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Abogados del Programa del Ministerio del Interior descubrieron falla

...


Puesta online a las 11:17, el 08 de Septiembre del 2007

Abogados del Programa del Ministerio del Interior descubrieron falla
Error en ley de Instituto de DDHH dejaría a víctimas sin defensa judicial

por Jorge Molina Sanhueza

El hecho se produce por la llamada ''derogación
tácita'', ya que al dictar una nueva normativa que
crea un organismo que tendrá la facultad de recibir
información, guardar la documentación de las
comisiones Rettig y Valech, mas no querellarse, se
anula la figura del ''tercero coadyuvante'' que
durante el gobierno de Lagos se usó para que el Estado
defendiera a las víctimas.

Las víctimas de violaciones de derechos humanos
podrían quedar sin defensa ante los tribunales si es
que la Cámara de Diputados confirma lo obrado por el
Senado en torno a la creación del Instituto de
Derechos Humanos y la Comisión Asesora para la
calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados
Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.

Esta fue la conclusión a la que arribaron los abogados
del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del
Interior, en una reunión reservada que sostuvieron la
tarde del jueves, donde analizaron el cuerpo legal
presentado por el gobierno al Parlamento, que incluyó
los indicaciones de la Presidenta Michelle Bachelet.

Fuentes del organismo explicaron ayer a El
Mostrador.cl que, como el Programa es la continuación
de la ley 19.123, que creó la Comisión Rettig, la
nueva normativa los “derogaría tácitamente”, como se
conoce a esa figura en el derecho público.

Esto se produce porque las facultades atribuciones que
hoy tienen pasarán al Instituto de Derechos Humanos,
como también la documentación, lo que anularía la
figura que les permite hacerse parte en los casos que
hoy sustancia la justicia como “tercero coadyuvante”.

Y esto se produce, además, dijeron fuentes de la
entidad, porque el Instituto no tiene facultades ni
atribuciones para querellarse, una de las condiciones
que impuso la derecha para facilitar su aprobación el
miércoles en el Senado.

Argumento militar

El dilema ha mantenido en alerta las organizaciones de
derechos humanos que ven en esta figura la
implantación del “punto final”, ya que en la práctica
llega una ley nueva con un organismo que actualmente
litiga en los estrados judiciales.

La situación es preocupante debido a que los abogados
de los militares procesados y condenados por delitos
de lesa humanidad han insistido en los alegatos, tanto
en la Corte de Apelaciones y en la Suprema, como
también en los escritos que presentan a los jueces que
llevan las investigaciones, que el Programa no tiene
las facultades legales para ser parte en los juicios.

La figura del “tercero coadyuvante” fue una solución
jurídica implementada durante el gobierno de Ricardo
Lagos para que un organismo del Estado pudiera
representar a las víctimas de estos delitos, como
ordena la legislación internacional.

Si bien es cierto en un primer momento la fórmula
legal fue resistida por los jueces, finalmente
terminaron aceptándola, debido a que los afectados
estaban en el desamparo, toda vez que el Consejo de
Defensa del Estado (CDE) sólo representa al Fisco como
el sostenedor de la acción penal pública y, luego,
como el defensor de sus intereses económicos.

¿Quién defiende a las víctimas?

El problema, explicaron las fuentes consultadas, es
que si el Instituto se lleva los documentos y no puede
accionar ante la justicia, entonces el Programa.
Luego, se preguntó la fuente, “¿quién defiende a las
víctimas en los tribunales?”.

Este hecho podría hacer variar el rápido curso que ha
tomado la iniciativa de Bachelet cuando sea vista en
la Cámara de Diputados, donde los organismos de DDHH
tienen sus esperanzas cifradas para mejorar la
iniciativa y que se explicite quién sostendrá la
acción penal de las víctimas ante los tribunales de
justicia, por ejemplo.

Según la dirigente de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos (AFDD) Mireya García, de ser
aprobado el proyecto tal como está solicitarán a
Bachelet que envíe un veto.

Proyecto aguafiestas

El tema puede llegar a convertirse en un problema
internacional para la Presidenta, ya que todo podría
derivar en que la imagen de Chile se viera mermada en
momentos en que se está postulando a integrar el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

García insistió en que “existe preocupación sobre este
tema, porque Chile se instalaría como un país que no
cumple los estándares de los organismos
internacionales en esta materia”.

“Si se aprueba esto, no tendrá el peso específico, ni
cumplirá con los estándares de la ONU ni Chile tendrá
una institucionalidad acorde para tan alta misión
internacional, no se pasará la prueba de la blancura",
insistió.

Otro factor que se suma a las críticas de Mireya
García, surgió a propósito del proceso de extradición
del ex Presidente peruano Alberto Fujimori.

Uno de los que ha alzado la voz fue el también
socialista Jaime Naranjo, entre otros parlamentarios.
El senador aseguró hace un par de semanas que el Poder
Judicial de Chile tiene la gran oportunidad "de
revertir su oscura actuación en el proceso seguido
contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet" si
aprueba la extradición del prófugo ex presidente
Alberto Fujimori. De lo contrario, indicó, podríamos
ser cuestionados para ingresar al organismo
internacional, lo que sería un severo fracaso
diplomático.

Fuente : ElMostrador.cl







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