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Negacion de recursos en caso de DDHH

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Puesta online a las 12:00, el 02 de Septiembre del 2009

Sr. Director de La Nación

Presente Santiago, 2 de septiembre 2009

Mi nombre es EDI RODRIGUES RIBEIRO, Rut 21396255-8. Represento a seis familias que hemos presentado acciones legales por el asesinato de nuestros familiares.

Soy la viuda de Mario César Torres Velásquez, quien fue fusilado junto a otras cinco víctimas: ellas son José Mario Cárcamo Garay

José Antonio Barría Barría

José Luis Felmer Klenner

Francisco del Carmen Avendaño Borquez

Oscar Arizmendi Medina

El 19 de octubre de 1973 junto a 5 otros compañeros, mi marido fue fusilado en las dependencias de la FACH en Chamiza, Puerto Montt. Yo después de haber estado 4 semanas detenida en dependencias del Regimiento Sangra de P.Montt logré escapar a Santiago y con ayuda de un amigo, entrar en la Embajada de Francia con mi hija de 14 meses.

Por razones que sería muy largo explicar aquí, pude volver a Chile solamente en 2004 y empecé un largo trabajo de investigación que se ha concretado en una querella contra los responsables del asesinato de mi esposo y sus 5 compañeros más. En esta querella me acompañan las otras cinco familias afectadas.

Hemos recorrido un largo camino pidiendo ayuda a diferentes organismos y mi asombro fue muy grande cuando la Asistente Social del Ministerio del Interior (Sra. Isabel Maturana) me comunicó que nosotros los familiares de los ejecutados políticos NO teníamos ayuda del dicho sector, de que NO había abogados de los DDHH para orientarnos y mucho menos para tomar nuestras causas, dicha Sra. no pudo explicarme porque lo de esa discriminación..

Volvimos a la Corporación de Asistencia Judicial y el Sr. Julio Barría, escribió una carta la Secretaria Ejecutiva del Programa de los DDHH del Ministerio del Interior Sra. Rosemarie Bornand, explicándole nuestra situación y pidiéndole alguna sugerencia. Fuimos a entregar esa carta y pedimos una cita con ella. Pero no obtuvimos la cita, nos mandó a decir que teníamos que hablar con el responsable del servicio que es el Ministro del Interior, tampoco hubo respuesta a la carta.

Creemos que nuestras víctimas a pesar de ser ejecutados políticos tienen derecho a ser tomadas a cargo por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior porque califican como desaparecidos, sus cuerpos no han sido identificados. Nos entregaron en esa época, restos en cajones cerrados sin identificar y sin ninguna pericia y actualmente hoy no se ha entregado el cuerpo de uno de nuestros familiares, José Antonio Barría Barría, quien permanece en algún lugar de Puerto Montt donde fue puesto después del fusilamiento en una fosa común. Las otras cinco familias no saben a quien tienen en sus tumbas.

Hemos pedido ayuda al FASIC ví al abogado s.f. Alberto Espinoza que muy cordialmente me explicó que ellos no tenían los medios para llevar dicha causa y que tampoco tenían abogados de los DDHH en P.Montt y me aconsejó que fuera al CODEPU donde me contacté con el s.f. Federico Aguirre que intentó durante un mes ayudarme pero sin resultados y me dirigió a la Corporación de Asistencia Judicial y hablé con el s.f. Hugo Gutiérrez que me dijo no poder ayudarme ya que el Gobierno Chileno no preveía ayuda alguna para las causas de los ejecutados políticos, menos todavía de los que estaban fuera de Santiago, que no tenían abogados de los DDHH en P.Montt..

Muy confundida, frustrada y desesperada intenté contactar abogados particulares, pero los pocos que aceptaban la causa pedían entre tres y cinco millones de pesos por familia, ninguno de nosotros estamos en condiciones de pagar tanto. Volví a la Corporación y hablé con el Sr.. Nelson Caucoto, el me confirmó lo que había dicho el Sr.. Gutiérrez, pero frente a mi desesperación consintió en ayudarme en la redacción de la querella y yo debería encontrar un abogado en P.Montt que patrocinara nuestro caso.

Un familiar de Francisco Avendaño, el Sr.. Oreste Mora que participa conmigo en esta querella, me dijo que en 1987 él y la madre de José Cárcamo pusieron una querella que fue patrocinada por el abogado Gabriel Ascencio(no hubo seguimiento de esa querella). Fui a Valparaíso hablar con el Sr. Ascencio pero el me dijo que ya no se acordaba de esa querella y que ya no ejercía como abogado, por lo tanto no podía ayudarnos.

El mismo Oreste había intentado retomar la causa en 1992 esta vez patrocinado por el abogado Francisco Urrutia que en esa época trabajaba en la Vicaría de la Solidariedad de Ancud. No sabemos porque no se consiguió ningún resultado en esa querella´.

Ayudada por la Corporación de Asistencia (Nelson Caucoto, Julio Barría y Alia Trabucco) que también contactaron al Sr. Urrutia explicándole la situación, al final el dijo que sí tomaría la causa conjuntamente con un amigo de P.Montt el Sr. Pedro Vega Guedeney.

Nos juntamos las 6 familias en P.Montt y nos presentamos al Sr Pedro Vega Guedeney (sorprendidos al constatar la ausencia del Sr Urrutia) llevábamos la querella redactada mas todo el trabajo de investigación que habíamos hecho durante los dos últimos años y una carta de presentación de la parte del Sr. Nelson Caucoto. El 28 de agosto a las 11 hs, presentamos la querella junto al abogado Pedro Vega Guedeney, el Sr. Francisco Urrutia no asistió y nunca nos contactó para nada.

La querella fue presentada en la Corte de Apelaciones de P. Montt que muy rápidamente la envío (sin que supiéramos porque) al Segundo Juzgado del Crimen de P. .Montt que cerró definitivamente sus puertas en febrero 2009. La Corporación de Asistencia Judicial de Santiago y nosotros mismos constatamos una “indefensión de facto” por parte de nuestros abogados en P. Montt y le retiramos la causa.

Actualmente nuestra querella se encuentra, literalmente, en el piso del Primer Juzgado Civil de P. Montt que además de tener mucho trabajo, no tiene la calificación requerida para llevar a cabo un juicio sobre los crímenes de DDHH. Cabe acentuar que NINGUN caso de DDHH fue resuelto en P. Montt, a pesar de la gran violencia ejercida en tiempos de Dictadura en la región.

Por lo tanto: esta carta tiene el carácter de denunciar la falta de apoyo de parte del estado y la negación de justicia a la que hemos sido sometidos, la discriminación por parte de los jueces de la Corte de Apelaciones que derivaron nuestra querella a Juzgados no calificados para darnos la justicia solicitada. La Corte Suprema ha dictado normas en cuanto a designar Jueces con dedicación exclusiva para estos casos cosa que no se ha producido por parte de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

Estoy a su disposición para una cita donde podría entregarles más datos y documentos.

Teléfono (02) 792 90 39 cel. (097) 858 76 27

Mi dirección: Friburgo 491 – La Florida

EDI RODRIGUES RIBEIRO

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