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 Balance de los primeros cien días del gobierno derechista de Sebastian Piñera en Chile;  El panorama político Canadiense e

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Puesta online a las 13:54, el 21 de Junio del 2010


 Balance de los primeros cien días del gobierno derechista de Sebastian Piñera en Chile;
 El panorama político Canadiense en Junio de 2010;



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Balance de los primeros cien días del gobierno derechista de Sebastian Piñera en Chile;
El viernes la derecha celebró los primeros cien días del gobierno del presidente Sebastian Piñera en Chile. Se trata de un tema importante de análisis porque algunos comienzan a señalar el retorno del péndulo latinoamericano hacia gobiernos más derechistas por la fuerza o la razón como ocurrió el año pasado en Honduras, como ocurre hoy con la probable victoria del candidato del saliente presidente colombiano Álvaro Uribe en Colombia, su ex ministro de defensa José Manuel Santos. Otros aún señalan, señalan que es posible que Ignacio Lula da Silva, el presidente brasileño no consiga que su candidata pueda ganar las próximas elecciones, a las que él no se pude presentar.
Volviendo al caso chileno, lo propio de las democracias liberales es la alternancia en el poder, y la tesis que más gana adeptos es que la coalición chilena concertación de partidos por la democracia perdió el poder porque no podía ganarlo más allá de veinte años seguido. El partido en la historia chilena con diferentes aliados que había tenido más años de gobierno fueron los radicales con solamente 14 años. El problema del caso chileno, a diferencia de otros países latinoamericanos que conocieron las dictaduras militares de seguridad nacional de los setenta y ochenta, es que en Chile la derecha política cuenta claramente en su seno con los partidarios y los actores directos de la larga dictadura de Pinochet, por lo que la alternancia incluye las herencias de la dictadura militar que así no queda en el pasado como algunos pretenden.
En esa perspectiva, varios consideran que lo que se juega en el caso chileno, es si la derecha política se mantendrá en el gobierno más allá de los cuatro años del gobierno de Sebastián Piñera, quien no puede representarse.
Está claro que si ese es el objetivo de Piñera, quien en su discurso a la Nación el 21 de Mayo pasado se ubicó en continuidad con la concertación y presento un plan de siete puntos que busca que en ocho años Chile pase a ser un país desarrollado. Aunque no es novedad que presidentes chilenos se planteen ese objetivo, - además, otros presidentes latinoamericanos ya han esgrimido la misma idea -, la novedad es que con ello Piñera buscaba mostrar que su gobierno está en continuidad con los gobiernos de la Concertación negociando el balance entre continuidad y cambio mostrando que la derecha puede gobernar por largo tiempo.
Piñera que desde su entronización debió asumir la reconstrucción después del terremoto que asoló Chile el 27 de febrero, ha avanzado medidas que algunos consideran como más izquierdistas que lo que la propia concertación propuso en el pasado, como el impuesto para financiar la reconstrucción.
Más allá de esas promesas, la estrategia de Piñera es muy clara, por encima de medidas de carácter populista, busca profundizar el modelo neoliberal para que fructifiquen los negocios de la burguesía chilena y sus aliados extranjeros. Detrás de los discursos, está la realidad de un gobierno compuesto por patrones de empresas o intelectuales orgánicos de institutos de estudio derechistas que persiguen beneficiarse e impone planes de privatización del cobre por ejemplo. Que ven la reconstrucción como un negocio que beneficie los amigos del régimen y sus aliados extranjeros: son unas siete grandes empresas las que beneficiarán de lo esencial de la reconstrucción, miles de millones de pesos.
Ciertamente existen divisiones en el bloque en el poder, pero son corneadas entre bueyes como señalaba un analista. Están las declaraciones intempestivas de quienes desean poden de manifiesto, más allá de ninguna duda que la derecha política que está en el poder esta en filiación directa con la dictadura militar de Pinochet. Declaraciones como las del embajador en Argentina Miguel Otero, que Piñera tuvo que sancionar para contrarrestar la arrogancia de sus aliados de la Unión demócrata Independiente y activos personeros del régimen militar.
Tras los discursos se prepara la consolidación de la impunidad de los responsables de violaciones de derechos humanos con un perdonazo por el bicentenario, mientras se ponen en pie estrategias de represión en las poblaciones populares bajo la excusa de la seguridad ciudadana desconociendo la violencia estructural de la sociedad que ha sido calificada por la CEPAL como una de las más desiguales e injustas del mundo. Continuidad en el rol de las fuerzas armadas, que gozaron de enormes inversiones y privilegios durante los gobiernos de la concertación y que seguirán ganando ahora.
La derecha económica; la derecha política; la derecha militar que controla las fuerzas armadas; la derecha de los medios de comunicación, la que controla la información, todas estas derechas están de vuelta directamente en el poder, sin intermediarios. El propio presidente Piñera, una especie de Berlusconi chileno, tarda en deshacerse de sus acciones y según la revista Forbes fue el mejor negocio de su vida el ganar la presidencia porque accedió a la lista de multimillonarios.
Por su parte, en los rangos de la concertación y en sus partidos abundan los análisis para explicar las causas de la derrota. La más aceptada es la alternancia. Otros acusan a la candidatura del MEO (Marco Enriquez Ominami), por dividir el voto concertacionista. Otros por que el candidato era malo. Otros se entrenan para ser una buena oposición como si la política fuera independiente de los conflictos sociales.
En estas perspectivas, el desafío aparente de la concertación es que la alternancia en el poder sea lo más corta posible y el 2014 llegue lo más rápido posible. Ya está el debate sobre quien seria el mejor o la mejor candidato o candidata, porque se cree que la definición se dará en torno al candidato o candidata. Con ello, los realineamientos y reorganizaciones políticas parecen estar bloqueadas porque se limitan a ver como posicionarse políticamente para la alternancia y como aprender a funcionar en la oposición en el marco de alternancia. Eso ha llegado hasta a los diputados comunistas elegidos por primera vez al parlamento, al tratar de ser buenos parlamentarios, sin provocar efectos de denuncia esperados porque buscan posicionarse en el juego político en lugar de levantar propuestas socialistas y convocar la participación popular.
Mientras tanto, en lo que algunos llaman el mundo real, los problemas de desigualdad social y de destructuración de la sociedad chilena continúan, desmintiendo el triunfalismo del modelo económico y la modernidad de la sociedad chilena, como lo mostró dramáticamente el terremoto cuando las comunicaciones no funcionaban.
En ese marco, la continuidad propuesta por el gobierno de Piñera en sus primeros cien días parece rendir resultados; consiguiendo mantener la paz social que caracterizó los veinte años de gobierno de la concertación.
El germen de nuevas propuestas y denuncias por los ya claros abusos de patrón de fundo y su estilo prepotente del presidente Piñera hacen que las perspectivas estén abiertas; sobre todo cuando los escándalos por los beneficios exagerados de la derecha económica y los amigos del régimen se hagan sentir.
Los primeros cien días del gobierno de la derecha en Chile ponen de manifiesto que los efectos del retorno de la derecha al poder no han cambiado el panorama político. Ciertamente algunos sectores de izquierda se dan cuenta ahora que nunca estuvieron en el poder y que trabajaron por el poder sin contenidos programáticos. Interpretando lo que decía un senador de la UDI con ironía, lo que ocurre, es que al igual que como la Concertación le robó le robó el discurso favorable al modelo económico de Pinochet, ahora la derecha busca robarle el discurso del control social a la Concertación para así mantenerse en el poder ganando el centro político.


 El panorama político Canadiense en Junio de 2010
Con la llegada del verano terminaron las sesiones del parlamento canadiense, lo que en el sistema político parlamentarista es un momento clave para hacer un balance del panorama político:
Las sesiones del cuadragésimo parlamento federal canadiense que terminó esta semana permitieron la sobrevida del gobierno minoritario conservador dirigido por Stephen Harper aun que perdió popularidad de manera dramática y debieron haber habido elecciones. De acuerdo a las encuestas el gobierno minoritario de Stephen Harper elegido el 14 de octubre de 2008 tiene aún menos apoyo que cuando fue elegido. Ahora tiene apenas 30% del favor de los encuestados.
Le falló la planificación al primer ministro Stephen Harper, que quería que gracias a una serie de actividades y medidas ganara en popularidad. Entre otras, la prorrogación del parlamento de diciembre a marzo, las Olimpiadas de invierno realizadas en febrero en Vancouver y a las proyectadas cumbres del G8 y del G20 para fines de junio. Esperaba también beneficiar de la recuperación económica de una crisis financiera que afectó menos fuertemente Canadá a pesar que aumentó el déficit fiscal. Gracias a todo aquello esperaba impresionar el electorado para que finalmente en un tercer intento electoral consiguiera un gobierno mayoritario que le permita terminar con su plan de cambiar profundamente la política canadiense.
Al contrario, todos coinciden que los conservadores terminan la sesión parlamentaria debilitado. En esta sesión se presentaron unos cincuenta proyectos de ley, en su mayoría (veintisiete) proyectos que tuvieron que ser presentados nuevamente. Finalmente, sólo 6 proyectos fueron adoptados en la cámara de diputados y cuatro en el senado.
Los resultados legislativos fueron pobres, pero gracias al apoyo de los liberales el gobierno conservador consiguió hacer aprobar su presupuesto y una serie de medidas que le acompañaban, que incluían incluso la posibilidad de privatizar energía atómica del Canadá. Ante una pobre sesión legislativa, fueron el estilo autoritario del gobierno minoritario de Harper, su desprecio por las instituciones parlamentarias y la falta de transparencia del gobierno lo que acaparó la atención de la opinión pública.
El primer revés fuer respecto de la prorrogación para evitar darle informaciones al parlamento sobre el rol de Canadá en la entrega de prisioneros afganos, a sabiendas que serían torturados. Finalmente, el gobierno salió perdiendo no sólo porque la medida fue interpretada como un juego peligroso contra la democracia parlamentaria sino porque además el presidente de la cámara, puso las cosas claras reafirmando la obvia supremacía del parlamento sobre el partido ministerial. El presidente de la cámara, obligó al gobierno a reconocer que el parlamento tenía derecho a conocer toda la información, porque Canadá es un sistema parlamentario y no presidencialista y recomendó que se buscara un compromiso que permitiera garantizar la seguridad nacional. Se trató entonces de una derrota en toda la línea del arrogante gobierno conservador que debió aceptar finalmente la formación esta semana de una comisión de parlamentarios de todos los partidos para ver lo que podía ser del domino público y que es lo que no debía.
Aunque en Québec eso no influyó en la impopularidad manifiesta ya en esa provincia, el efecto fue devastador en el resto de Canadá. Ello generó una crisis de confianza que se sumó a otros sucesos, llevando a que los conservadores comenzaron a parecer como un gobierno poco transparente, que rompió las promesas de transparencia de cuando eran oposición. Esto fue corroborado por una serie de otros hechos: En primer lugar la crisis en el organismo Derechos y Democracia que pese a que debía ser autónomo, sufrió de la injerencia política directa de la oficina del primer ministro. A ello se agregó la verdadera zaga de la expulsión del gabinete de la ministro de Estado a la Condición Femenina Helena Guergis, bajo acusaciones y entrega de datos a la policía por cuestiones que todavía no han sido aclaradas. Se agrega también la denuncia en los últimos días de todas las asociaciones de periodistas del país, de que el gobierno conservador ha elevado la obstrucción del acceso a la información y a la transparencia en código de conducta impuesta a los funcionarios y a su gestión. Los conservadores buscan controlar por todos los medios posibles el mensaje político y se burlan de la ley de acceso a la información.
El último hecho es el rechazo de la obligación en sistema parlamentario de comparecer cuando son convocados por comisiones parlamentarias. Harper, contra la tradición parlamentaria prohíbe que se presenten sus funcionarios, entre otros, su portavoz Dimitri Soudas. Ha decidido enviar los ministros pretextando la responsabilidad ministerial. Se produjeron incluso situaciones cocases como que Soudas se escapaba para no recibir la citación a comparecer y hasta se abrió un sitio Internet donde se decía donde estaba. Todo ello para controlar el mensaje, pero se espera nuevamente que en el otoño se reafirma la potestad del parlamento en convocar ciudadanos, cualesquiera que sean a las comisiones parlamentarias.
Otro hecho que afectó la popularidad del gobierno en el resto de Canadá, fueron los gastos estratosféricos de cerca de mil millones de dólares en seguridad para la organización de la cumbre del G8 y del G20, un despilfarro que ha sido criticado en Canadá como en el exterior porque además se realiza cuando se imponen planes de austeridad y el propio gobierno conservador le recomienda a otros países que pongan orden en sus finanzas. Lo cierto es que el debate sobre el lago artificial construido de 60 millones de dólares se ha transformado sobre todo en el Canadá Inglés en la nueva imagen de gobierno conservador despilfarrador. El problema es que con su manía de controlarlo todo, está confirmado que fue la oficina del primer ministro la que tomó todas las decisiones.
Además, con respecto al G8 y el G20, Harper no ha conseguido darse la imagen de jefe de estado que quería obtener. Por un lado aparece en contrapunto con las tendencias de alejamiento del neoliberalismo extremo y la desregulación que adoptan ahora las capitales Europeas e incluso la administración estadounidense. Aunque consiguió torpedear la iniciativa de un impuesto para financiar un fondo especial que permitiera evitar las inyecciones billonarias de fondos por parte de los estados en caso de una nueva crisis especulativa. Harper, el partidario abierto de la desreglamentación, benefició en Canadá precisamente de una reglamentación estricta de los bancos que impidió que la crisis fuera mayor; ahora ataca precisamente esfuerzos para que ello se imponga a nivel internacional.
A eso se agrega la propuesta de favorecer la maternidad infantil con un enfoque ultraconservador como el adoptado por el ex presidente estadounidense ultraderechista Georges Bush. Una posición que debió moderar pero que reforzó la percepción de que si tuviera gobierno mayoritario los conservadores profundizarían su proyecto de transformar completamente los valores tradicionales canadienses en política nacional e internacional.
Los analistas consideran que esa es la estrategia de Harper: transformar profundamente Canadá imponiendo valores ultraconservadores como los de la derecha estadounidense. Es una estrategia de usar cada tema para dividir la oposición en temas valóricos usando las víctimas y casos extremos para ganar electorados específicos. Por ejemplo, buscar a poyo de inmigrantes recientes con la política contra el control de la natalidad al exterior de las fronteras canadienses, de buscar el apoyo de las victimas de crímenes y jugar con la inseguridad ciudadana, con estrategias represivas, de castigo contra culpables hasta de crímenes menores. Con ello persiguen una agenda conservadora que busca cambiar el enfoque actual que favorece la rehabilitación por otro que favorece la represión. Todo ello a pesar que las estadísticas muestran que los crímenes disminuyen de año en año en Canadá y no justifica tal cambio como no sea por razones ideológicas.
Los conservadores aprovechan la debilidad de los liberales, que también están bajos en las encuestas, y aunque todos los partidos de oposición se inscriben a la izquierda de los conservadores, las posibilidades de revivir una alianza que haga caer el gobierno conservador han sido desechadas por los liberales y los neodemócratas aunque abundaron los rumores.
Más allá de la impopularidad del jefe del partido liberal Michael Ignatief, es la división política como la división geográfica del voto, lo que en condiciones de elecciones uninominales por distrito hace difícil el establecimiento de gobiernos mayoritarios formados por coaliciones, a pesar que esto es normal cuando hay gobierno minoritario como ocurrió recientemente en Gran Bretaña.
El panorama político canadiense, a pesar de la impopularidad del gobierno conservador, sigue en un impasse. Por un lado, ya parece cada vez menos probable que los conservadores de Stephen Harper puedan manipular la opinión pública para ganar un gobierno mayoritario.
Por otro lado, los liberales no parecen beneficiar de la baja de popularidad del gobierno conservador; tampoco parecen existir las posibilidades de una coalición para derrotar Harper en el parlamento. Algunos acusan al bloque quebequense como el culpable de que los conservadores sigan en el poder. Sin embargo, son los bloquistas de Gilles Duceppe quienes con mayor consistencia se oponen a las políticas del gobierno Harper. Son más bien los propios liberales quienes permiten la sobrevida del gobierno minoritario conservador al votar favorablemente en votos de confianza al gobierno.
El impasse no podrá resolverse fácilmente, porque como indicábamos al comienzo, se trata de problemas profundos del sistema político canadiense. En primer lugar, está el tema no resuelto del estatus constitucional de Québec en vísperas del vigésimo aniversario del llamado acuerdo del Lago Meach, que proponía dar un estatus de sociedad distintiva a Quebec y que no alcanzó el apoyo necesario para ser ratificado en el resto de Canadá. Por ello, la gran mayoría de los electores quebequenses seguirán apoyando el Bloque quebequense mientras siga el actual estatus quo, que privilegian todos los otros partidos federales. Como señalaba un analista: la existencia del Bloque quebequense es el impacto más estable del fracaso del acuerdo del Lago Meach.
Las ofertas iniciales de un federalismo abierto por parte del gobierno Harper no han quedado en nada. Ahora con el plan de establecer una sola autoridad de gestión financiera a pesar de la objeción de Québec y otras medidas, es muy difícil que los conservadores puedan aumentar su votación en la Belle Province. En el resto de Canadá, se estima que luego de la adopción de la ley de la claridad, ya no es necesario negociar con Québec. El posible retorno del partido quebequense al poder en las próximas elecciones, cuando los liberales de Jean Charest se debaten en escándalo sobre escándalo y que la llamada comisión Bastarache sobre la nominación de jueces se transforma en pesadilla para Charest, hay un consenso de que los pequistas ganarán las próximas elecciones en dos años.
En segundo lugar, desde una perspectiva política, el problema seria que los conservadores lograron unirse, mientras los votos progresistas están divididos. Por un lado, Miguel Ignatief no es precisamente del ala progresista del partido liberal. Por otro lado, el partido democrático nuevo de Jack Layton, tampoco se inscribe hoy en los momentos más progresistas de su historia. Los sectores progresistas tradicionales han sido abandonados por el NPD lo que se ha traducido en crecimiento de otros sectores particularmente en lo que respecta a nuevos desafíos como el del cambio climático o del medio ambiente.
No puede considerarse el actual impasse que se vive en el panorama político canadiense como algo circunstancial, sin considerar la crisis de legitimidad creciente de las democracias occidentales, lo que es un fenómeno no sólo de Canadá, sino que también de los otros países en los que el Estado y los ciudadanos cuentan cada vez menos. El retorno de lo político, vale decir del rol del estado en el marco de la crisis financiera de la economía casino, todavía no da sus frutos. La pusilanimidad del presidente estadounidense Barack Obama frente a la compañía transnacional petrolera British Petroleum en el golfo de México en la peor catástrofe medioambiental de Estados Unidos es el ejemplo más claro de la debilidad del Estado frente a las transnacionales. Una situación que muestra también el déficit de participación ciudadana en las democracias liberales occidentales. En Canadá, el gobierno conservador abusa de esa situación ligándose directamente con las empresas y poniendo cortapisas a la transparencia y participación ciudadana. El impasse del sistema político canadiense y la paradoja de un gobierno conservador que gobierna como mayoritario a pesar de tener menos de un tercio de favor popular es representativo de esta tendencia que sólo una mayor participación ciudadana puede detener. Es el efecto de políticas esgrimidas por aquellos, que denunciaba el filósofo francés Paul Valery de aquellos que consideran la política como el arte de impedir que la gente se ocupe de lo que les concierne.






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