Reflexiones sobre el informe de la Comisión Verdad y reconciliación sobre los pueblos indígenas en Canadá. Por marcelo Solerv
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Puesta online a las 22:12, el 07 de Junio del 2015
Reflexiones sobre el informe de la Comisión Verdad y reconciliación sobre los pueblos indígenas en Canadá.
Por marcelo Solervicens, Montreal, 7 de junio de 2015.
El martes de esta semana la Comisión Verdad y Reconciliación de Canadá concluyó que el sistema de pensionados para niños indígenas en Canadá, que funcionó durante un siglo, desde 1870 hasta 1996, cuando se cerró el ultimo pensionado cerca de Regina en Saskatchewan - fue un instrumento central de un genocidio cultural contra las 63 naciones indígenas de Canadá.[1]
7 años después que el primer ministro de Canadá Stephen Harper pidió perdón a nombre de Canadá a los sobrevivientes de los pensionados indígenas, 6 años después de los trabajos de la Comisión de Verdad y reconciliación que escuchó 7000 testimonios de victimas. Luego que el gobierno Harper abandonara los acuerdos de Kellowna, adoptados por el gobierno Liberal de Paul Martin, en seguimiento de las recomendaciones de la Comisión real de encuesta Erasmus-Dussault en 1996, que a su vez produjo un voluminoso informe de 4300 páginas y propuso más de 400 recomendaciones. Se pensaba que todo estaba dicho sobre los maltratos de los miembros de los pueblos indígenas de Canadá. La Comisión probó que falta mucho por hacer. En efecto, se teme que las 94 recomendaciones de la Comisión presidida por Murray Synclair sean también olvidadas, porque el primer ministro Stephen Harper no acogió positivamente el informe. Tanto el NPD, como el Partido Liberal acogieron positivamente el informe.
Queremos subrayar, en primer lugar, que el informe de la comisión de verdad y reconciliación revela una situación inaceptable que obliga a reparaciones y un cambio completo de la relación con las llamadas primeras naciones. En efecto, durante el siglo que funcionaron los pensionados de niños indígenas se quitaron 150 000 niños y niñas a sus padres, para civilizarlos porque sus padres eran considerados salvajes. Se trataba de matar el indígena, obligándoles a perder la identidad indígena. El Estado entregó la gestión de los pensionados estaban en manos de religiosas y religiosos donde los niños y niñas sufrieron tratos semejantes a los de los llamados huérfanos de Dupplesis pero en una proporción enorme. La Comisión confirmó que 3 200 niños (oficialmente, pero se estima que serían hasta unos 6 000) fallecieron de enfermedades de todo tipo y por malas condiciones de vida y ni siquiera se le entregaron los cuerpos a las familias, como ocurrió con el hermano del diputado del NPD Romeo Sawanach, que falleció y sus restos nunca fueron entregados a la familia. Además, los testimonios revelan un clima de castigo, de maltratos físicos y sexuales que traumaron miles de indígenas que acarrean hasta hoy los estigmas de la humillación.
Debe subrayarse también, en segundo lugar, que la sociedad canadiense mayoritaria es colectivamente responsable de haber tolerado una situación inaceptable, de carácter racista hacia los pueblos indígenas que puede ser asimilada al Apartheid según Mary Wilson, una de los comisarios de la comisión, se enseña en Canadá sobre los derechos civiles de los negros en estados Unidos, del Apartheid en África del Sur, de los palestinos, pero no se enseña sobre cómo se trata a los indígenas en Canadá.[2] Porque no se enseña esa realidad en los currículos escolares, muchos canadienses dicen ignorar lo ocurrido.
La comisión calificó la práctica de los pensionados indígenas a una política de Estado de genocidio cultural porque responde a una serie de criterios que buscaban no el exterminio físico con genocidios como el de la Shoa contra los judíos, o el genocidio contra los Armenios por los turcos, pero si perseguían la eliminación de los elementos claves que permiten que un grupo humano pueda seguir considerándose como un grupo humano. En efecto, la comisión muestra que la política de los gobiernos canadienses buscaba la destrucción de las estructuras políticas y sociales de las naciones indígenas, la confiscación de tierras, la transferencia forzada de la población, la restricción de movimientos, la prohibición de los idiomas y de las prácticas culturales indígenas, la persecución de los líderes indígenas, la separación de las familias para impedir la transferencia de la identidad y de los valores culturales.
En tercer lugar, la Comisión tiene el valor universal de hacer avanzar el derecho humanitario internacional al introducir formalmente, que se trató de un caso de genocidio cultural, una categoría que muchos plantean que debe agregarse a las convenciones internacionales.
Ello ha generado un debate importante. El primer ministro Harper niega el genocidio cultural y plantea que se trató solamente de una práctica de asimilación forzada. Lo cierto es que lo ocurrido con los niñas indígenas no puede calificarse de otra manera. No es porque los Estados coloniales e incluso después de la colonización trataron, como en América latina de eliminar culturalmente los pueblos indígenas que se transformaron en naciones sumergidas, que debiera llamársele de otra manera que de un genocidio cultural. Un debate complejo. La Jueza jefe de la Corte suprema Beverley McLaghlin, reconoció que el termino apropiado era el de genocidio cultural, una definición también usada por el ex primer ministro Paul Martin y otros referentes de la Comisión.
Finalmente, nada indica que se seguirán las recomendaciones y se adoptará finalmente una política de reparación estructural de las naciones indígenas de Canadá. El ministro de asuntos indígenas Bernard Valcourt solo se comprometió a formar un Centro nacional de verdad y reconciliación. Es difícil que responda a la petición de una declaración real que reafirme que el Estado reconozca que las relaciones con los pueblos indígenas canadienses son relaciones de nación a nación. Las provincias pueden sin embargo agregar a los currículos la integración de la información sobre la realidad indígena, entre otras
Se agrega a otras reivindicaciones como la de que Canadá aplique la convención de la ONU de los pueblos indígenas, que se haga la comisión que investigue las muertes y desaparecimiento de más de mil mujeres indígenas exigida hasta por el relator especial de la ONU sobre los pueblos indígenas. Se agrega a que se otorguen los cinco mil millones de dólares que permiten la aplicación de los acuerdos de Kekllowna que debían permitir la autonomía de las naciones indígenas al interior de Canadá.
Los conservadores buscan, ganar tiempo, contando con la indiferencia y los prejuicios de ciudadanos hacia los indígenas canadienses, pero de una vez por todas, el tema de la suerte de las naciones indígenas debe ser parte de la campaña electoral de octubre próximo.
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[1] Ver el informe final de la comisión aquí: http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=15
[2] Escuchar el programa de Michel Lacombe en Radio Canada premiere aquí: http://ici.radio-canada.ca/emissions/faut_pas_croire_tout_ce_qu_on_dit/2014-2015/