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Los pendientes del Golpe- Loreto Soto- Pese a que abogados destacan que ya existen investigaciones judiciales para casi

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Puesta online a las 20:28, el 10 de Septiembre del 2011


Los pendientes del Golpe
Loreto Soto

Pese a que abogados destacan que ya existen investigaciones judiciales para casi la totalidad de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, el número de agentes de seguridad que cumplen condena es mínimo. Un paso que continúa pendiente cuando ya se van a cumplir casi cuatro décadas desde el golpe militar.

Ya han pasado 38 años desde la instauración del gobierno militar en Chile. Un periodo que se caracterizó por la aplicación de cambios sustanciales - que tienen sus ramificaciones hasta hoy en aspectos como la educación – pero que además tuvo como sello las reiteradas violaciones a los derechos humanos.
Han sido casi cuatro décadas en que, a paso lento, se han ido clarificando las circunstancias en que murieron miles de ejecutados políticos y a un ritmo incluso más pausado, se ha logrado condenar a algunos de los autores de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura.
Y los dos últimos años han sido clave en la materia. Además de la reapertura de casos emblemáticos como el de la muerte de los ex Presidentes, Salvador Allende y Eduardo Frei Montalva, también se presentó una querella por el fallecimiento del ex general de la Fuerza Aérea, Alberto Bachelet y se ordenó la exhumación, en los últimos meses de 2010, del cadáver del ex ministro de Allende, José Tohá para determinar las verdaderas causas de su muerte.
También durante 2010, la Corte Suprema entregó un informe que contabilizó 1135 casos de violaciones a los derechos humanos sin investigar, que se habrían producido mayoritariamente durante los primeros años del golpe. De ellos, 726 ya tienen una querella en proceso presentada por la Fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Beatriz Pedral.
Otro hito en este sentido fue la entrega del informe Valech II que acreditó 9 mil 800 nuevas víctimas directas de torturas y prisión política, que se suman a las 27 mil 255 reportadas inicialmente, además de 30 nuevos casos de desaparecidos y ejecutados, que se agregan a los 3 mil 195 certificados en la primera versión del documento.
El abogado integrante de esta instancia, Luciano Fouillioux, calificó estas cifras como “muy importantes”, porque “se acercan a los estándares de la información que manejaba la Vicaría de la Solidaridad en función a los recursos de amparo que presentó durante la dictadura y otras ONG´s de derechos humanos y de investigación”. Es decir, estos nuevos casos implican un acercamiento al número total de víctimas del golpe militar.
Lo mismo habría ocurrido con el reporte emanado de la Corte Suprema. El ex coordinador de esta área en el máximo tribunal del país, Sergio Muñoz, precisó que “de acuerdo a nuestro catastro, no existe ninguna persona en Chile que haya sido desaparecida o muerta que no tenga un proceso o que no esté siendo investigada la forma en que falleció”.
Y aunque en relación a la identificación de las víctimas, las distintas instancias ya tendrían cubierto prácticamente todo el universo de casos, todavía se aprecia un retraso en el siguiente paso del proceso: las condenas para los victimarios.
Si tomamos en cuenta que, de acuerdo a los datos de la comisión Valech, habría cerca de 38 mil casos de prisión política y tortura acreditados, la proporción de condenados es considerablemente menor.
Si bien, las cifras varían de acuerdo a la forma en que avancen las causas,según los datos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior – entre 2000 y fines de diciembre de 2010 – 778 ex agentes de servicios de seguridad han sido procesados y/o condenados por crímenes de lesa humanidad, lo que incluye a funcionarios con absoluciones en apelación. Sólo 71 de ellos estarían cumpliendo condenas privativas de libertad y más de la mitad lo estaría haciendo en el penal Punta Peuco.
Por otro lado, un reporte de la Corte Suprema indica que de un total de 280 militares condenados a diciembre de 2009, 111 pertenecen al Ejército, 117 a Carabineros, 13 a la Armada, 19 a la Fuerza Aérea, 7 a Investigaciones, uno a Gendarmería y 12 civiles.
Sobre este último punto, Luciano Fouillioux, comentó que “de repente se olvida y se responsabiliza al mundo militar, pero aquí hubo civiles comprometidos con el golpe que han pasado bastante por fuera de las manos de la justicia. Por muchos años hubo un pacto de silencio y un manto de impunidad que dificultaron el trabajo de los jueces que llevaron adelante estas investigaciones”.
En esa línea, el ministro Muñoz precisó que “no existe ningún país en el mundo donde el Poder Judicial haya instruido una investigación formal y haya obtenido resultados respecto de la totalidad de las personas muertas o desaparecidas en enfrentamientos relacionados con hechos políticos de carácter violento. En Chile, por lo menos en la labor que se hizo en la Corte Suprema, se estableció que el 100 por ciento de esas personas es posible determinar judicialmente que existe un sumario para investigar su paradero”.
Muñoz indicó que “el resultado concreto queda entregado a los magistrados, pero la labor de garantizar que exista para la totalidad de las víctimas acceso a la justicia, se ha cumplido”.
Ambos juristas destacaron la función de las familias en la entregar información para poder avanzar con las causas, además de la labor de organizaciones de derechos humanos y no gubernamentales.
De todas formas, la sensación de impunidad se mantiene toda vez que sólo el 0,2 por ciento de los victimarios, en relación con la totalidad de los afectados, están en prisión.

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http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110909/pags/20110909183139.html
Escandaloso lucro. En medio del conflicto estudiantil universidades revelaron que ganaron más de cinco mil millones de dólares en un año
Por Susana Frías K.
Ministro de Justicia, Teodoro Ribera, fue uno de los principales actores del lucro en el denominado “negocio” educacional. Rector y dueño (junto con su padre) de la Universidad Autónoma, generó utilidades por más de 11 mil millones de pesos durante el 2009.

Comenzó como un derecho de cada ciudadano y terminó convirtiéndose en un "bien de consumo", como el propio presidente Sebastián Piñera describió a la educación. Hoy estudiar es sinónimo de comercio, una mutación del mercado que lo convirtió en un gran negocio operado por enormes corporaciones, forzado -principalmente- por desregularizaciones y reformas que así lo permitieron.

Como toda inversión, lo que importa en estas instituciones es conseguir cuantiosas utilidades. Ha ocurrido con las telecomunicaciones, comercio al detalle, retail y salud privada, sólo por mencionar algunas; la educación no podía quedar atrás. Extraño o no, estas instituciones -debido a la alta rentabilidad que poseen- son consideradas como una verdadera "industria".

Negocio redondo

En 2009, el Servicio de Información de la Educación Superior del Mineduc (SIES) publicó un informe que reveló que las 58 casas de estudio que ese año entregaron sus datos obtuvieron ingresos por más de cinco mil millones de dólares. Las cuatro primeras universidades del ranking de ventas controlan el 40% del mercado.

La Universidad Autónoma, Inacap y la Universidad Andrés Bello se erigieron como los estamentos educacionales que obtuvieron las mayores utilidades.

Inacap, administrada por la Confederación de la Producción y del Comercio, encabeza el ranking con 17.329 millones de pesos en 2009.

Aunque según el gerente general del organismo gremial, Fernando Alvear, ningún formato del instituto tiene fines de lucro y todo se reinvierte.

Con el mayor número de alumnos del país (33.330), la Andrés Bello, del consorcio Lauraete -dueño de las universidades de Las Américas, de Viña del Mar y el instituto AIEP-, es la segunda, con 14.523 millones de pesos.

Del lucro a Justicia

El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, y su padre son dueños de la tercera universidad que más ganó en 2009: la Autónoma, que cerró su balance con 11.796 millones de pesos en utilidades.

Hace menos de dos meses, el secretario de Estado era rector y dueño de la Universidad Autónoma, y bajo esa calidad anunció la inversión de 53 millones de dólares en expansión del plantel. Ahora el cargo lo ocupa Ernesto Schiefelbein. Sin embargo, el plantel fue fundado por la familia del ministro y, hasta ahora, el padre del mismo (Teodoro Ribera Beneít) sigue siendo el presidente de la Junta Directiva.

Desconocemos si el ministro de Justicia realizó o no alguna especie de fideicomiso, pero lo cierto es que su familia sigue estando al mando de la Universidad Autónoma, que es privada y tiene fines de lucro. Sí sabemos que este plantel fue el tercero con mayores ganancias en 2009.

En el diario Estrategia, Ribera antes de asumir como ministro, se refirió a la gran inversión que tenían pensado hacer en la universidad. El militante de Renovación Nacional detalló los montos involucrados en el plan de expansión" de su institución. "En Santiago, compramos el terreno del colegio de las Monjas Argentinas del Sagrado Corazón, con una inversión de 35 millones de dólares y esperamos inaugurar la primera etapa en febrero de 2012".

Además, "en Talca, la ampliación del campus universitario tendrá una inversión de 6 millones de dólares, mientras que en Temuco, la construcción de un nuevo centro deportivo contempla una inversión aproximada de 6 millones de dólares, ambos se inaugurarán el próximo año".

Agregó que "en la sede ubicada en la comuna de San Miguel la inversión alcanza los 6 millones de dólares destinados a la construcción de una clínica dental que entrará en funciones en febrero del 2012".

"Además, la universidad se adjudicó recientemente, a través de una licitación pública, el campus clínico en Capredena, que pertenece a las Fuerzas Armada", detalló

Y, por último, "la universidad acaba de comprar el 100% del Instituto Profesional INCA-CEA, que va a ser gestionado y administrado de forma separada de la universidad. Esperamos hacer una inversión, en un plazo de 2 a 3 años, de 15 millones de dólares. El Instituto tiene sedes en Santiago y Viña del Mar", contó Ribera Neumann.

Grandes ganancias que le ha permitido extenderse al área de la educación básica y media particular y comprar -bajo la figura de Sociedad Educacional "Educar"- el colegio" George Chaytor English College, ubicado en la ciudad de Temuco.

Según el propio ministro, la entidad controla el 21% de la inversión en la Clínica del Maule y el año pasado hacía gestiones para entrar en alianza con la Clínica Cordillera y con el Grupo MasVida, propietario entre otras, de la Clínica Las Lilas.

Ribera se explayó diciendo que pretendía contar con 19.500 estudiantes este 2011.

Igualando al mercado

A tal nivel llega este mercado de la educación que ha logrado superar a otras industrias como la farmacéutica, estimada en unos 1.700 millones de dólares, y se acerca a las ventas que Falabella realizó en 2009 en toda Latinoamérica, las que llegaron a 6.410 millones de dólares.

Quien logra describir el mundo empresarial de la educación es la periodista María Olivia Mönckeberg, quien realizó una detallada y alarmante investigación sobre esta actividad en su libro "El Negocio de las Universidades".

Mönckeberg explicó cómo se articula este gran negocio rotulado como "sin fines de lucro". "Son corporaciones sin fines de lucro, pero sin embargo esa norma prácticamente nadie la sigue. Creo que en esto hay dos grandes tipos de negocio. El negocio propiamente tal, que está interesado en sacar la mayor cantidad de dinero a través de subterfugios, como la inmobiliaria que arrienda los edificios, el que presta servicios como el aseo, los proveedores diversos, etc. Por otra parte, hay que considerar que hay una serie de subsidios que tienen las universidades por el solo hecho de serlo. Según especialistas, es un negocio que tiene más facilidades tributarias que la construcción".

La inversión total en publicidad es probable que supere los 900 millones de dólares anuales en los balances de 2010. De este total, según el informe de Achap de 2008 (Asociación Chilena de Agencias de Publicidad), en el octavo lugar aparece el rubro universidades, con 2,5 por ciento del total invertido, lo que da una cifra de 22,5 millones de dólares, que supera a toda la publicidad de sectores como la banca o las farmacias.

Los actores claves

El tema educacional ha sido el eje de discusión durante los últimos tres meses, donde se han incluido marchas, paros, llamado al diálogo por parte del gobierno y propuestas. Frente a este panorama, realizaremos un repaso a los ministros que están relacionados a proyectos educativos, entre ellos los que poseen fines de lucro.

1) Joaquín Lavín:Posee el 85% de Estudios Económicos Limitada, que a su vez maneja el 14% de la sociedad Ainavillo, la inmobiliaria que finalmente obtiene las ganancias de la Universidad del Desarrollo. Cuando Lavín fue ministro se negó a demostrar si efectivamente se había desprendido de su participación en esta empresa, por lo que no es posible saberlo. Según la declaración de patrimonio del año 2010, él seguía dentro de esa sociedad.

También Lavín tiene participación en ADASEP, una sociedad anónima en la que también actúa por medio de Estudios Económicos Limitada y de la que tenía, a 2010, un 3,83%.

2) Cristián Larroulet:Es dueño de Inversiones El Otoñal, sociedad de papel -al igual que Estudios Económicos de Lavín- a través de la cual maneja su porcentaje en Ainavillo. En El Otoñal, Larroulet tiene participación en la administración y posee el 99,0099% de la misma.

La profesora María Olivia Mönckeberg, en su libro "La Privatización de las Universidades", da cuenta de cómo en 1994 la sociedad Ainavillo -que posee la "inmobiliaria anexa" de la Universidad del Desarrollo- tuvo una modificación legal, donde El Otoñal recibió el 20% de la misma, mientras que Estudios Económicos se adjudicó el 14%. Los otros dueños de Ainavillo eran Carlos Délano, Federico Valdés y el fallecido Ernesto Silva Bafalluy.

No es todo. Larroulet posee 140.170 acciones en Curauma S.A., sociedad que tiene inversiones en 4 colegios con 1.200 alumnos, en 12 jardines infantiles con 480 niños y en el Campus Curauma de la Universidad Católica de Valparaíso, donde se reúnen 2.600 estudiantes.

3) Alfredo Moreno:También participa en la sociedad Curauma S.A., junto al ministro Larroulet. En todo caso, su participación es mayor: 352.198 acciones, equivalentes a casi 6 millones de pesos. Acá también participa el ahora ex ministro Juan Andrés Fontaine. Su activo es de 122.943 acciones.

Además, el ministro de Relaciones Exteriores es asesor de dos fundaciones sin fines de lucro: la escuela de negocios DOM Cabral de Brasil y la Booth School of Business de la Universidad de Chicago, donde es miembro del Comité Asesor hace 4 años.

4) Rodrigo Pérez Mackenna: El ministro de Vivienda y Urbanismo colabora monetariamente con el proyecto educacional Fundación Mano Amiga, que pertenece a los famosos Legionarios de Cristo de México.

Pérez Mackenna entrega aportes voluntarios desde hace 16 años a la Congregación Religiosa Legionarios de Cristo, que está ligada directamente con el Colegio Cumbres.

Con la Fundación Mano Amiga colabora hace tan sólo cuatro años, también a través de aportes voluntarios. A esta sociedad pertenecen cuatro colegios con fines de lucro: Colegio San Juan de Recoleta (1.034 alumnos), Colegio Santa Teresita de Jesús, en Huechuraba (805 alumnos), Colegio Fernández de León, en Llo Lleo (619 alumnos) y el Colegio particular subvencionado Santa María de Guadalupe, en Colina (95 alumnos).

5) Felipe Larraín: También a través de aportes esporádicos, el ministro de Hacienda colabora con la corporación privada Patronato de la Infancia. Esta sociedad tiene un área de jardines infantiles, que ofrece educación gratuita a niños de escasos recursos.

Los institutos ¿de los obreros? ¿de los campesinos?

Antes de convertirse en verdaderas instituciones financieras, Inacap y el Duoc UC, cumplían -paradójicamente- el objetivo de ser la casa de estudios para perfeccionar a los campesinos y mano de obra. Sin embargo, con el paso del tiempo la idea se fue desvirtuando.

En 1960 SERCOTEC organiza un Departamento de Formación Profesional para elevar la calificación de la fuerza laboral. El 21 de octubre de 1966 nace la Corporación INACAP con la misión de formar y capacitar al trabajador chileno. Posteriormente, en 1976, el Decreto Ley N°1.446 establece que la capacitación laboral debe realizarse por Organismos Técnicos de Ejecución, constituyéndose INACAP como tal.

Sin embargo, en 1980 se eliminan los aportes gubernamentales, por lo que el Instituto debe autofinanciar sus acciones de capacitación y formación profesional. En 1989 CORFO deja de ser miembro de la Corporación INACAP e ingresan como miembros la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y su Corporación Nacional Privada de Desarrollo Social.
La historia del DUOC data del año 1968, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad Católica, con el apoyo de docentes y con la intervención de los sindicatos, comenzaron a organizar una labor de capacitación en medios obreros. La iniciativa fue denominada "Departamento Universitario Obrero y Campesino" (D.U.O.C.), y a su amparo se elaboraron programas de enseñanza de artesanía, secretariado, jardinería, instalaciones eléctricas, mecánica, etc.

DUOC, sin contar con una estructura formal y ligado a la Vicerrectoría Académica de la Universidad, fue cobrando cuerpo y creció rápidamente, lo que llevó a la Universidad a darle una autonomía jurídica y de gestión para que pudiera atender a sus fines específicos y conseguir sus recursos propios. Por tal razón, el Consejo Superior de esa Casa de Estudios aprobó la creación de la Fundación DUOC el 7 de septiembre de 1973.

En 1974 nace la Fundación DUOC de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con el objetivo de "programar y realizar labores educacionales destinadas a la formación técnica no universitaria, sub-técnica y de capacitación y perfeccionamiento de adultos".

En 1981 adaptó su estructura académica y creó el Instituto Profesional DUOC y el Centro de Formación Técnica DUOC, los que fueron reconocidos oficialmente por las autoridades educacionales en los años 1982 y 1983, respectivamente.
El 16 de noviembre de 1995 el ministerio de Educación reconoció la plena autonomía del Instituto Profesional y el 16 de junio de 2001 se otorgó igual reconocimiento al Centro de Formación Técnica.







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