hijos detenidos por la CNI y cuyo paradero desconocía. Una semana después, el 18 de noviembre, la Alianza Democrática reunió a cientos de miles de personas en el Parque O’Higgins para pedir el retorno de la democracia. El gobierno reconoció la presencia de 85 mil personas; El Mercurio informó de 100 mil; las agencias internacionales de noticias hablaron de medio millón.

Dos bandos en un tribunal

La oposición dio un nuevo paso y conformó un Comité Nacional por la Protesta -convocada para el 4 y 5 de septiembre de 1984- integrado por la Alianza Democrática, el Bloque Socialista, el MDP y el Comando Nacional de Trabajadores (CNT), acordando un instructivo único bajo el lema "Sin protesta, no hay cambio".

El 25 de octubre la lista opositora ganó la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), en las primeras elecciones democráticas de esa organización desde el golpe militar de 1973. La lista, integrada por la Juventud Demócrata Cristiana, la Juventud Socialista-Almeyda, las Juventudes Comunistas y el Bloque Socialista obtuvo 9.305 votos, contra 2.129 de la alianza de la derecha y de los partidarios de Pinochet. El dirigente de la JDC elegido presidente de la FECh, Yerko Ljubetic, dijo al conocer el triunfo: "Cuando nos acusaban de ser el contubernio demo-marxista, decíamos que sí, que no sólo representábamos ese contubernio, sino que estábamos muy orgullosos de esa representación. Y ese contubernio ganó". El 29 de octubre de 1984, en un discurso pronunciado en Viña del Mar, Pinochet cerró definitivamente cualquier posibilidad de acelerar la transición, anunciando incluso que se postergaría el estudio de la ley de partidos políticos. Poco después del terremoto de marzo de 1985, el ministro del Trabajo, Alfonso Márquez de la Plata, inició reservadamente la recaudación de fondos entre el empresariado para financiar los gastos que le demandaría al régimen militar ganar el plebiscito previsto para 1989.

La primera condición para salir del estado de sitio vigente era la Ley de Estados de Excepción, la que salió desde la Junta de Gobierno en mayo, pero que no hacía otra cosa que darle un barniz de "emergencia" al mantenimiento del estado de sitio. El Tribunal Constitucional, en su primer fallo sorprendente, consideró que no era aceptable.

En julio de 1985, la Junta aprobó la Ley del Tribunal Calificador de Elecciones. Su primer artículo transitorio decía que entraría en funciones 60 días antes de celebrarse las parlamentarias del año 1990; es decir, en diciembre de 1989, no para el plebiscito.

Eugenio Valenzuela Somarriva, el jurista que había recomendado Mónica Madariaga, instalado en el Tribunal Constitucional, argumentó que el plebiscito era el primer acto de la entrada en vigencia del articulado permanente de la nueva Constitución, y que por ello debía contar con el Tribunal Calificador de Elecciones. Añadió, sin embargo, que éste tampoco tendría legitimidad sin las leyes políticas complementarias, la de inscripciones electorales y de partidos políticos.

El Tribunal Constitucional, de siete miembros, se dividió en dos bandos. Por un lado, Enrique Ortúzar, y los ministros de la Corte Suprema, Marcos Aburto y Eduardo Urzúa Merino; por el otro, Valenzuela Somarriva, Julio Philippi y los ministros José María Eyzaguirre y Luis Maldonado. Ortúzar y Valenzuela habían sido nombrados por el Consejo de Seguridad Nacional, por mayoría simple, y en el caso del segundo, con el voto en contra de Pinochet.

Este segundo grupo de juristas, encabezado por Valenzuela, se transformó en un verdadero baluarte de la futura institucionalidad prometida por el régimen militar, e hizo todos los esfuerzos necesarios para impedir un nuevo fraude en la decisiva consulta ciudadana que se avecinaba.

El camino de los votos

El 26 de agosto de 1985 el cardenal Juan Francisco Fresno hizo público un documento suscrito por 11 partidos políticos, denominado "Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia", que resumió meses de búsqueda de consensos entre representantes de un amplio espectro de partidos, del que sólo se marginaron la UDI, el PC y otros grupos de la izquierda más radical.

La iniciativa de Fresno antecedió a una nueva protesta social que los días 4 y 5 de septiembre dejó diez muertos, 80 heridos y más de mil detenidos.

Pinochet, ofuscado por la intervención de Fresno, prohibió la sola mención del Acuerdo, iniciativa que era mirada con buenos ojos por los miembros de la Junta, incluido el representante del Ejército en ella, el general César Raúl Benavides. El 7 de noviembre, Pinochet decidió reemplazar a Benavides por el general Julio Canessa y nombró al general Santiago Sinclair como vicecomandante en jefe del Ejército.

A mediados de noviembre, mientras la oposición convocaba a una gran concentración en el Parque O’Higgins, se publicó la ley que creaba el Tribunal Calificador de Elecciones, indicándose que estaría en pleno funcionamiento cuando se realizara el plebiscito.

El 2 de enero de 1986, el subsecretario del Interior, Alberto Cardemil, puso en práctica reservadamente un "Plan de Acción Cívica" destinado a transformar a los alcaldes de todo el país en los motores de la campaña que debería prolongar la dictadura militar hasta fines de siglo, decisión que fue anunciada por el propio Pinochet el 11 de julio en la localidad de Santa Juana, en la Octava Región, donde afirmó que los chilenos "conscientes de la efectiva acción de nuestro gobierno, lo apoyarán decididamente el año 1989, lográndose así proyectar el régimen hacia un nuevo período presidencial, conforme a los mecanismos que la propia Constitución establece".

En agosto, la Junta completó la tramitación de la ley que normaba las inscripciones electorales y el Servicio Electoral. Enviada al Tribunal Constitucional, éste le encontró 12 inconstitucionalidades, que fueron corregidas antes de su promulgación el 1 de octubre. El Servicio Electoral (Servel) podría instalarse a fines de año y estar en pleno funcionamiento a comienzos de 1987.

Un comando del FPMR emboscó en el Cajón del Maipo a la comitiva de Pinochet el 7 de septiembre, fracasando en su intento de asesinarlo. Cinco de sus escoltas resultaron muertos. En las horas siguientes la CNI aplicó la ley del Talión: cuatro destacados militantes de izquierda fueron sacados de sus casas bajo toque de queda y ejecutados a balazos. El desconcierto y el miedo amenazaron por momentos los planes de la transición.

José Joaquín Brunner, sociólogo, ex miembro del MAPU, redactó presuroso un documento donde planteó el fracaso de la movilización popular, la necesidad de tomar distancia del MDP y la urgencia de proponer a las Fuerzas Armadas una "negociación sin ruptura", dentro de la Constitución del 80’, anclada principalmente en el PDC y en el socialismo renovado. El texto circuló ampliamente entre las dirigencias de la oposición, temerosas de que el país se encaminara a una guerra civil.

Más correcciones

En las semanas siguientes los partidos del tronco socialista iniciaron un proceso de acercamiento que incluyó el retiro del PS-Núñez de la AD y la creación junto con el PS-Almeyda de un Coordinador Socialista que después del plebiscito terminaría con la unificación de todas las corrientes del socialismo.

El 30 de diciembre de 1986 ingresó a la Junta el proyecto de ley de partidos políticos, al que se le eliminaron 20 artículos permanentes y tres transitorios, previa consulta solicitada por el almirante José Toribio Merino a ocho decanos de facultades de Derecho.

Pinochet anunció el 31 de diciembre el término del estado de sitio, el regreso de todos los exiliados y la aprobación de la ley de partidos políticos.

Enero de 1987 se inició con una convocatoria del Movimiento Unión Nacional, dirigido por Andrés Allamand, a la reunificación de la derecha, dividida en diversos referentes, entre los que destacaban el Frente Nacional del Trabajo (FNT), liderado por Sergio Onofre Jarpa; los gremialistas y los partidos Republicano, Nacional y Liberal.

El 16 de enero, la Junta despachó la controvertida ley de partidos políticos para la revisión del Tribunal Constitucional, entidad que le encontró 24 inconstitucionalidades redactadas por los asesores del gobierno militar, algunas tan relevantes como las siguientes:

-El proyecto original pretendía que el Tribunal Constitucional tuviera la facultad de suspender el proceso de inscripción de un partido si sólo sospechaba que se podría violar el artículo 8º. El Tribunal consideró que ello iba más allá de sus facultades.

-El Ejecutivo y la Junta querían prohibir que se pudieran usar los nombres y símbolos de los partidos políticos disueltos, en un esfuerzo por impedir que reaparecieran las fuerzas de 1973. El Tribunal estimó que se quería imponer una severa limitación al derecho de asociación.

-El proyecto buscaba prohibir las donaciones de personas jurídicas a los partidos, además de restringir los ingresos de origen extranjero. El Tribunal exigió eliminar el veto sobre las personas jurídicas.

-El proyecto entregaba al Servel la facultad de dar por no presentada la solicitud de inscripción de un partido ante la simple sospecha de que hubiese irregularidades en sus documentos. El Tribunal estimó que tal cosa no garantizaba el derecho a un juicio justo y que debía acudirse a la justicia ordinaria.

El 25 de febrero, mientras los asesores de la Junta corregían la ley de partidos, se abrieron las 514 juntas inscriptoras, distribuidas en 335 comunas, que empezaron a registrar a 7,5 millones de chilenos en los registros electorales. Pinochet fue el primero en inscribirse.

El 11 marzo, sexto aniversario de la Constitución del 80’, Pinochet promulgó finalmente la tan controvertida ley de partidos políticos. Cerca de 20 colectividades existentes en el país pasarían en los años siguientes a intentar su legalización.

Dudas sobre Piñera

Ese mismo mes Pinochet pidió a uno de sus más cercanos asesores, el general Sergio Valenzuela, ministro secretario general de la Presidencia, que recabara con mucha reserva las mejores ideas para impulsar la tan ansiada proyección de su gobierno. El primer convocado fue el ex ministro José Piñera Echeñique, principal arquitecto del proceso de privatizaciones y modernizaciones iniciado en 1978. "Pepe" Piñera acudió a la cita con una batería de iniciativas que consideraba claves para cumplir aquella tarea y que incluían siete nuevas grandes reformas legales: una televisión privada, solución a las indemnizaciones por años de servicio, un régimen de empresas estatales, reforma del impuesto a la renta, universidades privadas, libertad cambiaria regulada y un vasto rediseño del Estado. Junto a ellas, Piñera propuso tres medidas inmediatas: un proyecto "novedoso" de desarrollo hacia una sociedad libre; emplear todos los recursos disponibles en el ámbito social y un gabinete con caras nuevas, además de variadas disposiciones para un paso rápido hacia la democracia. Piñera estaba inquieto ante la posibilidad de que la oposición abrazara la economía social de mercado, entusiasmando a algunos empresarios que podrían inclinar la balanza del plebiscito.

Otro de los convocados por Valenzuela fue el también ex ministro Sergio Fernández, quien tenía ideas distintas y desconfiaba de Piñera, tanto como el mismo Pinochet. Ambos creían que Piñera deseaba transformarse en el ministro de la transición y luego, muy probablemente, en el posible candidato civil de consenso. En aquellas semanas de otoño, Fernández supo imponer sus criterios y se dispuso a asumir responsabilidades mayores.

En la oposición, en tanto, lentamente empezó a imponerse la idea de que era posible derrotar a Pinochet en su propia institucionalidad, pero que para ello se requería unificar a toda la disidencia e inscribir en los registros electorales a la mayor cantidad de chilenos que fuera posible. Ese pensamiento primó también en el PC, cada vez más aislado luego del fracasado "tiranicidio" del FPMR y el abortado ingreso clandestino de un poderoso arsenal destinado a una sublevación armada de impredecibles consecuencias.

La CNI dio un demoledor golpe en junio al FPMR asesinando a 12 de sus más destacados miembros, varios de ellos integrantes de su dirección, en la denominada "Operación Albania".

En el gobierno se multiplicó la búsqueda de fondos para preparar la campaña de Pinochet. El Ministerio de Bienes Nacionales vendió 900 propiedades a lo largo de todo Chile y los dineros fueron incorporados al Fondo Regional de Desarrollo, que operaba como la caja electoral de los municipios, férreamente controlados desde el Ministerio del Interior.

El 7 de julio Pinochet cambió a siete de sus ministros. En Interior, asumió Sergio Fernández, como el jefe del "gabinete de la proyección", según lo designó irónicamente el general Fernando Matthei en los días siguientes. Una de sus misiones era la puesta en marcha de la ley complementaria al artículo 8º, que sancionaría a la prensa y a quienes difundieran el pensamiento de personas y entidades proscritas. Otra de sus tareas era imponer sin lugar a dudas los términos de la transición: debían descartarse los "hombres de consenso"; Pinochet, y no otro, sería el elegido.

En las cúpulas políticas opositoras la gran preocupación era el evitar un posible fraude y con ese propósito se organizaron dos comités de elecciones libres, uno presidido por el demócrata cristiano Sergio Molina, y otro por el socialista Ricardo Lagos. Ambos se abocaron a crear las condiciones necesarias para vigilar cada movimiento, cada gesto, cada voto emitido el día del plebiscito.

Viña del Mar fue el escenario, entre el 10 y el 12 de agosto de 1987, del IX Congreso Nacional de Alcaldes. Allí se entregaron minuciosas pautas para la campaña de Pinochet, junto con un aumento de 25% de los presupuestos municipales. Asistieron 322 alcaldes, 11 intendentes y 49 gobernadores.

Pinochet había decidido gobernar hasta fines de siglo, manteniendo todos los poderes en su mano. Atrás habían quedado sus promesas y anuncios de retiro. Al día siguiente del plebiscito de 1980 había sostenido: "He dicho 500 veces que no aspiro a la reelección, porque un hombre de más de 70 años no rinde lo suficiente en un puesto como éste". Poco después, en declaraciones al diario El Universal, de Caracas, afirmó: "Habría que pensarlo seriamente; dos veces. Ahora tengo 65 años. Un Presidente debe contar con sus energías intactas, sus facultades físicas y mentales óptimamente".

Quiebre en la derecha

El 14 de enero de 1988 el ministro Fernández afirmó que la ley orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, despachada por la Junta de Gobierno, aseguraba la igualdad, libertad y transparencia de los actos electorales. No obstante, en las semanas siguientes, el Tribunal Constitucional le encontró siete inconstitucionalidades. Una de ellas expresaba que el proyecto no se refería a la propaganda electoral en radio y televisión, con lo cual los medios de difusión podían quedar virtualmente cerrados a una campaña pluralista. Tampoco se había normado la participación de los independientes en el plebiscito, con lo cual no podrían tener sedes, ni propaganda, ni apoderados en las mesas de sufragio. Ni tampoco se había establecido la fecha en la que debían realizarse las elecciones parlamentarias y presidenciales en el caso de ser derrotada la proposición de los comandantes en jefe.

Los integrantes del MUN de Allamand, los del FNT de Jarpa y los gremialistas liderados por Jaime Guzmán se habían agrupado a fines de enero de 1987 en el partido Renovación Nacional y fueron los primeros en inscribirse en los registros del Servel.

El 2 de febrero de 1988 nació la Concertación de Partidos por la Democracia, un conglomerado de 16 colectividades políticas que acordaron votar No en el plebiscito. La integraron el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Humanista, el Partido Radical, el Partido de los Verdes, el Partido Social Demócrata, el Partido Liberal, el Partido Radical de Luis Fernando Luengo, la Democracia Nacional, el Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), el Partido Socialista de Carlos Mandujano, el Partido Socialista de Ricardo Núñez, la Unión Socialista Popular, la Izquierda Cristiana, el Partido Socialista de Clodomiro Almeyda el MAPU Obrero Campesino y el Partido por la Democracia.

El PDC se legalizó el 8 de marzo en el Servel con 44 mil firmas. Ricardo Lagos, fundador y presidente del PPD, anunció que el nuevo conglomerado "instrumental" se inscribiría con 34 mil firmas y que sólo se extinguiría cuando Chile recuperara la democracia. A mediados de marzo, al realizar sus primeras elecciones internas, se quebró la recién legalizada Renovación Nacional, en medio de mutuas recriminaciones sobre irregularidades en los comicios. Jaime Guzmán y los gremialistas abandonaron la tienda y el 20 de abril refundaron la Unión Demócrata Independiente como "UDI por el Sí". El 15 de junio el Partido Comunista llamó a votar No en el plebiscito. Un mes después, el 12 de julio, la Junta se reunió en el Ministerio de Defensa y aprobó el acta de acuerdo de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y general director de Carabineros señalando que el país sabría a lo menos siete días antes cuando y cómo se haría la reunión para designar al candidato del Sí.

El 9 de agosto, la Junta despachó hacia el Tribunal Constitucional el proyecto de ley que fijaba la propaganda en televisión. Estableció la gratuidad de un espacio de 15 minutos por opción en la televisión y fijó para el 14 de diciembre de 1989 la fecha en que deberían efectuarse elecciones parlamentarias y presidenciales en caso de ganar el No en el plebiscito. Casi a fines de agosto el gobierno militar puso término a los estados de emergencia y de perturbación de la paz interior. El día 30 de ese mes, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden nominaron a Pinochet para ocupar la primera magistratura de la nación, previa ratificación en un plebiscito a efectuarse el 5 de octubre. Horas después se cerraron los registros electorales. Siete millones 435 mil 913 personas se habían inscrito, el 92,1%e todos los chilenos mayores de 18 años, la proporción más alta jamás conocida en la historia del país.









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