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La situación del abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de la V Región, Enrique Vicente Molina, (c

El senador Nelson Ávila pidió al presidente del CDE, Carlos Mackenney, que abra una investigación sumaria en contra de Vicente y destacó que, mientras el CDE es parte querellante en el país en diversas causas por delitos de lesa humanidad eso no sucede en la V Región....

Puesta online a las 12:15, el 25 de Agosto del 2008

Por Jorge Escalante / La Nación

Oficios del senador Nelson Avila piden que lo investigue la Contraloría y el CDE nacional
Se complica situación de jefe del CDE en la V Región

El también ex fiscal naval Enrique Vicente está querellado en varios procesos por violaciones de los derechos humanos y es acusado por ex agentes de ejercer poder en centros de tortura. Lo defienden tres abogados del propio CDE de la V Región.

La situación del abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de la V Región, Enrique Vicente Molina, (capitán de corbeta (R), ex fiscal naval de Valparaíso durante la dictadura militar y ex seremi de Justicia de Augusto Pinochet) se complica cada vez más.

A las declaraciones de ex agentes del Grupo Zorro 2 -que lo acusan de ser uno de los hombres que tenía poder en los centros de detención y tortura como la Academia de Guerra Naval y el Cuartel Silva Palma, lo que Enrique Vicente niega- y al ocultamiento a la justicia de su labor como fiscal entre los años 1975 y 1977 -declaró que sólo sirvió como fiscal naval de Valparaíso hasta el 31 de diciembre de 1974- ahora se sumaron dos oficios del senador Nelson Ávila.

El parlamentario pidió al contralor general de la república, Ramiro Mendoza, que indague los términos en que ejercen la defensa de Vicente los abogados del mismo CDE de la V Región y subordinados suyos, Juan García Bilbao, Helga Göcke Saavedra y Alfredo Larreta Granger.

"Estos abogados han realizado en las causas criminales (donde está imputado Vicente) actuaciones y diligencias procesales en horarios que corresponderían a los de su función pública, y para los efectos de las notificaciones (judiciales de estas causas) han consignado las dependencias del propio CDE", sostiene Ávila.

A su vez, el senador ex PPD y hoy radical envió un segundo oficio dirigido al presidente del CDE, Carlos Mackenney, donde le hizo presente la misma situación pidiéndole que el consejo abra una investigación sumaria en contra de Vicente.

Pero en este caso Ávila agregó la incongruencia de que, mientras el CDE es parte querellante en el país en diversas causas por delitos de lesa humanidad durante la opresión militar, en la V Región ello no sucede.

"Me tiene sorprendido el silencio y la pasividad del CDE en la instrucción y prosecución de causas por violaciones de los derechos humanos en la V Región", dijo el senador en su oficio a Mackenney.

En el texto el parlamentario citó el artículo que publicó La Nación Domingo el pasado 13 de julio, en el que se dio cuenta de las declaraciones y careos judiciales de los ex agentes del Grupo Zorro 2 que operó en la Academia de Guerra Naval y Cuartel Silva Palma de Valparaíso, teniente coronel (R) de Carabineros Alejandro Vargas Goas, y suboficial (R) de la misma institución, Guillermo Peña González, donde acusan a Vicente de circular frecuentemente en estos dos centros de tortura en el cerro Playa Ancha ejerciendo mando.

LND también informó acerca de un informe de la Policía de Investigaciones en el que se estableció que los agentes del Grupo Zorro 2 "cumplían en la inteligencia naval las instrucciones dadas por el fiscal Enrique Vicente Molina".

En su oficio a Mackenney, Ávila le recordó que ya se había demandado durante la presidencia de Clara Szczaranski que el CDE investigue a Vicente por las acusaciones que se le formulan en las querellas en su contra, pero nada sucedió al respecto.

Los procesos

Entre los procesos abiertos en contra del ex fiscal Enrique Vicente por delitos de lesa humanidad, están los del sacerdote Miguel Woodward, los hermanos Dragomir y Guillermo Kegevic, y Nina Reyes. Esta última lo acusa de presenciar personalmente sus torturas en el Cuartel Silva Palma, habiéndolo reconocido después, según ella, por un anillo de oro con las iniciales EV.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó recientemente que Vicente aclare ante la jueza Eliana Quezada, que instruye algunas de estas causas, por qué ocultó a la justicia su labor como fiscal entre 1975 y 1977.

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