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Chile vuelve a ser reprobado en materia de Derechos Humanos. Crudo informe de la Universidad Diego Portales

.Brutalidad policial para enfrentar las movilizaciones sociales, torturas en las cárceles y discriminación que impide, por razones económicas, que todas las mujeres tengan derecho a un parto sin dolor. Estos son sólo algunos de los aspectos que marcan la realidad del país de cara al Bicentenario, según el poco alentador documento elaborado por la casa de estudios superiores. ..

Puesta online a las 13:42, el 19 de Agosto del 2008

Crudo informe de la Universidad Diego Portales

Chile vuelve a ser reprobado en materia de Derechos Humanos.
Brutalidad policial para enfrentar las movilizaciones sociales, torturas en las cárceles y discriminación que impide, por razones económicas, que todas las mujeres tengan derecho a un parto sin dolor. Estos son sólo algunos de los aspectos que marcan la realidad del país de cara al Bicentenario, según el poco alentador documento elaborado por la casa de estudios superiores.

Las iniciativas en materia sanitaria, judicial y laboral que se han emprendido los últimos años no han permitido que Chile pueda mejorar sus falencias en relación al respeto de los derechos humanos de las personas.

Así lo establece el informe Anual sobre Derechos Humanos elaborado por la Universidad Diego Portales que se dio a conocer de manera íntegra este martes, el cual pone en tela de juicio los resultados de una serie de iniciativas impulsadas en los últimos años en materias de salud, laborales y judiciales, entre otras.

Derecho a la salud

El documento sostiene que el Derecho a la Salud ni siquiera está garantizado en el Plan Auge, donde queda al descubierto que la promesa de cobertura anunciada se supedita– en la práctica- a criterios económicos y no sanitarios.

Al respecto la académica Alejandra Zúñiga devela que prácticamente todas las Guías Clínicas AUGE – verdaderas “letras chicas” del Plan que son las que especifican las condiciones y requisitos para ser beneficiario del sistema-, establecen criterios de exclusión, tales como: la edad o lugar de residencia del paciente, haciendo imposible el cumplimiento de la promesa de cobertura que la propia ley Nº 19.966 estableció para que ‘toda persona residente en el territorio nacional, independiente de su edad, sexo, educación, etnia, preferencias sexuales o ingreso, pueda contar con un mecanismo de protección social que le dé acceso universal a una atención de salud adecuada y oportuna para enfrentar las situaciones de enfermedad”.

En tanto, tomando fuentes oficiales y diversos estudios, el capítulo sobre el tema realiza un exhaustivo análisis de incumplimientos y discriminación, siendo particularmente graves aquellos que ocurren en atenciones garantizadas a la mujer, como el derecho al parto sin dolor, incorporado al AUGE a partir de julio del 2007. “Lo que parecía ser una gran noticia resulta en una garantía sin contenido, una GES para unas pocas mujeres que, por distintas circunstancias, pueden hacer uso de este ‘derecho’”, plantea Zúñiga.

Movilizaciones sociales

En tanto, el director del centro de DDHH de la UDP, Nicolás Espejo, se refirió a cómo está enfrentando el país las movilizaciones sociales.

“Una república que se apresta a celebrar 200 años de existencia y una economía que busca incansablemente su asociación con la elite mundial, no parece condecirse con las prácticas de represión y hostigamiento a las movilizaciones sociales y la brutalidad policial como las que se registran en este informe”, expresó.

Agregó además que existen dificultades para comprender cómo el Estado de Chile permite las humillantes condiciones en las que miles de adolescentes privados de libertad se encuentran en los centros de reclusión bajo su dependencia, o con las prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que se siguen registrando en diversas cárceles de Chile.

Espejo destacó que este año el informe haya abarcado el tema de la protesta social y derecho a huelga. Sostuvo al respecto que mientras el Gobierno impulsa sendas reformas a la forma de enfrentar las demandas de los pueblos originarios (particularmente el mapuche) al sistema educacional, al sistema electoral y a la justicia y condiciones laborales, al mismo tiempo mantiene, justifica y defiende altos e intensos niveles de represión policial y hostigamiento, salvo cuando se trata de casos en que la protesta social fortalece la posición oficial, como el de la píldora del día después.

“El derecho a la libertad de expresión juega también un rol fundamental en el ejercicio de otros derechos políticos, tales como el derecho de reunión y protesta. Por tanto, debe evitarse un acercamiento a las movilizaciones sociales que reduzca tales manifestaciones legítimas a meros actos de violencia y falta de razón”, puntualizó.

El estudio sostiene que a pesar de diversas recomendaciones hechas por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, el Estado de Chile mantiene una legislación ampliamente restrictiva del derecho a la huelga en sus aspectos esenciales.

Al mismo tiempo, este contexto restrictivo se manifiesta también en la retórica del Gobierno, los medios de comunicación y la jurisprudencia judicial y administrativa, agravando las posibilidades de reconocimiento del derecho a huelga, se afirma en el capítulo dedicado al tema. “Un Estado que no reconoce adecuadamente el derecho a la huelga de sus trabajadores, tiene serias dificultades para honrar su compromiso con la dignidad del trabajo y con la humanización del capital”, planteó Espejo.

Acceso a la Justicia y tribunales militares

El capítulo dedicado al acceso a la Justicia revela “la preocupante situación de las corporaciones de Asistencia Judicial, -las que constituyen el principal soporte del sistema de asistencia jurídica gratuita del país- toda vez que cuentan con un presupuesto insuficiente y una estructura organizacional atomizada y asentada en la figura de los egresados de derecho, que realizan su práctica profesional”.

También hay un capítulo dedicado a revisar las principales violaciones al derecho al debido proceso por parte de la legislación militar y su aplicación a civiles. En particular, presta atención a la forma en que el Estado de Chile, a pesar de haber sido condenado hace casi cuatros años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, continúa aplicando un sistema de justicia militar plenamente incompatible con las exigencias básicas de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

Pueblos originarios

Otro de los capítulos revisa el modo en que las instituciones constitucionales, legales, judiciales y administrativas –incluyendo las policías- incurren en diversas "violaciones" a los derechos de estos pueblos. En particular, pone énfasis en el deficiente modelo de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, prácticas de violencia y hostigamiento en contra de comunidades indígenas y de quienes intentan defenderlas y el constante crecimiento de denuncias internacionales en contra de Chile en esta materia.

Otros temas tocados por el Informe son los derechos de niños, niñas y adolescentes, medio ambiente, de la mujer, violaciones a los DDHH en el pasado, minorías sexuales y condiciones carcelarias.

“El reconocimiento de los errores en estas materias es, sin lugar a dudas, excepcional. Por ello, un informe sobre violaciones a los derechos humanos es demasiado importante para la calidad de la democracia. Su objetivo no es agradar, sino incomodar. Su metodología no es la misma utilizada en informes de avance o implementación de políticas públicas o legislación. Su vocación no es el compromiso entre los intereses en juego, sino la férrea defensa de aquello que más valoramos cuando nos enfrentamos al poder o la ausencia del mismo", dijo Espejo.
INFORME COMPLETO EN ELMOSTRADOR.CL

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