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El viejo gremialismo y la universidad Napoleónica No en vano Joaquín Lavín pertenece a un partido que es heredero d

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Puesta online a las 10:02, el 14 de Julio del 2011


El viejo gremialismo y la universidad Napoleónica
No en vano Joaquín Lavín pertenece a un partido que es heredero del gremialismo universitario. La idea de los seguidores de Jaime Guzmán Errázuriz, en la Universidad Católica, consistía en que los estudiantes se dedicaran, exclusivamente, a su materia específica, y no se preocuparan del entorno sociopolítico del país donde vivían: era la Universidad profesionalizante de Napoleón Bonaparte. Es lógico que por la formación del ministro Joaquín Lavín no comprenda que la educación está profundamente relacionada no sólo en todas las materias de estudio, sino, sobre todo con la realidad nacional.
Las demandas de cambios globales como la reforma constitucional, que garantice la educación pública de calidad, la renacionalización de las minas del cobre y el aumento del royalty, así como nuevas leyes tributarias, son parte consubstancial de la revolución educacional; el reduccionismo de parcelarlas constituye una ignorancia o una tontería o, al final, una ideología que no entiende el valor del Estado docente. Si se pretende, por ejemplo, aumentar el rol del Estado en la educación universitaria y técnico-profesional y promover la investigación científica y tecnológica – para qué hablar de la innovación – será imprescindible aumentar el royalty y, especialmente, el impuesto a la renta de primera categoría, es decir, las ganancias percibidas por la y por las grandes empresas; algo similar ocurre con la educación Básica y Secundaria. ¿Cómo sería posible pensar que sin aumento de impuestos se pudiera lograr una un cambio radical en la educación chilena?
Si analizamos las reivindicaciones presentadas por los estudiantes secundarios, no se puede sino estar de acuerdo con ellas. La desmunicipalización y el Estado docente fue la aspiración fundamental de la “revolución de los pingüinos”, en 2006, tramitada y traicionada por el duopolio, durante el gobierno de Michelle Bachelet. La derogación de la LOCE, producto de un acuerdo espurio, a espaldas de la comunidad docente y el aumento del 3.1% al 7% del PIB, destinado a la educación, forman una trilogía de reivindicaciones muy sentidas por el país y traicionada por la mediocre casta política.
Por parte de la educación superior, absolutamente abandonada por los gobiernos de la Concertación, que dejó esta área en manos del lucro, las demandas son clarísimas: el 70% de la educación superior es financiada, por medio de créditos usureros, por las familias de los estudiantes; el Estado apenas invierte el 10% en la ayuda directa a las universidades fiscales. En algunas universidades privadas se transan edificios, con profesores y alumnos incluidos, en una verdadera “bolsa” de la cultura universitaria.
Como la situación de la educación superior se hizo inaguantable, los estudiantes se rebelaron exigiendo cambios tan justos como “el aumento del gasto público en educación - con énfasis en el apoyo concreto a las universidades estatales” – la democratización efectiva de las universidades, con elección universal de los rectores, senado académico triestamental (estudiantes, profesores y funcionarios); hay muchas universidades privadas donde los dueños y sus familias se reparten los cargos de dirección académica – hay rectores-monarcas vitalicios y lo mismo ocurre con algunos decanos -; “eliminación del Aporte Fiscal Indirecto (AFI)”; “prohibición efectiva del lucro”, exigiendo una definición clara respecto a las inmobiliarias, que manejan los mismos dueños de las universidades; “rechazo a la PSU”, que no tiene ningún valor predictivo y que sólo favorece a los sectores pudientes.
Habría que agregar algunas peticiones como: “la Tarjeta Única nacional Estudiantil los 365 días del año y las 24 horas del día; mejorar la calidad de la alimentación entregada por la JUNAEB; mejorar la infraestructura; reconocimiento legal de las federaciones y organizaciones estudiantiles”.
Con razón, los estudiantes rechazan al ministro Joaquín Lavín como interlocutor válido, pues tendría intereses comprometidos; por demás, los estudiantes tiene una pésima experiencia histórica, por consiguiente, no están dispuestos s repetir el engaño de que fueron víctimas por parte del gobierno y por la clase política, en las ridículas comisiones que terminaron en la inaceptable Ley General de Educación.
La gestión del ministro Lavín ha sido muy desafortunada respecto al conflicto estudiantil. Es demasiado visible que, bajo formas versallescas y dialogantes, su objetivo es agotar y dividir el movimiento por medio de maniobras distractivas, en apariencia muy hábiles – adelantar las vacaciones y retardar hasta mediados del mes de enero el término del año escolar – o azuzar a grupos de estudiantes que, so pretexto de no perder clases, pretenda romper la unidad estudiantil. Acusar al Partido Comunista de dirigir el movimiento con constituye una vieja torpeza de la derecha y, a la vez, un tremendo homenaje a un partido que tiene muy bajo poder de movilización. ¿Será que no se ha dado cuenta de que los movimientos sociales actuales no responden a partidos políticos del siglo XX, y muchos de ellos pretenden superarlos?
Tenemos para un largo período de movimientos sociales, que no están dispuestos a transar con el poder y sus a arbitrariedades, que reniegan de la democracia bipolar y que se niegan a aceptar que nuestra educación siga siendo el páramo de la ignorancia y el negociado
Rafael luis Gumucio Rivas





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